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“Seguimos viendo una frustración muy grande de la ciudadanía, hay un montón de denuncias contra Pedro Castillo, indicios cada vez más reveladores de corrupción, y a eso se suma el autoritarismo que hemos visto desde el día uno, el intento de convocar la asamblea constituyente, de concentrar el poder, de hostilizar a la prensa”, dice el abogado Lucas Ghersi, uno de los voceros de la marcha de protesta que se llevará a cabo hoy en varias ciudades del país.
—Entonces, en concreto, este es un llamado de atención al Congreso.
Queda claro que, sin un empujón de la calle, el Congreso no va a reaccionar, porque tiene incentivos perversos. Hay congresistas y bancadas que están haciendo una labor importante, pero el Congreso como colectivo tiene un incentivo alineado con el del Ejecutivo para que no se mueva nada hasta el 2026, ni acusación constitucional ni adelanto de elecciones ni vacancia ni suspensión o alguna otra fórmula.
—¿Cuánta gente participaría en la marcha?
Soy cauto con este tipo de predicciones, pero estoy seguro de que va a ser multitudinaria. Esta marcha se estructura en dos principios: primero, será nacional; en segundo lugar, la convocatoria es abierta para todos los peruanos con convicción democrática, especialmente a quienes tengan ideas políticas distintas a las mías, pero que estén a favor de la supervivencia del Estado constitucional.
—¿Esto incluye a partidos políticos?
Los partidos no han convocado esta marcha, pero están invitados a participar. Una democracia sin partidos es una democracia enferma. Hay marchas que fracasan porque hay grupos que se lanzan a convocarlas de un día para otro, sin ningún tipo de coordinación.
—Algunas marchas previas fracasaron, o tuvieron escasa convocatoria, porque detrás había partidos políticos cuestionados, no por fallas de coordinación. ¿Sucederá esta vez?
Siempre habrá quienes no quieran marchar con determinados grupos, es parte de la democracia, es inevitable. Lo importante es crear la coalición más amplia posible.
—Esta manifestación servirá como preámbulo de la llegada de una misión de la OEA. ¿Es posible todavía algún nivel de diálogo?
El objetivo político del gobierno, que es que la OEA lo defienda, no se va a cumplir, porque los hechos van a ser evidentes. Los cancilleres van a tener que defender su reputación y la verdad va a caer por su propio peso. El diálogo a estas alturas no es posible ni deseable, no se va a producir, hace tiempo que ese puente se quemó.
—¿Cuál es la alternativa entonces?
Se debe poner fin a la crisis política a través de un mecanismo constitucional. El más viable –no el único– es la vacancia por incapacidad moral. Lo ideal sería que se concrete la vacancia, que Dina Boluarte renuncie y que se convoquen nuevas elecciones generales. Es incompatible con el ordenamiento constitucional, por no decir inaceptable, que solo haya elecciones presidenciales y se mantenga el Congreso.
—¿Qué sucedió con la recolección de firmas para frenar el intento de crear una asamblea constituyente?
Tenemos una cantidad muy grande, más de un millón. Estamos en la fase de control de calidad de estas firmas. De todos modos seguimos recolectando, los planillones no tienen plazo de caducidad. Cuando el tema de la asamblea constituyente vuelva a estar en agenda, y si parece inminente la creación de ese ente, ese será el momento de presentar las firmas.
—Emprender una campaña tan ambiciosa y costosa, tener las firmas pero no presentarlas, ¿qué sentido tiene?
Es un arma defensiva para frenar el intento de crear una asamblea constituyente. Por el momento, se ha desactivado ese esfuerzo por parte del gobierno. Las firmas son como una pistola: uno no tiene una pistola para disparar, sino para hacerlo cuando es necesario.
