José Miguel Castro confirmó aportes millonarios de Odebrecht y OAS a campañas de Susana Villarán: todo lo que declaró como investigado

A raíz de su muerte, conocida el último domingo, el procedimiento de colaboración de José Miguel Castro culminó sin una sentencia de homologación. Por ello, las declaraciones contenidas en esa carpeta no podrían ser usadas en el juicio contra la exalcaldesa, que iniciará el próximo 23 de septiembre. Sin embargo, tal como dijo el fiscal José Domingo Pérez a este Diario en un informe publicado este martes, sus testimonios como investigado sí podrán presentarse en el juzgamiento como “prueba nueva”.

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Esas declaraciones como investigado -a las que accedió este Diario- se alinean con la tesis acusatoria contra Susana Villarán y el resto de procesados del caso: José Miguel Castro corroboró que las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, y la peruana Graña y Montero hicieron aportes a las campañas de la exalcaldesa en el 2013 y 2014 por más de US$ 11 millones. También reconoció que las tres constructoras “tenían intereses en trámite” relacionados a contratos con la Municipalidad de Lima.

Los aportes a las campañas de Susana Villarán, según José Miguel Castro

La acusación fiscal que entrará a juicio desde septiembre próxima es, precisamente, que Susana Villarán lideró una red que lavó dinero y llegó a obtener US$11′293,816.68 millones en activos ilícitos, monto que se condice con lo declarado por José Miguel Castro como investigado.

A fines del 2019, José Miguel Castro se sometió a este proceso de colaboración eficaz precisamente porque venía siendo investigado junto a Susana Villarán por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción. De hecho, por entonces cumplía una orden de prisión preventiva, al igual que la propia Susana Villarán.

La fiscalía le imputaba ser el intermediario de Susana Villarán para solicitar los aportes ilícitos a las constructoras y eventualmente lo acusó como el número dos de la presunta organización criminal liderada por la exalcaldesa.

En medio de las investigaciones y ante la evidencia recogida en la investigación, José Miguel Castro se sometió a la colaboración eficaz con miras a librarse de una futura condena o que se esta se vea reducida, a cambio de dar información valiosa para el Ministerio Público.

En ese afán, luego de obtener el cambio de su prisión preventiva por un arresto domiciliario en mayo del 2020, también accedió a declarar como investigado en las carpetas donde venía siendo procesado junto a Susana Villarán. Como el resto de investigados, tenía derecho a guardar silencio, pero decidió hablar también allí. Fue así que dentro de la carpeta fiscal por el caso de los aportes de campaña (N° 30-2017), corroboró los hechos que venían siendo investigados por el equipo especial Lava Jato en relación con los aportes de Odebrecht, OAS y Graña y Montero.

Según la documentación obtenida por El Comercio, sus primeras declaraciones fueron en noviembre del 2020 y enero del 2021. Sin embargo, esas fueron en otra carpeta fiscal (N° 06-2018), donde solo se investigan los hechos relacionados a OAS y el proyecto Línea Amarilla. Ese caso también incluyó como imputados a Susana Villarán y a José Miguel Castro y, a la fecha, está sobre el cierre de la etapa de investigación preparatoria. En los próximos meses, la exalcaldesa podría enfrentar una segunda acusación penal como fruto del cierre de esas pesquisas.

Recién en julio del 2022, poco antes del cierre de la investigación del caso de los aportes, José Miguel Castro se presentó junto a su abogado ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez para declarar como investigado en la carpeta 30-2017, la de los aportes de campaña. Si bien se abstuvo de autoincriminarse y no respondió si él solicitó personalmente a directivos de las constructoras el “apoyo” para las campañas, sí afirmó que esos aportes ocurrieron y dio los montos de los que tenía conocimiento.

“Tengo conocimiento de que esas empresas (Odebrecht, OAS y Graña y Montero) aportaron a la campaña de no revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente, a través de pagos de publicidad a medios de comunicación locales”, afirmó José Miguel Castro sobre la primera campaña, realizada entre el 2012 y 2013. Su testimonio se llevó a cabo el 8 de julio del 2022.

“También conozco que Odebrecht y OAS realizaron pagos a asesores de publicidad en el extranjero, particularmente en el país de Brasil a través de sus principales funcionarios y representantes”, agregó. No obstante, también sostuvo que él no recibió personalmente “ningún tipo de emolumento, dinero o dadiva de algún tipo de alguna de estas empresas, ni ninguno de sus subcontratistas ni de empresas de comunicaciones”.

En cuanto a los montos, declaró que, según su conocimiento, fueron aproximadamente US$ 7 millones 100 mil, sumando los aportes de las tres constructoras para el No a la Revocatoria. “US$ 4 millones fueron aportados por OAS, US$ 3 millones fueron aportados por Odebrecht y US$ 100 mil por Graña y Montero”, precisó.

Castro dijo no tener información sobre qué directivos de las constructoras autorizaron esos pagos. No obstante, el Ministerio Público obtuvo en esta carpeta declaraciones de exdirectivos, como Jorge Barata de Odebrecht, que precisan cómo se habría dado luz verde a esas entregas a nivel empresarial y que lo señalan como intermediario.

El caso contra Susana Villarán no es solo de lavado de dinero por aportes, sino también de presunta corrupción. La fiscalía plantea en su acusación que los aportes fueron a cambio de que las empresas sean favorecidas con los contratos que tenían. En esa línea, le preguntaron a José Miguel Castro si estas tenían “algún proyecto en la Municipalidad de Lima en razón a los aportes que realizaron”.

“Sí tenían intereses en trámite, en relación a portes que realizaron para la no revocatoria. En el caso de Odebrecht, en ese periodo se firmó el contrato de concesión de Rutas de Lima”, dijo en relación al acuerdo suscrito en enero del 2013. “En el caso de OAS, tenía la implementación del contrato Línea Amarilla en curso, y en el caso de Graña y Montero también estaba negociando el contrato de la concesión Vía Expresa Sur”, añadió.

En cuanto a Susana Villarán, afirmó que era “la figura principal que dirigía la campaña de no revocatoria”. “De lo que yo conozco, (ella) sí conocía de los aportes de Odebrecht y OAS. No sé si conocía de los aportes de Graña y Montero. Había una campaña de comunicación y una campaña política en las cual(es) participaban asesores internacionales como el señor Luis Favre y en algunas de esas reuniones se mencionó que los aportantes de la campaña eran Odebrecht y OAS, estando presente la alcaldesa”.

En otro momento, sostuvo que no sabía si ella “pidió a acordó pedir esos aportes”. “Sí conozco que en el caso de OAS, los funcionarios César Uzeda y Valfredo Ribeiro de Asis se presentaron en el último trimestre del 2012 en la Municipalidad de Lima para ofrecer su apoyo político a la alcaldesa de Lima y a su proyecto de gestión, indicando que ellos se oponían a la revocatoria y que estaban a disposición para cualquier cosa que ella necesitara”, contó.

Por otro lado, señaló al procesado Luis Gómez Rotalde como la persona que “visitaba las oficinas de Odebrecht en el Perú para obtener recursos”. Se trata de uno de los hoy acusados por el caso, quien enfrentará en el juicio junto a Susana Villarán.

Castro también manifestó que la empresa Ogilvy firmó contratos de publicad con OAS y recibió dinero de las tres constructoras para “realizar los pagos de publicidad”. La empresa Momentum, Ogilvy & Mather S.A hoy está comprendida en el juicio del caso de Susana Villarán como persona jurídica acusada y como tercer civil responsable.

Finalmente, afirmó que “el integro de los aportes de estas empresas se gastó en la campaña de no revocatoria” y que incluso terminaron debiendo dinero a algunos medios por la publicidad.

Una semana después, el 15 de julio del 2022, José Miguel Castro volvió a las oficinas del Equipo Especial Lava Jato con su abogado para continuar su declaración. Esta vez, las preguntas se enfocaron en la fallida campaña de reelección de Susana Villarán, en el 2014.

Luego de volver a abstenerse de responder si él solicitó personalmente el “apoyo económico” de las constructoras brasileñas en esa ocasión, dijo conocer que “Odebrecht y OAS aportaron a la campaña de reelección de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán en el 2014. En el caso de Odebrecht, entiendo que fueron alrededor de dos millones y medio de soles y en el caso de OAS, fueron aproximadamente 4 millones de dólares, aportados a la campaña de reelección para el pago de publicidad”.

El exgerente municipal detalló que se enteró de eso aportes en medio de la campaña, debido a que participaba en “algunas reuniones de coordinación” de esta. Nuevamente, refirió que la propia Susana Villarán era la “jefa de la campaña” y que contaba con tres asesores españoles. Incluso refirió que el departamento en Miraflores donde vivían dos de esos asesores era financiado por la campaña. Según dijo, esos asesores mencionaron el “montó que invertía” OAS y Odebrecht.

Respecto a esa campaña, Castro refirió que Susana Villarán dio indicaciones para que ese dinero se invierta en publicidad. “No sé si conocía los montos totales de la campaña, pero de alguna manera tenía interés de que se pagara la publicad, a los asesores, y que se pagaran todas las cosas de la campaña”, agregó. Precisó luego que el dinero de Odebrecht era entregado en efectivo a los asesores españoles por Cesar Meiggs Rojas (hoy otros de los acusados en este caso) para que realicen los distintos gastos.

“El destino (del dinero de Odebrecht y OAS) fue el pago de publicidad masiva en varios de comunicación, como canales y radios, el pago de agencias publicitarias, el pago de asesores políticos y de estrategia, y demás gastos”, declaró.

Por último, Castro negó haber recibido dinero personalmente de Odebrecht y de OAS e incluso, dentro de su declaración, rechazó lo dicho por un aspirante a colaboradore eficaz sobre una supuesta entrega de dinero en efectivo a él por S/ 7 millones en el 2013 y S/ 4 millones en el 2014. “Esa declaración es falsa y no reconozco ninguno de los hechos que me imputa el colaborador”.

Un mes después de recibir esta declaración, en agosto del 2022, el fiscal José Domingo Pérez cerró la investigación en torno a las campañas de Susana Villarán y presentó su acusación. Esta incluyó tanto a la exalcaldesa, para quien pidió 29 años de prisión, como a José Miguel Castro y a una veintena de otros procesados.

El caso pasó por un largo control de acusación judicial que, con distintas idas y vueltas, se extendió hasta mayo pasado. Recién ese mes, un juzgado de la Corte Superior Nacional programó el inicio del esperado juicio oral para el 23 de septiembre.

Durante todo ese periodo, José Miguel Castro continuó como acusado en ese caso debido a que su proceso de colaboración eficaz seguía en trámite. Según ha dicho el fiscal José Domingo Pérez, el próximo 12 de julio era la fecha límite para cerrarlo. Si no se lograba, se enfrentaba a una posible pena de 25 años de prisión en el juicio.

El exgerente municipal fue hallado muerto en su vivienda de Miraflores el 29 de junio, a solo dos semanas de esa fecha límite. Una fiscalía penal de ese distrito investiga las circunstancias del hecho.

Si el proceso especial de José Miguel Castro era aprobado y se le dictaba una sentencia como colaborador eficaz en los próximos meses o durante el desarrollo del curso, todo apuntaba a que el extremo de la acusación en su contra iba a ser retirado y finalmente iba a ser excluido del caso. La estrategia del Ministerio Público, en todo caso, era interrogarlo al inicio como acusado o como testigo para que sus declaraciones sobre estos hechos sean oídas directamente por el tribunal a cargo del juicio.

Así ocurrió en casos como el de Alejandro Toledo, donde un exdirectivo de la constructora ICCGSA en proceso de colaboración declaró como acusado; o en el caso de Ollanta Humala, donde Martin Belaunde Lossio declaró como acusado y luego reveló que se le acababa de aprobar su colaboración eficaz. Ello llevó a que su declaración vuelva a ser recibida como testigo.

Con la muerte del exgerente municipal, el Ministerio Público apunta ahora a presentar sus declaraciones como investigado como “prueba nueva”. Para ello, al inicio del juicio, el fiscal José Domingo Pérez deberá plantear al tribunal que admitan su testimonio como una prueba documental para que sea leída como parte del juzgamiento y lo dicho por José Miguel Castro no se pierda.

La sola declaración de José Miguel Castro no probará la culpabilidad o inocencia de Susana Villarán. Ello solo se decidirá con el conjunto de las pruebas documentales y testigos presentados por la fiscalía y las defensas. Sin embargo, sus dichos, si llegan a ser admitidos como “prueba nueva” apuntan a reforzar a tesis de que los aportes sí ocurrieron y que tuvieron vínculos con los contratos municipales que tenían las constructoras.

Susana Villarán admitió públicamente en mayo del 2019 que sabía de los aportes, pero alegando que estos no representaron un delito. En una declaración previa para este Diario, la abogada de la exalcaldesa, Merly Edquén, indicó que esa postura se mantiene hasta la fecha y será la que sostengan en el juicio.

Por otro lado, la admisión de la exalcaldesa fue hecha solo a nivel de una entrevista radial y una publicación de Facebook. Desde la fiscalía indican que nunca lo hizo dentro del proceso, como sí hizo José Miguel Castro al referirse directamente a los aportes de OAS, Odebrecht y Graña y Montero.

Consultada por este Diario respecto a si Susana Villarán admitió los aportes como parte de su declaración como investigada, la abogada de la exalcaldesa respondió: “La declaración de la señora Villaran fue pública. El Ministerio Público en más de una oportunidad ha ofrecido pruebas de fuente pública como periódicos y otras fuentes digitales. Entonces, no existe impedimento alguno en que Fiscalía utilice esa declaración, que además permanece en la página pública de Facebook de la señora Villaran, desde mayo del 2019”.

Además, en declaraciones brindadas a RPP, la defensora de la exalcaldesa añadió que se opondrán a la inclusión de las declaraciones de José Miguel Castro en el juicio como colaborador eficaz o como investigada si estas no cumplen ciertos requisitos.

“Son varios requisitos, entre ellos que se le haya permitido al señor tener una defensa. Si esas declaraciones no cumplen eventualmente con algunos requisitos, en ejercicio de los derechos de la señora Susana Villarán, sí me opondría. Pero si cumplen y son viables, legalmente hablando, no habría ningún problema es que se oralicen (se lean)”, dijo

En cualquier caso, para el Ministerio Público no bastaría con la admisión hecha a nivel de la prensa o redes sociales de Susana Villarán respecto a la recepción de los aportes. En el juicio, se actuarán distintas pruebas y testimonio para acreditar las entregas hechas por las constructoras. En ese camino, estas declaraciones de José Miguel Castro, el funcionario de más alta confianza de la exalcaldesa, se perfilan como una prueba importante.