La casa del jirón Sarratea, en Breña, utilizada por el expresidente Pedro Castillo para presuntamente planificar diversos actos de corrupción, fue entregada en custodia a la Policía Nacional del Perú (PNP). Así lo confirmó el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, el último jueves.
El inmueble fue incautado en enero del 2023 por orden del juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, por el Caso “Gabinete en la sombra”. En ese momento quedó en manos del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Según fuentes del Ejecutivo, tras la desposesión se consideró entregarlo en uso al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), la procuraduría anticorrupción o convertirlo en sede de un juzgado de paz. El objetivo siempre fue que se emplee para un fin contrario al uso que le dieron Castillo y sus allegados.
Utilidad
El general Zanabria precisó a RPP que en la casa se han ubicado subunidades de análisis de inteligencia. “Esperemos que se mantenga la adjudicación hacia la policía y se pueda utilizar, de repente, en otra unidades de seguridad ciudadana”, añadió.
El jefe de la Policía Nacional aseguró que se implementarán sistema de comunicación y otros equipos en el inmueble. “Lo tenemos en custodia y esto facilita poder utilizarla con unidades orgánicas de la policía, asignando personal para que pueda emplear las instalaciones”, señaló.
El dueño de la casa del jirón Sarratea es el empresario Alejandro Sánchez Sánchez, amigo y financista de Castillo.
Sánchez se encuentra bajo prisión preventiva desde junio pasado, cuando fue deportado de Estados Unidos. La fiscalía lo investiga por presuntamente haber integrado una organización criminal liderada por Castillo.
Según información en manos de la fiscalía, Sánchez habría aportado más de medio millón de soles para la campaña de Castillo en las elecciones del 2021, que no fueron declarados ni bancarizados. También habría cubierto gastos de Castillo y sus familiares en Lima. A ellos los habría acogido en el inmueble de Sarratea. Ese apoyo presuntamente le otorgó poder para nombrar cargos importantes con el objetivo de orientar licitaciones públicas que le permitiesen recuperar su inversión con creces.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el inmueble de Sánchez fue utilizado como centro de operaciones criminales. En ese lugar se decidió presuntamente la designación de ministros y funcionarios de alta dirección; es decir, se empleó como un instrumento del delito.
Castillo despachó en la vivienda de Sarratea antes y después de jurar como presidente, en julio del 2021. Allí recibió a empresarios, políticos, lobistas y otros personajes cuyas visitas no fueron registradas como lo exige la ley. Hasta hoy se desconoce cuántas reuniones sostuvo el exmandatario en ese inmueble.
Sánchez aseguró en el 2022 que uno de los cinco pisos de la casa fue cedido a Castillo. El exmandatario contaba con una oficina y acceso a otros ambientes, como a una cochera y a una cocina. La casa era habitada por Sánchez, su madre, su hermana y un sobrino.
Hay fotografías y videos de visitas a ese inmueble de la actual presidenta Dina Boluarte, el exprimer ministro Aníbal Torres, la exprimera ministra y excongresista Betssy Chávez (hoy en prisión preventiva por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022), el expresidente boliviano Evo Morales, la lobista Karelim López y otros.
Visita a la casa de Sarratea de la presidenta Dina Boluarte, entonces virtual vicepresidenta de la República, el 12 de julio del 2021.
/ EDUARDO CAVEROEl exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado destacó que la casa de Sarratea “simbolizó la mayor expresión de la traición de Castillo a la lucha contra la corrupción”.
El exmandatario se presentó en la campaña electoral del 2021 como un maestro rural que iba a luchar contra la corrupción, pero desde Sarratea habría buscado capturar el Estado. “Ahora hay suficiente evidencia para señalar que Castillo se valió de la confianza y de la esperanza depositada en él por el pueblo peruano. Utilizó los símbolos del pueblo para también traicionarlo en su mezquino provecho e interés personal”, añadió Maldonado en diálogo con El Comercio.
Uso provisional
El abogado penalista Andy Carrión precisó que el uso del inmueble será provisional hasta una eventual sentencia condenatoria contra Sánchez o hasta que el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio pueda expropiarlo.
“Esta medida certifica que, en ocasiones, aquellos objetos que han servido no solo como medios para cometer delitos, sino también para encubrirlos o ampararlos pueden ser utilizados para fines totalmente idóneos al ser incautados y pasar temporal o provisionalmente a administración del Estado”, agregó en diálogo con El Comercio.
El especialista en derecho penal consideró que la decisión de dejar la casa en custodia de la PNP es acertada. “El mensaje es clarísimo al pasar a ser administrada por una entidad que se encarga de luchar contra el crimen”, dijo.
Sánchez es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Habría integrado el “buró político” del expresidente e intercedido para lograr el direccionamiento de 34 obras públicas.
El general PNP en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, destacó que el inmueble está ubicado cerca de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). “Está bien que se tome ese local disponible para tener personal especializado”, añadió.
No obstante, consideró que la distribución del ambiente de la casa de Sarratea, “según lo que todos hemos visto, no permitirá albergar demasiado personal”.
“No sirve para una unidad de envergadura, pero es bueno utilizarla porque no se tienen locales. [...] Para mí, se debería tener una unidad de inteligencia - vale decir captación de información, análisis y producción de inteligencia - pero exclusivamente una división especializada, como secuestro, homicidio o extorsiones”, dijo a El Comercio.
