La banda ‘Los Occidentales-D.E.S.A’ y sus ramificaciones políticas: cuatro de sus miembros figuran afiliados a partidos

El trabajo articulado entre la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial permitió la captura de 27 integrantes: nueve peruanos y 18 ciudadanos venezolanos. Entre los detenidos peruanos figuran cuatro ( uno de ellos Vivanco Estela), con vínculos políticos vigentes en agrupaciones que se preparan para las elecciones del 2026.

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Esta organización criminal, que en menos de un año había logrado controlar las extorsiones en al menos seis distritos de Lima y cinco departamentos del país, operaba exigiendo el pago de cupos a más de una decena de empresas de transporte. Así, logró amasar más de S/20 millones en 50 cuentas bancarias, según datalla la investigación policial.

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Para comunicarse con sus víctimas, los integrantes se infiltraron como trabajadores en las mismas empresas de transporte o utilizaban sus canales de comunicación interna, desde donde lanzaban las amenazas.

El dinero era recaudado por los brazos financieros de la organización y luego canalizado hacia empresas fachada, que a su vez lo redireccionaban a otras cuentas con la finalidad de enviarlo al extranjero. La ruta seguía hacia Ecuador, Colombia y Venezuela, para finalmente retornar al Perú.

Los delincuentes tenían todo calculado: utilizaban diversos números telefónicos para simular que se trataba de varias organizaciones criminales. Se presentaban como “El Tren de Aragua”, “Los Occidentales” o “Los Gallegos”, entre otras. Según la información oficial, a la que accedió este Diario, las cuotas exigidas oscilaban entre S/10 mil y S/30 mil por empresa, con un pago inicial de S/350 semanales (monto que podía incrementar).

Con apenas 30 años, Mauricio Vivanco Estela lleva seis años afiliado a Acción Popular. En 2018, postuló como regidor provincial en el Callao, siendo el número 3 en la lista que encabezó el excongresista Paul García.

Su afiliación no solo le permitía acceder a candidaturas, sino también a trabajos en entidades públicas gobernadas por Acción Popular. Es así que, entre 2020 y 2022, registra haber brindado servicios para el Parque de las Leyendas y la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A., durante las gestiones de Jorge Muñoz y Miguel Romero frente a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Documentos a los que tuvo acceso El Comercio detallan que, este 2025, la Policía rastreó diez transferencias que llegaron directamente a su cuenta personal que sumadas dieron un total de S/5.295. Todo esto canalizado por la empresa fachada Representaciones CJ 2021 E.I.R.L, la cual recibía aportes de Elvis del Carmen Pérez Cardoso, quien realizó más de 360 operaciones a favor de la organización criminal. En 2005, Pérez Cardoso fue detenida y condenada, en su natal Venezuela, por tráfico ilícito de estupefacientes.

Mientras que Vivanco se mantenía en la clandestinidad y caminaba por las calles de Ventanilla vistiendo pijama o ropa casual para pasar desapercibido, Edelina Guzmán Gómez era la mujer que tenía los ojos puestos sobre un gran grupo de víctimas.

No era una integrante normal, sino que, como si se tratara de una agente encubierta, se había integrado a una empresa de transporte para ser la informante más eficiente en la red. Con uniforme de cobradora, contabilizaba cuántas unidades de transporte salían a ruta, quiénes habían pagado cupos y quiénes no, para reportarlo a sus cabecillas.

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Según las investigaciones, su billetera digital estaba siempre recibiendo los pagos de cupos provenientes de Etnolsa, una de las empresasmás afectadas. Esta mujer está afiliada al partido político Cooperación Popular, cuyo secretario general es el congresista Carlos Zeballos y que tiene como candidato presidencial a Yonhy Lescano.

Antes de este partido, Edelina Guzmán intentó afiliarse a otros partidos como Todo con el Pueblo (impulsado por Pedro Castillo) o Pueblo Consciente (impulsado por el actual congresista Guido Bellido).

En el mismo tablero de piezas financieras aparece Arnold Walky Calampa, un hombre que permitía que el dinero ilícito también sea acopiado en su cuenta bancaria. Sus labores no terminaban ahí, sino que también se encargaba de enviar mensajes amenazantes. “Señora somos los líderes del Tren de Aragua, ‘Los Occidentales’. Fuimos (los) que matamos a su chofer, se lo advertimos el día que no pagó, su vacuna los viernes y pensó que esto era un juego”, le escribió a una agraviada en relación a la empresa Aquarius.

Su vida política tampoco estaba distante: este 2025 se afilió al partido Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú, un grupo con varios directivos vinculados a la Municipalidad del Callao.

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Alejada del ámbito financiero, pero con el mismo accionar que Edelina, operaba Sarina Noely Montalván Flores, quien es considerada parte del brazo armado de la organización criminal y también trabajaba como una supuesta cobradora.

La realidad era que todo el tiempo que permanecía en las unidades de transporte público, las cocheras y los paraderos, se dedicaba a coordinar y brindar información relevante de sus víctimas al delincuente conocido como ‘Ronaldinho’, del cual se desconoce su identidad plena. La mujer también cuenta con una afiliación política reciente en el partido Integridad Democrática.

Omar Awapara, Secretario General de Transparencia, explicó que la promulgación del retorno del financiamiento privado para los partidos políticos intenta compensar la posibilidad de que las agrupaciones políticas se financien de dinero proveniente de fuentes ilegales.

El experto advirtió que las economías ilegales, debido a las enormes sumas de dinero que movilizan, cuentan con una alta probabilidad de generar incentivos y encontrar mecanismos para abrirse paso en el ámbito político. “Ahí lo que corresponde es una respuesta de cada partido, si decide o no financiarse con ese dinero”, explicó Awapara.

El Secretario General de Transparencia informó que, en conjunto con otros actores, están desarrollando una herramienta digital para que los partidos políticos puedan filtrar personas que están próximas o que busquen postular por sus filas. “Hay varios partidos que se han sumado y están usando la herramienta para identificar que las personas sean idóneas, que no tengan antecedentes”, dijo.

Acción Popular negó vínculos con Vivanco Estela, señalando que se afilió durante un periodo de conflictos internos y que nunca participó en actividades, cargos ni candidaturas. Sin embargo, Vivanco sí postuló a un cargo público en 2018 con Acción Popular. Calificaron su militancia como “pavisa” y anunciaron que será expulsado de inmediato mediante los órganos disciplinarios.

En tanto, Cooperación Popular informó que Guzman Gómez, al parecer está acostumbrada a inscribirse a varios partidos. Respecto a los hechos expuestos en la presente nota, indicaron que se está iniciando su proceso de expulsión.

Por otro lado, el partido por el Entendimiento, recuperación y la unificación del Perú informó a que no cuentan con la obligación de verificar si un afiliado tiene antecedentes. “Ni la ley ni el reglamento de partidos políticos contempla la verificación”.

El partido Integridad Democrática indicó que no tienen responsabilidad sobre las personas que se inscriben a sus filas y que posteriormente puedan delinquir. Sobre el caso en particular, explicaron que han iniciado un proceso disciplinario y de investigaciones.

Opinión

El mercado electoral de oportunidades criminales

Por Nicolas Zevallos Trigoso

Director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología

El reciente congelamiento de 50 cuentas bancarias vinculadas a la organización criminal “Los Occidentales”, con movimientos que superan los S/20 millones, evidencia la capacidad financiera de estas redes. Este capital, presuntamente producto de la extorsión y canalizado a través de empresas fachada, muestra la disponibilidad de fondos que podrían tener incidencia en distintos ámbitos, incluido el financiamiento de actividades políticas de cara a las elecciones del 2026.

Para dimensionar esta capacidad financiera, es útil contrastar dicho monto con los costos de las campañas electorales en el Perú. Si se contrasta con las estimaciones del informe “Economías Ilegales y Elecciones”, publicado por el Instituto de Criminología y Empresarios por la Integridad, los S/20 millones identificados en este caso serían suficientes para financiar una campaña presidencial (costo estimado de S/11.7 millones). El monto también podría cubrir los costos de aproximadamente 41 campañas al Congreso (S/ 480.000 c/u) o 37 campañas a gobiernos regionales (S/ 540.000 c/u). Estas cifras reflejan la diferencia cuantitativa entre los fondos que pueden movilizar las economías ilegales y los costos reportados de las campañas.

Estas estimaciones son importantes para comprender cómo se configuran en el Perú los factores de oportunidad para las economías ilegales y el crimen organizado. Primero, una extendida informalidad económica donde fluyen y se acumulan capitales con escasa trazabilidad, accesibles a los intereses criminales predatorios. Segundo, la presencia de redes criminales altamente adaptables y que actúan como actores con recursos y motivación. Tercero, una vigilancia con limitaciones diversas, la cual puede verse afectada por la incidencia de intereses vinculados a estas redes en la esfera política, con la capacidad de influir en la desregulación de los sistemas de control. Desde esta perspectiva, la intervención en la política puede ser vista como un mecanismo para mantener o ampliar las oportunidades para el desarrollo de actividades delictivas.

El informe citado señala que las economías ilegales en el Perú movilizan cerca de 7.5 mil millones de dólares anuales (equivalente al 2.7% del PBI nacional). Y estos datos corresponden solo a cuatro mercados ilegales. Si bien es casi imposible estimar cuánto movilizan las extorsiones, este operativo ofrece una lectura inicial de sus capacidades económicas. La influencia de este poder económico en la política puede manifestarse a través del financiamiento de candidatos, la promoción de agendas específicas o la creación de movimientos políticos. Y si la impunidad lo permite podría incluso financiar la participación directa de algunos de estos actores criminales en organizaciones políticas

A la luz de estos antecedentes, la operación contra “Los Occidentales” pone de manifiesto la relevancia de las políticas de control financiero. El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la aplicación de filtros de integridad en los partidos políticos y la optimización de las herramientas de fiscalización de la ONPE y el JNE son medidas orientadas a reducir las oportunidades de que fondos de origen ilícito financien la actividad política. Si bien hoy el reto supera las capacidades de control, es indispensable que los partidos políticos sientan que los ciudadanos podemos castigar con nuestro voto a quienes no tomen las medidas necesarias para evitar que los criminales postulen utilizando sus identidades partidarias.