Martín Vizcarra enfrentará el resto de su juicio bajo nuevas restricciones judiciales, pero sin prisión preventiva: los motivos de la decisión del juez

El expresidente Martín Vizcarra seguirá enfrentando en libertad su juicio por presuntos actos de corrupción cuando era gobernador de Moquegua, pero volverá a tener una serie de reglas de conducta mientras afronta el tramo final de su proceso y su próxima sentencia. El juez Víctor Alcócer, de la Corte Superior Nacional (CSN), rechazó ayer el pedido de prisión preventiva hecho por la fiscalía contra el acusado y en su lugar le impuso un régimen de comparecencia con restricciones.

Las restricciones impuestas al expresidente son por el plazo de seis meses, en el que su juicio debería culminar con una sentencia, sea de condena o de absolución. Las reglas incluyen un impedimento de salida del país, la prohibición de acudir a embajadas o comunicarse con personal vinculado a embajadas, pasar por un control biométrico y reportar sus actividades cada mes.

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Lo resuelto no era lo que buscaba el Ministerio Público, que alegó que sí había un riesgo de fuga para justiticar una prisión preventiva. Sin embargo, la decisión también implica que Martín Vizcarra no quedará sin restricciones mientras se decide su sentencia por presuntos actos de corrupción, como iba a ocurrir a partir del próximo 4 de julio. Ese día se vencía la única restricción judicial que tenía: un impedimento de salida del país, el cual ahora queda -en la práctica- prolongado hasta enero del 2027.

En su resolución, leída este viernes por la noche, el juez consideró que la fiscalía no acreditó en su requerimiento el nivel de “sospecha fuerte” respecto a los hechos atribuidos al expresidente, primer requisito para dicta una prisión preventiva. Esto debido a que se justificó ese presupuesto con la orden de enjuiciamiento del caso, el cual solo implica un nivel menor de “sospecha suficiente”.

No obstante, el magistrado también concluyó que Martín Vizcarra tiene un “arraigo parcial”, en particular a lo referido al “arraigo laboral” que buscó justificar con un contrato con una empresa familiar. A esto sumó que “la gravedad de la pena (que enfrenta en su juicio actualmente en curso por estos hechos) se ve complementado con un comportamiento procesal parcial del acusado”

“A mi criterio, esto significaría que se imponga medidas proporcionales que puedan atender al riesgo advertido que ha sido detectado”, dijo el magistrado. También consideró que su presencia en el terminal de Moquegua sin presencia de seguridad del Estado y otros elementos presentados por el Ministerio Público no fueron suficientes para justificar lo solicitado. Es decir, consideró que no hay un peligro de fuga suficiente para dictar una prisión preventiva, pero sí para que ponerle restricciones de menor gravedad.

Martín Vizcarra ya había cumplido reglas de conducta similares desde marzo de 2021, luego de que una jueza de la CSN rechazó de forma similar un primer pedido de pedido de prisión preventiva y le impuso comparecencia con restricciones. Sin embargo, estas se levantaron en diciembre del 2024, luego de que el exmandatario se acogió a una reciente ley que pone un plazo máximo de 36 meses a esa figura.

Desde entonces, quedó sujetado a su proceso por cohecho (soborno) -en el que enfrenta una posible condena de 15 años de prisión- solo por el impedimento de salida del país que vencía este 4 de julio. Al considerar que existía un riesgo de que fugue o busque asilo político antes de ser sentenciado, el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, requirió el último martes al juez que le imponga prisión preventiva hasta diciembre, plazo en el que el juicio ya debería haber concluido.

En este caso, la fiscalía acusa a Martín Vizcarra de recibir sobornos de dos empresas que se adjudicaron obras durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014). Los pagos habrían sido de 1 millón de Obrainsa por el proyecto Lomas de Ilo y 1.3 millón de ICCGSA por la ampliación del Hospital de Moquegua.

El expresidente y su defensa rechazan la acusación del Ministerio Público, que viene siendo evaluada en juicio, desde octubre del 2024, por el Cuarto Juzgado Colegiado de la CSN. La sentencia se estima para los últimos meses del año, plazo que quedaría cubierto por las restricciones impuestas por este viernes por el juez Víctor Alcocer.

Finalizada la lectura de la resolución, el fiscal Germán Juárez anunció que apelarán para que la prisión preventiva sí sea impuesta en una segunda instancia. La defensa de Martín Vizcarra hará lo propio para que se revoquen algunas de sus reglas, como la de reportar sus activades, según dijo el expresidente luego de la audiencia.

Antes de que el juez emita su decisión, el debate entre las partes en torno al pedido de prisión preventiva se agotó durante la mañana. En su réplica a los alegatos brindados en la víspera por el abogado de Martín Vizcarra, el fiscal Germán Juárez remarcó que el acusado viene viajando a zonas de frontera como parte su supuesta campaña presidencial por el partido Perú Primero, a pesar de que está inhabilitado y ni siquiera es militante de la agrupación.

“Él dice que viene haciendo actividad política y que va a candidatear. Eso lo viene usando para decir que es un perseguido político, viene politizando este caso. Por eso es relevante esta situación”, afirmó el integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público.

Por otro lado, reiteró que el día en que fue grabado en la terminal de Moquegua, al margen de que haya ido a una oficina municipal ubicada en ese lugar o no, lo que se evidencia es que estuvo sin resguardo policial. “Y por más que lo pueda tener, esto no puede neutralizar una fuga”, agregó.

“El Ministerio Púbico tiene una responsabilidad de cautelar el proceso, neutralizar un peligro de fuga (…) La preocupación del Ministerio Público es que haya una fuga de este acusado ante la eventualidad de una sentencia condenatoria. Lo que se quiere es cautelar su presencia en el proceso y que si hay una sentencia condenatoria, esta se cumpla”, aseveró.

Pero lo más llamativo de la intervención del fiscal fue cuando advirtió que el contrato de locación se servicios presentado por Martín Vizcarra para tratar demostrar que tiene trabajo (arraigo laboral) es con una empresa que tiene a su esposa, Maribel Díaz Cabello, como gerente general: Urbaniza 3D SAC. Además, remarcó que su firma fue legalizada solo dos días antes y que su representante legal es una extrabajadora del estudio del abogado del expresidente. “Esto ya parece una burla”, afirmó.

Más adelante, ante una “pregunta aclaratoria” del juez, el defensor de Martín Vizcarra admitió que lo dicho por el fiscal era correcto, pero defendió que las empresas familiares con comunes en el Perú. Ante más pedidos de aclaración del juez y tras consultar al propio Martín Vizcarra, el abogado añadió que entre las accionistas de la empresa están Díaz Cabello y dos de las hijas del exmandatario, y que su primer pago por este contrato recién será recibido en julio.

A su turno, el abogado del expresidente sostuvo que la fiscalía no puede pedir una prisión preventiva solo porque el próximo 4 de julio se vence el impedimento de salida del país de su defendido y el juicio aún no termina, ya que las demoras del sistema judicial no pueden perjudicarlo. Además, reiteró que solo fue al terminal de Moquegua aquel 22 de mayo para hacer una gestión ante una oficina municipal vinculada a su labor en Urbaniza 3D y que seguridad sí estaba afuera del lugar.

El debate entre la fiscalía y la defensa terminó pasado al mediodía. A esa hora, el juez anunció que iba a suspender la sesión hasta las 3:00 p.m. para escuchar a esa hora la “defensa material” de Martín Vizcarra, su última palabra antes de conocer la decisión. Para ello, volvió a citar al proceso y al resto de partes de forma presencial.

Recién a las 3:15 p.m, la audiencia se reanudó con la palabra de Martín Vizcarra. Ante el juez, el expresidente ratificó que se siente como un “perseguido político”, pero dijo que esto no es por este proceso penal por las presuntas coimas cuando era gobernador, sino por las tres inhabilitaciones que le impuso el Congreso y por la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de desafilarlo de Perú Primero.

“Si un ciudadano es vacado, es inhabilitado tres veces y luego es retirado del partido que este ciudadano fundó y formó, ¿cómo no voy a sentir esta persecución política? Y tengo todo el derecho, usando el ordenamiento legal de nuestro país, de recurrir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para pedir que reviertan mi inhabilitación; pero eso no tiene nada que ver con el proceso penal que se está siguiendo en el Poder Judicial”, afirmó.

En línea con lo dicho por su abogado, defendió que su trabajo sea en una empresa familiar -en el que su esposa es la gerente general-, alegando que no puede trabajar en el Estado por su inhabilitación y muchas empresas privadas no lo quieren contratar por ser un “personaje político”. “El 80% de empresas en este país son familiares”, afirmó.

También rechazó que su presencia en el terminal de Moquegua haya tenido que ver con un intento de fuga, sino que acudió a una oficina ubicada en el segundo piso. “En cumplimiento de mi labor, estuve en las oficinas de la Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial (de la Municipalidad de Mariscal Nieto)”, aseveró.

“¿Alguien, con dos dedos de frente, fugaría en un bus interprovincial con 50 pasajeros? En el supuesto negado de que me quiero fugar, ¿me voy al terminal, me subo al bus y digo que me lleven a Puno? En el terminal terrestre de Moquegua no hay viajes internacionales. Uno puede tomar un bus a Tacna, al este, a Puno, o al norte, Arequipa y Lima”, dijo.

Añadió que desde que no tiene restricciones, ha estado en zonas de frontera en Loreto, Puno, Tumbes y Tacna, y que nunca pensó en cruzar la frontera “porque no voy a salir del país”. “Uno fuga por la frontera, no fuga por terminales”, agregó. También dijo que tiene “arraigo laboral” por su relación Perú Primero, del que dijo recibir una remuneración mensual por sus viajes proselitistas “por todo el país”.

Luego, negó tener una amistad con el actual presidente de Bolivia, Luis Arce y que solo lo conoció cuando era ministro de Economía de ese país y viajó en una avioneta hacia Ilo, en Moquegua. Se trata del vuelo pagado por Obrainsa que, para el Ministerio Público, fue parte del soborno de esa empresa al entonces gobernador moqueguano. “Estuvo 30 o 40 minutos y regresó. Desde ahí, nunca lo he visto ni he hablado con él. ¿Qué amistad es esa? ¿Qué relación es esa? No tengo vínculo con nadie en los países”.

En otro momento, Martín Vizcarra atribuyó el pedido en su contra al “trauma Nadine (Heredia)”, en relación a la fuga de la ex primera dama a Brasil como asilada política al momento de conocer su condena por lavado de dinero dentro del caso Lava Jato. El fiscal de ese caso, Germán Juárez, es el mismo que acusa al expresidente por los presuntos sobornos de constructoras.

“Como Nadine ha pedido asilo, entonces dicen ‘vamos a meter preso a Vizcarra’. ¿Yo qué culpa tengo de lo que haya hecho Nadine en otro proceso? (…) ¿Por qué tengo que tener una medida restrictiva de libertad por otros responsables?”, añadió. En cuanto a supuestos contactos en México, dijo que solo tuvo cita virtual con el presidente de la CIDH en relación a la medida cautelar que ha presentado para revertir sus inhabilitaciones.

Finalmente, el expresidente se dirigió al juez para pedirle que rechace el pedido de la fiscalía. “Voy a estar aquí (ante el juzgado) las veces que usted quiera. Tenga la seguridad de que voy a dar siempre la cara a toda investigación que me hagan (…) Huir sería traicionar. Yo no traiciono a la gente, me voy a quedar aquí en el Perú a asumir las consecuencias que sean necesarias, pero aquí estará siempre”.

Concluida la intervención de Martín Vizcarra, el juez Víctor Alcocer indicó que requería tiempo para “verificar información y emitir la resolución”. Para ello, convocó a todas las partes para la lectura de su fallo a las 6:30 p.m., en la misma sede de la Corte Superior Nacional y nuevamente de forma presencial. El expresidente salió al poco rato de la sala de audiencias. Solo alcanzó a comentar a la prensa en el lugar que ya había dicho “todo lo que tenía que decir”. Cuando volvió por la tarde para la lectura de la resolución, se mostró confiado en asegura que no le iban a dictar la prisión preventiva.