La Fiscalía de la Nación ha incluido a un general y a otros dos oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en su investigación en torno al golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022. Todos ellos son procesados por este caso junto al expresidente Pedro Castillo y sus exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres, Roberto Sánchez y Willy Huerta, este último extitular del sector Interior.
Mediante una disposición del 10 de agosto, la fiscalía amplió la indagación preparatoria del caso para incluir como investigados al general PNP Manuel Lozada Morales, al comandante Justo Jesús Venero Mellado y al teniente Eder Antonio Infanzón Chávez. Esto fue comunicado también al Poder Judicial. A los tres se les imputa ser presuntos coautores del delito de rebelión y al primero también se les atribuye la coautoría de conspiración. Lozada y Venero, en diálogo con El Comercio, han rechazado su inclusión en el proceso.
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Esta ampliación fue uno de los argumentos con los que la fiscalía solicitó la prórroga hasta abril del 2024 del plazo de esta indagación, ya que se requiere tomar las declaraciones de los tres oficiales como investigados y realizarse otras diligencias. El Poder Judicial aprobó esa solicitud a inicios de mes. Con ello, hay una nueva fecha límite para que, respecto a cada uno de los ahora ocho investigados, se decida si se acusa o si archiva la investigación.
Antes de disponer su inclusión como investigados, los tres oficiales de la PNP fueron vinculados por distintos testimonios con la orden policial de impedir el acceso de congresistas al Palacio Legislativo luego del mensaje golpista de Pedro Castillo. Esta es una de las líneas de investigación de la fiscalía en torno a lo ocurrido el 7 de diciembre.
Lozada Morales es hoy director de la Dirección de Turismo de la PNP, pero al momento del golpe de Estado era jefe de la Región Policial Lima. Cuando todavía era solo testigo del caso, la fiscalía lo incluyó en la lista de personas para las que pidió levantar su secreto de comunicaciones, solicitud que fue aprobada por el Poder Judicial a mediados de julio.
Por su parte, Justo Venero Mellado era jefe de la Unidad de Policía Canina de la Unidad de Servicios Especiales (USE), mientras que Eder Antonio Infanzón Chávez era oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales. A este último también se le incluyó en el levantamiento del secreto de comunicaciones.
Según consta en documentos judiciales ligados al caso, el exministro Willy Huerta ha declarado que luego del golpe anunciado por Pedro Castillo, este le pidió “reforzar” la casa de sus padres, de Aníbal Torres y de Betssy Chávez. Por ello, llamó al general Lozada y le dijo que “por disposición del presidente” debía cumplir con esa indicación.
“El General Lozada me responde que no conocía donde vivía la expremier Betssy Betsabet Chávez Chino a lo que mi persona con teléfono en mano sin perder comunicación me acerco donde la doctora Betssy Betsabet Chávez Chino (…) a lo que me respondió que se encontraba ubicado en (…) el distrito de Breña, dirección que proporcione al General Lozada”, declaró el exministro.
Pedro Castillo hoy cumple prisión preventiva mientras es investigado por el golpe de estado.
El entonces jefe de la PNP, Jorge Angulo Tejada, declaró a la fiscalía que el general Lozada lo llamó en la mañana del 7 de diciembre para indicarle que el ministro Willy Huerta “había dispuesto que de orden del señor presidente de la República, se retiren las rejas de la Plaza de Armas para que sus simpatizantes que se encontraban en la Avenida Abancay puedan ingresar”. Lozada también declaró que llamó a Angulo Tejada para informarle que el ministro le “consultó si era posible abrir las rejas para que ingresen los manifestantes a favor del Gobierno a la Plaza de Armas”, pero niega haber accedido al pedido.
En tanto, el hoy investigado Infanzón Chávez declaró de que dos minutos después del mensaje a la Nación, recibió por la Central del Radio de la USE la disposición de que “nadie ingresa, nadie sale, orden de Romero 39″. Según dijo, ese código correspondía al general Lozada como jefe de la Región Policial Lima, y la orden era de “no dejar ingresar a nadie al Congreso de la República, incluso a los congresistas”.
Infanzón relató que luego de recibir esa orden, llamó al comandante Venero, quien le “ratificó la orden del Gral. Lozada Morales”. “Sin embargo, cerca de las 13:00 horas de la fecha, el comandante ‘Venero’ lo llamó y le manifestó que ya el comandante general de la Policía estaba apoyando a los congresistas; por lo tanto, se le tenían que dar las facilidades para el ingreso”, añadió.
Otro oficial de la PNP, Edwar Iván Roldán Michue, declaró en junio pasado que “el comandante Justo Venero Mellado dio la orden de no permitir ingresar ni salir a nadie al Congreso de la República […] La orden del comandante Jesús Venero Mellado fue después del mensaje a la nación”.
Willy Huerta, ministro del Interior, al momento del golpe, también es investigado. (Foto: @sac_congreso / Twitter)
La fiscalía también recabó el testimonio de José Malca Calderón, jefe del Departamento de Seguridad del Congreso. Este declaró que “a las 11 aproximadamente me llama mi entonces jefe… el Crnl. PNP Gutiérrez Tuesta y me dice que no dejaban ingresar a la congresista Patricia Juárez a la altura de los jirones Azángaro con Ucayali” y que “la congresista [Adriana] Tudela estaba a la altura de Abancay con Huallaga y no la dejaban ingresar al Congreso, en razón que había una reja que le impedía el paso”
“Vimos que efectivamente había una reja policial cerrando el paso, encontrando que el efectivo policial que se encontraba a cargo de ese grupo de policías era el teniente de la USE -Lima Este, Infanzón Gómez, a quien le dije que deje ingresar a la congresista y este me respondió que no podía porque había recibido la orden del jefe de Región Policial de Lima, que nadie ingrese”.
En esa línea, Cinthya Vanesa Chicoma Castro, encargada del Departamento de Seguridad de Congresistas, declaró que “el comandante Malca Calderón recibió una llamada vía celular, no recuerdo de quien, y en la que se le comunicó que se le estaba impidiendo el ingreso a la Congresista Tudela”.
“Cuando llegamos, vimos varios efectivos policiales y a la congresista Tudela que estaba detrás de las rejas ubicadas en Jr. Ayacucho con Jr. Huallaga… el teniente Infanzón le dijo: “Es la orden del jefe de Región, que nadie ingrese al Congreso”, manifestó.
La investigación por el caso del golpe de estado fue iniciada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides(foto: Andina)
La propia Tudela declaró como testigo que, aquel día, “entrando por el Jirón Ayacucho y Huallaga, ahí me encuentro con una reja y dos filas de policías que no me permitieron ingresar a las instalaciones del Congreso”; mientras que la legisladora Vivian Olivos ha manifestado que “uno de los policías que estaba en esa reja me dijo que no podía ingresar al Congreso”. Para la fiscalía, todo esto sustenta que sí se impidió el ingreso de los legisladores al Congreso.
El Poder Judicial ha prorrogado hasta abril del 2024 el plazo para que la fiscalía culmine su investigación preparatoria del caso. Culminadas las pesquisas, el Ministerio Público deberá decidir si acusan o piden que se archive el proceso contra cada investigado, desde Pedro Castillo y sus exministros hasta los tres oficiales de la PNP.
Niegan vínculo con el golpe
En diálogo con El Comercio, el general Lozada rechazó su inclusión en la investigación de la fiscalía y aseguró que nunca ordenó que se impida el acceso de los legisladores al Congreso. En tanto, su defensa legal refirió que la imputación de la fiscalía consiste en que él le habría “negado el acceso a los señores congresistas” y que habría “cumplido esas órdenes [del presidente y del ministro] para poder cerrar el Congreso, lo cual es totalmente falso”.
“Es una inclusión en esta carpeta fiscal que yo no merezco. Es falso lo que me están atribuyendo. Yo en ningún momento he impedido el ingreso de los congresistas, ni de sus asesores, ni de nadie al Congreso. El Congreso sesionó normalmente. Lo que yo dispuse es que se den todas las facilidades para que ingresen los señores congresistas y asesores, con especial cuidado de que no vayan a ser agredidos físicamente”, declaró el general.
El general PNP Manuel Lozada era director de la Región Policial Lima al momento del golpe de estado.
Lozada también rechazó haber recibido alguna orden directa de Pedro Castillo o de Willy Huerta con ese objetivo. “Lo único que sí me solicitó [el ministro] es que abra las rejas de Palacio de Gobierno, las rejas que son el anillo de seguridad, y yo le dije que no, que no iba a hacer. Y cumplí: no abría la reja y nadie ingresó ese día a la Plaza de Armas ni a inmediaciones de Palacio de Gobierno”.
El abogado del general Lozada, Roy Remer Ramírez, indicó que pedirán que se incluyen en la carpeta fiscal las grabaciones de las órdenes dadas por radio a la USE, entre otras pruebas para descartar la imputación que involucra al general. Lozada agregó que otros oficiales de la PNP que trabajaron ese día también pueden corroborar su versión y que el propio comandante Venero ha desmentido la declaración del teniente Infanzón sobre una orden para no permitir el ingreso de congresistas
“Las comunicaciones que tiene mi patrocinado son vía radio de la institución y eso está grabado. En el audio no existe en ningún momento ninguna orden que diga que se cierre el Congreso o se limite el acceso a los congresistas”, aseguró el abogado. “Es totalmente falso [lo que señala Infanzón] […] Su jefe inmediato, el comandante Venero, declara lo contrario. Por esa declaración se le estaría implicando a mi patrocinado”.
Los audios a los que hace referencia la defensa de Ramírez fueron compartidos a este Diario. En uno de ellos se escucha a Lozada decir: “Atento a todas las unidades. No hay ninguna restricción para congresistas ni asesores, nada hasta el momento”. Luego, la señal se entrecorta antes de que el general agregue “con tranquilidad, todo con tranquilidad”, y su interlocutor le indica que la comunicación se oyó entrecortada.
En un segundo audio, la central de radio de la USE indica que, por disposición del general, “no hay restricción para los señores congresistas, de entrada y salida a punto 5 (Congreso de la República). Con cuidado, las facilidades del caso”. Lozada también remarcó que negó haber dado órdenes para impedir el acceso a congresistas esa misma noche en una entrevista concedida a RPP Noticias e indicó que al día siguiente, sufrió la fractura de un hueso de la pierna cuando manifestantes intentaron llegar al Congreso.
El Comercio también se comunicó con el comandante Venero, quien dijo estar tranquilo y consideró que lo están involucrando “porque supuestamente he ordenado que no ingresen los congresistas al Congreso, pero nunca fue cierto, nunca dije nada, pero me involucraron en el proceso judicial porque tenía cierta responsabilidad de seguridad en el Congreso”.
“Las investigaciones llegarán a establecer lo contrario. No he prohibido a nadie [el ingreso]. Me están involucrando por el cargo. Nunca di órdenes. El comandante operativo era el general Lozada. Él dio la orden de que todo esté normal, que se les dé las facilidades a los congresistas. De repente alguien lo malinterpretó, lo escuchó mal”.
Respecto a lo declarado por el teniente Infanzón, indicó que él le manifestó que se cumpla lo que dijo el general y “lo que dijo el general es que no hay ninguna restricción para los congresistas”. “Es muy probable que haya interpretado mal”, estimó.
Este Diario también llamó al teléfono consignado dentro del expediente judicial del caso como del teniente Infanzón. Sin embargo, al llamar la respuesta era que “el número es incorrecto”.
