Pedro Castillo usa Twitter desde prisión: las posibles implicancias en la investigación en su contra

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En una de sus últimas publicaciones, realizada este jueves 26 de enero, Castillo compartió una carta dirigida a los presidentes, primeros ministros y delegaciones que estuvieron presentes en la Cumbre de la Celac (que se celebró esta semana en Argentina), en la cual agradece a los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Xiomara Castro (Honduras) y Andrés Manuel López Obrador (México) por su “firmeza” en “condenar su detención arbitraria”.

En dicha red social, Castillo todavía se presenta como presidente de la República del período 2021 -2026, así como profesor, rondero y dirigente sindical.

El exmandatario utiliza Twitter para victimizarse alegando que no cometió ningún delito y que fue destituido inconstitucionalmente por el Congreso. También señala que es un “preso político de la dictadura de Dina Boluarte”.

En la misiva Castillo volvió a atribuirse el cargo de presidente constitucional del Perú. Además, expresó su “solidaridad” y “agradecimiento” con Evo Morales, a quien llamó “perseguido político” de la “dictadura de Dina Boluarte”.

Asimismo, lamentó que la Superintendencia Nacional de Migraciones haya prohibido el ingreso al país del expresidente boliviano.

Como se recuerda, Migraciones prohibió —a inicios de enero— el ingreso al país de Morales luego de que este Diario informara sobre las actividades del exmandatario boliviano en las regiones del sur del país, desde donde buscaba promover su proyecto geopolítico Runasur.

Este viernes 27 de enero, Castillo usó la plataforma para arremeter contra el gobierno y la prensa.

“Va acercándose el día de la justicia para nuestro pueblo. Los responsables de esta masacre pronto darán la cara por los delitos de lesa humanidad y su prensa mafiosa no podrá salvarlos. El Perú, a pasos firmes, va forjando su liberación y está a un paso de la Constituyente”, publicó.

Días previos, la cuenta de Twitter se mantuvo activa. El 25 de enero hizo tres publicaciones consecutivas, en las cuales expresó su agradecimiento a los presidentes Xiomara Castro, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador.

En cada uno de los mensajes compartió fragmentos de las intervenciones que hicieron estos mandatarios en la Cumbre de la Celac, donde se refirieron a la situación del Perú.

Una semana antes, anunció que había solicitado junto con su defensa una audiencia con el equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en el penal de Barbadillo - donde cumple prisión preventiva -para hablar sobre “su injusta situación” y “las graves violaciones a los DD. HH.”.

El 16 de diciembre, un día después de que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra a raíz del golpe de Estado, Castillo usó la red social para cuestionar la visita de la entonces embajadora de Estados Unidos en el Perú Lisa Kenna a la presidenta Dina Boluarte.

En dicha visita, la representante diplomática reiteró el respaldo de EE.UU. a la institucionalidad democrática en el Perú y a las acciones del Gobierno de Boluarte para estabilizar la situación social.

“¡Alerta compatriotas! La visita de la embajadora de EE. UU. a Palacio de Gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país. Fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso; y, de paso, dejar el camino libre para las explotaciones mineras, como el caso de Conga, Tía María y otros. De esto la prensa peruana no solo callará sino que la negará así de fácil”, escribió Castillo en Twitter en aquella oportunidad, en la que una vez más se atribuyó el cargo de jefe de Estado.

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Este Diario se puso en contacto con los abogados Sandro Balvín y Eduardo Pachas, quienes integran el equipo legal del expresidente. Ambos señalaron que desconocen la actividad de su patrocinado en referida red social.

“Él está privado de su libertad, incomunicado y no maneja redes sociales. Él no puede haber tuiteado, mucho menos manejar redes sociales, no tiene acceso a teléfonos, ni a computadoras”, expresó Balvín.

A inicios de enero, Balvín había señalado a El Comercio, que como parte de una nueva estrategia legal, el expresidente ya no haría publicaciones en las redes sociales porque “eso sería transgredir las normas”.

Por su parte, Pachas respondió: “No he visto los tuits y no tengo conocimiento”.

Sin embargo, fuentes cercanas a Castillo indicaron que su perfil de Twitter sería manejado por el abogado Wilfredo Robles, uno de los tantos defensores legales del expresidente. Sin embargo, no dieron detalles de cómo se coordinan las publicaciones.

Robles negó tal versión en diálogo con El Comercio.

A fines de diciembre de 2022, en una entrevista con Exitosa, Robles admitió que estuvo preso por terrorismo entre los años 1992 y 2004.

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) negaron que el exjefe de Estado tenga acceso desde el penal de Barbadillo a dispositivos tecnológicos.

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El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y los penalistas Andy Carrión y Giuseppe Marzullo señalaron a El Comercio que estos mensajes de Twitter podrían ser usados por la fiscalía para oponerse a cualquier pedido de variación de la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo.

Para Vargas Valdivia, esta situación ameritaría que la fiscalía pida información al INPE sobre si el expresidente porta equipos que le permiten hacer ese tipo de publicaciones o cómo es que Castillo tiene alcance a estos medios de comunicación. El exprocurador advirtió que esto podría derivar en una sanción administrativa si es que hubiese funcionarios involucrados.

“Probablemente eso [las redes sociales] se las esté manejando un tercero, pero eso también podría ser materia de un debido esclarecimiento [del INPE] .... Esto serviría a la fiscalía para demostrar ante el Poder Judicial que la conducta procesal del expresidente no es adecuada y oponerse a cualquier pedido de variación de la prisión preventiva ”, indicó.

No obstante, explicó, “no se podría acreditar el delito de usurpación de funciones” porque Castillo “no ha intentado ejercer un acto propio de la función” que supuestamente estaría usurpando.

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Carrión tuvo una opinión similar. “Desde la perspectiva penal no constituiría el delito de usurpación de función porque no tiene ningún tipo capacidad al ya no ser funcionario público [...] No es solo decirlo o señalarlo sino realizar una acción concreta”, dijo.

El penalista aseveró que la utilización de las redes sociales no constituye un delito; sin embargo, estos mensajes pueden ser utilizados por la fiscalía para sustentar un peligro adicional de obstrucción de las investigaciones.

“En algún momento él va a pedir la variación de su condición, pero él con estas conductas hace que la investigación se mine, perturbe y obstruya. Con estos tuits, la fiscalía tendría buenos argumentos para impedir que salga de prisión”, añadió.

Marzullo coincidió con sus colegas. “El peligro procesal tiene dos vertientes: la primera, el peligro de fuga y la segunda, el entorpecimiento de la actividad procesal [...] La cercanía que tiene Castillo con los presidentes a los que agradece en sus tuits, podría representar un peligro de fuga porque si se le varía la prisión preventiva a comparecencia con restricciones, con impedimento de salida, nada garantiza que no acudirá inmediatamente a las embajadas de estos países a asilarse”.

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