Defenestrados del Congreso. Sentenciados por corrupción. Investigados por mochar los sueldos a sus trabajadores. Preso y acusado de haber violado a una mujer en su despacho congresal. Arrestado al ser declarado reo contumaz por un juzgado. Detenida con 11,9 kilos de cocaína. Condenado por terrorismo que salió de la cárcel para encabezar una asociación que adoctrina a niños con la ideología de Sendero Luminoso. Pareciera que estamos pasando lista en un establecimiento penal de alta peligrosidad, pero no se trata de eso. Es la descripción de algunos de los ‘ilustres’ militantes que han pasado en los últimos años por las filas de Alianza para el Progreso. Varios de ellos llegaron incluso a ocupar cargos de elección popular.
De todo este rosario de prontuariados llama especialmente la atención el caso de Juan Santos Romero, el cabecilla de Voluntad Transformadora, la facción proterrorista que envenenaba las mentes a menores en La Libertad. Este sujeto estuvo afiliado, no una, sino hasta en cuatro ocasiones a APP. A los dirigentes de la agrupación se les pasó la tortuga hasta cuatro veces. Nadie revisaba sus antecedentes penales. Nadie siquiera se tomó el trabajo de googlear su nombre. Santos era un hijo pródigo reincidente en el apepismo. Entraba y salía cuantas veces quería del partido fundado por César Acuña. Y esto lo hizo luego de haber cumplido una condena por terrorismo. En el 2011, dejó APP para inscribirse en el Movadef, agrupación más cercana a sus ideas. Como esta no logró su objetivo, Santos decidió regresar a su antigua organización y esta volvió a recibirlo con los brazos abiertos. El adoctrinador senderista, hoy recluido nuevamente en prisión, difundía en redes sociales sus actividades proselitistas a favor del ‘pensamiento Gonzalo’, pero sus excorreligionarios acuñistas no se daban por enterados.
Lejos de asumir responsabilidades y de ofrecer disculpas al electorado por la calaña de afiliado que inscribió su partido, César Acuña trató de culpar a otros. Primero al Jurado Nacional de Elecciones, por haber registrado a Santos como militante, cuando fue su propio partido quien solicitó su inscripción. Como era de esperarse, la institución le enmendó la plana al recordar que son las agrupaciones las que deben verificar los antecedentes de sus miembros. Acuña también culpó a la prensa por poner el caso en primeras planas y por no averiguar si también en otros partidos hay terroristas inscritos.
En el imaginario de Acuña, la responsabilidad de los mediocres criterios de selección que aplica APP... no es de APP.
“No sabemos quién se inscribe al partido”. Esta frase con la que intentó excusar la presencia del terrorista en sus filas debería quedar grabada en las fachadas de sus locales partidarios porque es la que mejor define lo que es su grupo político. O por lo menos estar presente en la mente de los ciudadanos hasta el próximo proceso electoral.
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