Andrés Hurtado empezó a hablar: nuevos involucrados y la posibilidad de ser colaborador eficaz
Un nuevo escándalo pone bajo los reflectores a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. En diálogo con El Comercio, congresistas de siete bancadas cuestionaron que dicho sector gastara más de 500 mil soles - según reveló “Panorama” - en la contratación de gente para funciones que ya tienen personal asignado. Asimismo, no descartaron la posibilidad de que la titular del Mincul sea interpelada.
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El último domingo, el programa dominical dio a conocer que el Ministerial de Cultura (Mincul) ha gastado dicha suma desde inicios del 2023. En enero, cuando Urteaga no tenía ni un mes al frente del sector, se gastaron 42 mil soles en contratar a dos personas para que hagan el mismo trabajo, labor que le corresponde al personal regular de ese portafolio.
Posteriormente, el Ministerio de Cultura gastó otros 66 mil soles en contratar a otras tres personas para que hagan exactamente lo mismo. Además, solo en cuatro personas la cartera gastó más de 100 mil soles del presupuesto público en un solo día. Todos estos contratos tienen como fecha el 12 de enero para labores que son competencia regular de la Oficina de Abastecimiento.
Solo en enero, el sector Cultura gastó 214 mil soles para labores que deben realizar trabajadores de planta, que ya reciben un sueldo del Estado. En marzo, la cartera llegó al cuarto de millón de soles en más contrataciones.
Tras el reportaje, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en el que rechazó “totalmente” que exista despilfarro de recursos del Estado a través de duplicidad en las contrataciones de la institución, pues señaló que “corresponden a distintas personas y cada una atiende procesos totalmente diferentes”.
La mañana de este lunes, en diálogo con RPP, la ministra Urteaga negó que existan funciones duplicadas en su sector y defendió los contratos alegando “faltan manos” para “ejecutar con responsabilidad” el presupuesto asignado a su ministerio.
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“Nos faltan manos. En el Ministerio de Cultura –creo que es algo que adolece el Estado en general- tenemos personal muy capacitado, con muchos esfuerzos. En el caso específico de esta oficina (de Abastecimiento), cuenta con ocho personas para ejecutar un presupuesto importante, que no es de los mayores que están a nivel del Ejecutivo, pero es un presupuesto importante que tenemos que ejecutar con responsabilidad”, expresó.
No obstante, admitió que el personal contratado cumple con “funciones parecidas” y que los ocho trabajadores de la Oficina de Abastecimiento del Mincul necesitan ayuda a través de las órdenes de servicio temporales.
“Descarto que haya habido algún contrato duplicado. Lo que seguramente podrán ver es que hay funciones parecidas. Quienes están contratados -estas ocho personas son CAS o del régimen 276 o 728- a pesar de todos los esfuerzos y de toda la energía que puedan poner, no nos damos abasto, necesitamos siempre ayuda y esto se hace a través de las órdenes de servicio, siempre considerando que son contrataciones temporales”, agregó.
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Cuestionamientos
En diálogo con El Comercio, congresistas de las bancadas de Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Somos Perú, Podemos Perú, Perú Libre y Acción Popular cuestionaron a la titular del sector, Leslie Urteaga, por la grave denuncia.
Para Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, “existe una mala costumbre” respecto a las contrataciones por servicios en el Estado. “No se debería contratar a nadie más, si se necesita contratar a más gente es porque no se están cumpliendo con los objetivos que se han fijado y se tiene que modificar y no haber puestos de trabajo regalados”, expresó.
Montoya opinó que Urteaga podría ser interpelada por el Congreso, “si en la comisión que corresponde, la ministra no brinda las respuestas necesarias”.
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Por su parte, Eduardo Salhuana, vocero de APP, consideró que se trata de “acto irregular” y que la ministra de Cultura “debería ser invitada a la Comisión de Educación” y, “si las explicaciones no son satisfactorias, interpelarla” porque “es parte del control político”.
“Hay tantas necesidades en el país y creo que todos necesitamos ajustarnos los cinturones y tener una política de austeridad que funcione, eficaz, usar los recursos que realmente se necesitan [...] Situaciones así hacen que la ciudadanía pierda la fe en el sistema y que vuelva al tablero el debate sobre la reducción de ministerios”, dijo también.
En tanto, el legislador Óscar Zea (Bloque Magisterial) demandó la renuncia de la ministra y se mostró a favor de que Urteaga sea interpelada.
“Los ministros siempre están con carta de evaluación, cuando hay este tipo de hechos, en primer orden, la presidenta y el premier deberían pedirle que renuncie. Si la información es contundente, debería dar un paso al costado”, agregó.
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Mientras tanto, Kira Alcarraz, parlamentaria de Podemos Perú, afirmó que la titular del sector Cultura debe ser “interpelada para dar explicaciones porque ella es la cabeza de ese ministerio”.
“No se puede lavar las manos diciendo yo no lo hice, lo peor es que ella se entera por un reportaje, no tiene control sobre su ministerio y no indica que acciones correctivas ha tomado. Terrible que una ministra no sepa lo que pasa en su ministerio [...] Ahora queremos respuestas y acciones de no haberlas que chape su combi para su casa”, sentenció.
A su turno, Luis Aragón indicó que la interpelación es uno de los caminos para que Urteaga explique lo que pasa en su sector; sin embargo, consideró que la vía más rápida es que sea “invitada al pleno del Congreso para que pueda dar un informe sobre los hechos, que son muy graves”.
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Héctor Valer, vocero de Somos Perú, aseveró que el caso amerita una investigación de la Comisión de Fiscalización, pero que, “por el momento”, no ve “necesario” que la ministra sea interpelada.
La portavoz de Perú Libre, Margot Palacios, también opinó que “los hechos deben ser investigados” y “sancionados”, “mediante un debido proceso”.
“Si se identifica y corrobora que hay irregularidades, se tiene que sancionar a cualquier funcionario que haya estado involucrado”, subrayó.
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Otras polémicas
No es la primera vez que la gestión de Urteaga al frente del Mincul es cuestionada. En abril, sus declaraciones a favor de un proyecto de ley del Congreso que plantea que se incremente el porcentaje de contenido nacional en los medios de comunicación, generaron el rechazo de diversos gremios.
La titular del Mincul dijo que el Poder Ejecutivo estaba de acuerdo con imponer cuotas de contenido local, pese a que la Defensoría del Pueblo se había mostrado en contra al advertir de la norma “podría ser empleada como mecanismo para hostilizar a determinados medios de comunicación cuya línea editorial sea contraria al gobierno de turno y, por tanto, para limitar arbitrariamente las libertades de expresión e información”.
En mayo, “Punto Final” reveló que un funcionario estuvo inhabilitado hasta el año pasado por presentar un título falso y también cuenta con una investigación fiscal en curso labora en el Ministerio de Cultura. Se trata de Álvaro Quiñe Napuri, quien fue jefe de Urteaga en el 2015, cuando ambos laboraban en Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural).
Según pudo verificar este Diario, Quiñe, quien fue designado como asesor II del Mincul el 12 de enero de 2023, se reunió con Urteaga los días 3 y 9 de ese mismo mes, cuando apenas tenía pocas semanas en el cargo.
Ministra de Cultura y Álvaro Quiñe se reunieron dos veces en enero.
A fines de mayo, Urteaga nombró como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) - una entidad adscrita al Mincul - a Ninoska Chandia. Este hecho despertó la preocupación de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa, debido a la cercanía de referida funcionaria con la mandataria Dina Boluarte.
Antes de su salto al IRTP, Chandia se desempeñó como directora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional del despacho de Boluarte. Previamente, laboró el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en 2021 y 2022, durante la gestión de la hoy jefa de Estado.
El nombramiento de Chandia se hizo oficial en la resolución suprema N° 008-2023-MC firmada por Boluarte y la ministra Urteaga.
Ninoska Chandia Roque pasó de ser directora de comunicación e imagen de Dina Boluarte a presidenta del IRTP.
En julio, se dio a conocer que el Ministerio de Cultura sostuvo reuniones con representantes de ‘La Resistencia’. Urteaga defendió el encuentro alegando que desde su cartera están dispuestos a escuchar a “todos los sectores”, pese a que no apoyan a dicha asociación civil.
La reunión le costó el cargo al entonces viceministro de Interculturalidad, Juan Reátegui Silva.
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Leslie Urteaga era viceministra de Cultura en el año 2020, cuando se dio a conocer que el cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, había sido contratado por esta cartera durante la pandemia para brindar charlas motivacionales.
En ese entonces, la actual ministra negó conocer al intérprete; sin embargo, salió a la luz un video en el que se les veía bailando festejo.
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“Magaly TV: La firme” reveló que ‘Richard Swing’ fue contratado por el sector Cultura por nueve servicios diferentes y obtuvo un total de 175 mil soles.
Al hacerse pública esta situación, Urteaga, entonces viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, descartó conocer detalles del contrato de Cisneros.
Este escándalo ocasionó la salida de la entonces ministra de Cultura Sonia Guillén. Incluso fue uno de los argumentos con los que se promovió el primer pedido de vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra, que no tuvo éxito. El Ministerio Público, la contraloría y el Parlamento, a través de la Comisión de Fiscalización, iniciaron casi al mismo tiempo investigaciones sobre esta denuncia
