La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial la detención preliminar por 15 días del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, investigado como parte de una presunta organización criminal que sería encabezada por el presidente Pedro Castillo.
El magistrado Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, evaluó el requerimiento fiscal y dictó la orden de detención de forma reservada el último sábado.
Aprobado el pedido fiscal y dada la orden judicial, la policía debía detener a Silva. Sin embargo, esto no ha ocurrido debido a que se desconoce su paradero.
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El Comercio supo que la policía tenía ubicado a Silva en los días previos al requerimiento fiscal, a través de acciones de inteligencia. En las últimas dos semanas, al exministro se lo vio públicamente en su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso (25 de mayo) y en una entrevista presencial en radio Exitosa (1 de junio).
No obstante, después de que el Poder Judicial dictó la detención preliminar, el reporte de la policía fue distinto: se desconocía el paradero de Juan Silva.
En un comunicado, la Fiscalía de la Nación informó que se dispuso que la policía ejecute la medida de videovigilancia contra Silva desde el 27 de mayo pasado, y añadió que ha solicitado un informe a la policía para determinar si se cumplió con ello.
Cabe recordar que el exministro fue citado el lunes para que rinda su declaración, pero no se presentó ante la fiscalía.
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El abogado del investigado, Alfredo Yalán, afirmó que esto se debió a que su patrocinado no fue adecuadamente notificado y que la diligencia fiscal se había reprogramado para mañana.
Yalán no contestó a las llamadas ni mensajes de este Diario. No obstante, dijo a RPP que su defendido está “a buen recaudo” y que “está en el Perú, no se ha fugado”.
Además, refirió que tenía planeado asistir a la citación de mañana y atribuyó la orden de detención a una supuesta motivación política.
Silva es investigado como parte de una presunta mafia dentro del Ejecutivo que –según la hipótesis fiscal– buscaba favorecer a empresas para la adjudicación de obras públicas, a cambio de recibir beneficios económicos o de otro tipo.
El juez Checkley dictó el sábado 36 meses de impedimento de salida del país para Silva, también a solicitud del despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. En esa resolución, el magistrado detalló que la fiscalía imputa a Silva que “en contubernio con otro alto funcionario público, habría tenido en su poder el rol de nombrar servidores que se encuentren acorde a sus intereses, para que así interfieran a favor de la mencionada organización”.
El presidente Castillo fue incluido hace unos días en esa misma indagación como presunto cabecilla de esa supuesta red delictiva.
En ese mismo documento, el juez advirtió que Silva no tiene arraigo domiciliario concreto ni arraigo laboral, que no tendría familiares que dependan directamente de él y que por el tiempo que estuvo como ministro ha podido tener ingresos “que eventualmente utilizaría para eludir la acción de la justicia”.
“En consecuencia, a pesar de que su defensa manifestó su voluntad de someterse a la persecución penal y allanarse a la medida [de impedimento de salida], [...] se concluye que existe riesgo razonable de que pueda salir del país en cualquier momento y se sustraiga de la persecución penal”, señaló Checkley.
Conocida la medida contra Silva y la imposibilidad –hasta el momento– de que se ejecute, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, aseveró que ha dado “claras instrucciones a la Comandancia General de la Policía de redoblar los esfuerzos para lograr la captura de todos aquellos requisitoriados por la justicia, sin importar quiénes sean”.
Sin embargo, al ser luego consultado sobre el tema en Canal N, respondió: “No soy el que va a permanecer en la puerta de un domicilio esperando si sale o no sale una persona. Tengo que dar las directivas”.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, comentó: “Si no aparece en las próximas horas tras haberse dispuesto su detención preliminar, queda evidenciado que la PNP no tomó precauciones para evitar su fuga y, por tanto, estaría siendo protegido al más alto nivel, como Fray Vásquez y Bruno Pacheco”.
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