Operación “Valkiria XI”: Poder Judicial confirma detención preliminar contra cuatro investigados y libera a dos

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la detención preliminar por 15 días dictada contra cuatro investigados intervenidos durante la Operación “Valkiria XI” y ordenó la excarcelación de otros dos, en el marco de la intervención contra personas vinculadas al círculo de confianza de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, el pasado 23 de abril.

De este modo, José Luis Castillo Alva, Miguel Girao Isidro, Jorge Luis Palomino Quesada y Jorge Jonathan Rodríguez Menacho permanecerán detenidos hasta que culminen las diligencias preliminares en ese plazo.

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Asimismo, dicha sala aprobó revocar la medida restrictiva contra los investigados Mirtha Cristina Gonzales Yep y Abel Hurtado Espinoza, para quienes se dispuso la inmediata excarcelación.

No obstante, ambos deberán mantenerse a disposición del Ministerio Público cuando sean requeridos y evitar cualquier implicancia que obstruya la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

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En el caso de Gonzales Yep, el tribunal señaló que ha presentado documentación que “acredita sus deberes como hija” al cuidar a una madre con Alzheimer y a un hermano con enfermedad mental.

Respecto a Hurtado Espinoza, la sala refirió que se ha acreditado su arraigo con los dos allanamientos en su contra y ha mostrado predisposición a coadyuvar al esclarecimiento de los hechos.

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Cabe indicar que la sala consideró “prudente y pertinente” mantenerlos privados de su libertad hasta que concluya el plazo de la investigación preliminar. Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros.

Según el Ministerio Público, la presunta organización criminal, liderada por Patricia Benavides, habría instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para intereses particulares y generar ganancias ilícitas producto de actividades corruptivas.

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La red logró su consolidación, desplegando acciones para evitar ser procesada y sancionada, y así sostenerse en el máximo cargo de la titularidad de la acción penal, haciendo que sus ex asesores influyan ilícitamente en las decisiones de congresistas para que procuren promover la destitución de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación.

Según la tesis fiscal, dicha organización también habría influido en la designación del defensor del Pueblo y habrían buscado la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para impedir su destitución.

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En la operación participaron 23 fiscales con apoyo de más de 100 policías, y se allanaron unas 21 viviendas en los distritos de San Miguel, Miraflores, Lince, Santiago de Surco, Barranco, San Juan de Lurigancho, así como Cercado de Lima.