La defensa de Pedro Castillo insiste en su intento de separar al juez que está a cargo del proceso judicial en su contra por su fallido golpe de Estado. Uno de los abogados del expresidente, Walter Ayala, presentó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) una solicitud para que el juez Juan Carlos Checkley sea suspendido de su cargo.
Según especialistas consultados por El Comercio, el recurso representa un intento para dilatar el proceso judicial de Pedro Castillo por su golpe, que está en la fase de control de acusación, la etapa previa al juicio.
LEE TAMBIÉN | Juez ordena devolver acusación contra Castillo por golpe de Estado: ¿Qué cuestionamientos desestimó y cuáles aceptó?
La diferencia es que esta vez se recurre ante la JNJ, cuando previamente se intentó separar al juez a través del mismo Poder Judicial. Por su parte, la defensa de Pedro Castillo sostiene que no hay garantías de que el magistrado sea imparcial por estar bajo investigación de la misma fiscalía y de la junta.
El Comercio
Pedro Castillo enfrenta actualmente una acusación penal por los hechos del 7 de diciembre del 2022. La fiscalía pide 34 años de prisión como condena por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Pero para que el caso llegue a juicio y a una eventual sentencia, primero debe pasar por el control de acusación.
Checkley es el encargado de dirigir esa etapa, en la que se definirá si la acusación cumple todos los requisitos de forma y fondo para avanzar a juicio. El control inició el pasado 9 de mayo y se han realizado en total seis audiencias. La próxima será el martes 25 de junio, fecha para que la fiscalía debe haber presentado unas correcciones de forma a la acusación ordenada por el magistrado, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.
Los intentos previos de la defensa de Pedro Castillo para apartar al juez Checkley habían sido a través de recursos de recusación, que han sido rechazados por el mismo magistrado y también serán evaluados por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que actúa como segunda instancia. La recusación más reciente fue rechazada el pasado 27 de mayo.
Recusación contra el juez Checkley rechazada a fines de mayo
La solicitud
El argumento contra Checkley sigue siendo el mismo: que el juez ha sido involucrado por Jaime Villanueva, exasesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, en sus supuestos intentos para que el caso de su hermana, Enma Benavides, sea archivado. Para la defensa del expresidente, a pesar de que ambos casos no están relacionados, ello afecta su imparcialidad en el caso de Pedro Castillo.
Checkley ya es investigado por esa imputación, tanto por la fiscalía como por la JNJ. A nivel del Ministerio Público, el caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, la misma que tiene el caso por el golpe de Estado. Sin embargo, esta fiscalía no ha pedido que Checkley se aparte de ese caso, como sí hace la defensa de Pedro Castillo.
Los cuestionamientos al juez Checkley parten de declaraciones hechas por Jaime Villanueva, exasesorde Patricia Benavides
Ante los fallidos intentos ante el Poder Judicial, la defensa de Pedro Castillo ha recurrido ahora a la otra instancia, la JNJ, para sacar al juez Checkley del caso. Lo han hecho a través de un escrito presentado por Walter Ayala, uno de los abogados del expresidente, para que la junta suspenda de sus funciones al magistrado mientras lleva a adelante la investigación en su contra.
“Checkley es un peligro en la administración de justicia actualmente”, dijo Walter Ayala a El Comercio. “Al tener cuestionamientos en su idoneidad por vínculos delictivos con Patricia Benavides su imparcialidad ha quedado en duda. [Como] Mínimo, por decoro, debió abstenerse”.
En su escrito ante la JNJ, al que accedió este Diario, la defensa de Pedro Castillo denuncia a Juan Carlos Checkley por los hechos vinculados al caso de Patricia y Enma Benavides y por “no haberse inhibido” en el proceso del golpe de Estado “a pesar de habérsele solicitado en reiteradas oportunidades, por la existencia de dudas fundadas porque el juez quejado se encuentra vinculado a una presunta organización criminal que ha actuado de manera ilícita contra el presidente Pedro Castillo”.
El Comercio
Los hechos vinculados a las hermanas Benavides ya son parte de una investigación preliminar en la JNJ y en el Ministerio Público. En tanto, la supuesta obligación de inhibirse del caso de Pedro Castillo fue rechazada en el mismo control de acusación por parte del juez Checkley. Por eso es que ahora recurren al mismo pleno de la junta.
Adicionalmente, le piden a la JNJ aplicar “la medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo” del juez Checkley, remarcando que está siendo investigado por la fiscalía. “La presente petición se basa en mantener incólume la majestad de la administración de justicia en los procesos que viene llevando esta persona en el Juzgado de Investigación Preparatoria”.
Los fundamentos de la denuncia son esos: la investigación preliminar por el delito de cohecho que le inició la fiscal suprema Delia Espinoza y la indagación preliminar de la JNJ. Ambas se desprenden de la declaración de Jaime Villanueva, según la cual Patricia Benavides acordó con el juez que archive el proceso judicial de su hermana por presuntos sobornos, así como la dilación del pedido presentado por la fiscalía con ese propósito.
Tanto Checkley como Benavides niegan ese señalamiento. No obstante, la ex fiscal de la Nación fue destituida por la JNJ en mayo pasado tras ser hallada responsable de intentar favorecer a su hermana desde el Ministerio Público. La decisión es objeto actualmente de un pedido de reconsideración, pero Benavides ya está fuera de la fiscalía.
Los cuestionamientos a Checkley también se relacionan al manejo del caso de la jueza Enma Benavides, también destituida por la JNJ
Maniobra dilatoria
En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Carlos Caro opinó que el recurso de Pedro Castillo no debería proceder y que se trata de una evidente maniobra para dilatar su proceso judicial e incluso un acto de obstrucción.
“Castillo es un imputado, un acusado, una parte interesada. Desde el punto de vista legal, promover procesos, denuncias o quejas contra los investigadores cuando las indagaciones están en curso, especialmente en una etapa avanzada, es por el contrario, actos de obstrucción a la justicia”.
Caro indicó que este tipo de denuncias “lo único que pretenden es dilatar el proceso” y que “la estrategia de defensa del señor Castillo es tratar de dilatar para que llegue el día que venza su prisión preventiva y quede libre”.
Actualmente, el expresidente cumple una orden de prisión preventiva por este caso, la cual fue recientemente ampliada hasta agosto del 2025. Además, tiene una segunda orden de prisión preventiva por su caso de organización criminal, que está vigente hasta marzo del 2026. Ambas medidas fueron dictadas por el juez Juan Carlos Checkley.
El recurso fue presentado por Walter Ayala, exministro y uno de los abogados de Pedro Castillo.
“Cuando los abogados encuentran que el caso es difícil y no lo van a ganar por el fondo, buscan que su cliente salga libre [de la prisión preventiva] [...] Más allá de si Castillo es culpable o inocente, para un abogado ya sería un éxito que salga libre aunque siga procesado y acusado. Son maniobras dilatorias para llegar al mes que le toca salir y luego vaya a juicio. Así da la imagen de ser menos culpable. Esta maniobra dilatoria va en esa línea”.
Por otro lado, el penalista señaló que no procedería una suspensión de Checkley por el caso de la ex fiscal de la Nación, el cual no tiene que ver con el del golpe de Estado. “No existe ninguna conexión entre lo que está juzgando el juez y la [presunta] intervención de Benavides, que no es parte del proceso, no es fiscal en el caso”.
Checkley es investigado junto a la ex fiscal de la Nación por la fiscal suprema Delia Espinoza en ese caso, por lo que el juez sí se inhibió de seguir atendiendo ese caso. Esto ocurrió en mayo, luego de su inclusión en las pesquisas.
La abogada penalista Sophia Icaza, del Estuadio Linares, coincidió en que el recurso representa una maniobra para dilatar el proceso de Pedro Castillo por el golpe de Estado.
Mientras esta denuncia se procesa en la JNJ, el juez Checkley continuará el próximo 26 de junio con el control de acusación
Icaza recordó que si bien existe la figura de la recusación contra un juez, esta ya fue “rechazada por improcedente, al ser planteada de manera extemporánea”. Esto dentro del mismo proceso judicial por el golpe de Estado.
Ante esto, consideró que la defensa de Pedro Castillo “pretende una maniobra para dilatar la etapa de control de requerimiento acusatorio a cargo del juez Checkley. Él ya inició dicha etapa y a la fecha ha devuelto la acusación para subsanar observaciones formales. Luego de ello la audiencia de control continuará el próximo 26 de junio”.
El retorno de la acusación a la fiscalía fue ordenada el último lunes por el juez Checkley, con el objetivo que se corrijan algunos errores de forma. El Ministerio Público tiene plazo hasta este viernes para presentar sus correcciones.
El magistrado desestimó más de una decena de observaciones que habían hecho las defensas de Pedro Castillo y otros acusados por este caso, entre los que están los exministros Aníbal Torres y Betssy Chavéz. En cambio, sí accedió a otras e hizo algunas por cuenta propia tras haber revisado el la acusación.
Una devolución de este tipo es regular dentro de este tipo de casos complejos y no significa que la acusación se haya caído o esté en riesgo. Más bien, ese es parte del propósito de un control de acusación: corregir posibles errores formales para que un futuro juicio oral pueda realizarse de forma más rápida.
En cuanto a la posibilidad de que la solicitud de Pedro Castillo contra el juez Checkley tenga éxito, Icaza opinó que “dada la coyuntura actual de la JNJ, así como la naturaleza del cuestionamiento planteado por la defensa, es poco probable que ello será amparado”.
Para la abogada, en el caso improbable que el pedido de Pedro Castillo contra el juez tuviese éxito, ello llevaría a que se designe un nuevo juez para el caso. “Por un tema de inmediación y dado que producto de este control se podrían emitir resoluciones de fondo, sería necesario retrotraer todo al inicio de la misma”, consideró.
Por su parte, Carlos Caro opinó que no sería necesario retroceder el control de acusación, sino que el nuevo juez lo asumiría hasta el punto avanzado. Pese a ello, consideró que de todas formas representaría una demora para un proceso judicial que lleva más de un año y medio sin llegar a una sentencia que establezca las responsabilidades penales sobre los hechos del 7 de diciembre del 2022.
