El 14 de julio del 2020, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aplicó la primera medida de suspensión provisional contra un fiscal supremo implicado en las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Se trata del fiscal Tomás Gálvez Villegas, quien la próxima semana podría estar reincorporándose al Ministerio Público al vencer los seis meses de plazo que se le aplicó como medida cautelar dentro del proceso disciplinario inmediato que le sigue la JNJ.
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La misma situación podría ocurrir con el ex fiscal de la Nación suspendido, Pedro Chávarry y el juez supremo Martín Hurtado Reyes, procesados disciplinariamente y para quienes se les aplicó la misma medida el 24 de julio del 2020.
Los tres magistrados, cuyas actividades fueron suspendidas por la JNJ, son investigados en el Ministerio Público por presuntos cargos de organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, entre otros.
Cuando se conoció la suspensión de Chávarry y Gálvez, El Comercio publicó un informe sobre los nuevos aires en la Junta de Fiscal Supremos, porque se creó no solo un nuevo escenario al interior del Ministerio Público, sino que -según dijeron en aquel momento fuentes de la fiscalía- se había retomado la estabilidad. Se advirtió además que la situación de ambos fiscales generó un clima de inestabilidad y enfrentamientos que, por ahora, han quedado de lado tras su salida provisional.
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El Comercio pudo conocer que en el caso de Chávarry, la JNJ no admitió su reconsideración contra la medida de suspensión, por haberla presentado fuera del plazo de ley.
En noviembre del año pasado, tanto Gálvez Villegas como Hurtado Reyes apelaron las medidas de suspensión, sin embargo, hasta la fecha, no hay una respuesta por parte de la JNJ.
En declaraciones a este diario, el saliente presidente de esta institución, Aldo Vásquez, informó que en octubre pasado que ya se estaba culminando con los informes finales sobre la situación de los tres investigados. Se preveía que los casos serían concluidos en diciembre último, pero ello no ocurrió.
De otro lado, en una reciente entrevista con este Diario, la electa presidenta de la JNJ, Inés Tello de Ñeco -quien este lunes asume en el cargo- informó que se estaba por recibir los informes sobre las conclusiones finales de los tres casos y dar término a los procesos disciplinarios inmediatos instaurados.
-Ampliarían plazo de suspensión-
Fuentes de la JNJ consultadas para este informe, explicaron que la paralización de las funciones por la pandemia mundial, la carga procesal y el trabajo para llevar a cabo otras labores a cargo de la institución, han retrasado la expedición de los informes sobre los casos Gálvez, Chávarry y Hurtado. A ello, se suma que han venido realizando algunas diligencias dentro de estos procesos disciplinarios.
Conscientes de que no podrán concluir antes de la próxima semana, las fuentes informaron que al interior de la JNJ se analiza la posibilidad de una ampliación del plazo de suspensión para los altos funcionarios.
Según el artículo 91 del reglamento de procedimientos disciplinarios de la JNJ, se puede ampliar la medida cautelar hasta por otros seis meses adicionales.
No obstante, aclararon desde la JNJ, en estos casos la ampliación de la suspensión sería menor a la prevista por ley. Al menos, eso estaría evaluándose en el caso de Gálvez Villegas.
La propuesta para ampliar el plazo de suspensión provisional deberá ser formulado por los respectivos magistrados instructores (ponentes) de cada caso.
Cuando los informes finales sean puestos a conocimiento del pleno de la JNJ, se notificará a los magistrados supremos procesados disciplinariamente y luego de cinco días deberá realizarse una última audiencia para que sus casos sean sometidos a votación.
Desde la JNJ aseguraron que vienen trabajando para que estos procesos se resuelvan en este mes.
Según el artículo 15 inciso “D” del Reglamento de Procesos Disciplinarios, la JNJ tiene nueve meses para resolver los procesos instaurados y solo puede ser ampliado por tres meses. Por ello, enfatizaron que se encuentran dentro de los plazos establecidos.
Actualmente, la JNJ tiene en total 185 procesos disciplinarios e investigaciones propias desde que inició funciones en enero del 2020. A ello, se suma los procesos con propuesta de destitución que envió el Poder Judicial para 160 jueces, que vienen siendo analizados.
La entidad también llevó adelante la elección de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Viene realizando el proceso para la elección de el/la jefe(a) de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y se prepara una nueva convocatoria para elegir a el/la jefe(a) de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que fue declarado desierto.
Fuentes de la entidad han confirmado que en los próximos días se estará reglamentando la convocatoria para cubrir las plazas de jueces supremos tal como los demandó la presidenta del PJ, Elvia Barrios; y continuarán con el inicio del proceso para elegir a jueces y fiscales titulares a fin de reemplazar a los provisionales.
También tienen en manos el proceso de ratificación de los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, cuyo reglamento ya fue publicado.
-Piden proceso transparente-
En diálogo con El Comercio, el juez supremo suspendido Martín Hurtado, confirmó que hasta el momento no ha tenido respuesta a su pedido de reconsideración. En su caso, dijo, se vienen actuando medios de prueba que han ofrecido en el marco de su proceso disciplinario.
“De acuerdo a la (Ley) 2744 nosotros como administrados tenemos derecho al debido procedimiento, no por el hecho de que estemos suspendidos pueden soslayar el derecho a un debido proceso, por eso nos estamos defendiendo y hemos ofrecido pruebas para desvirtuar los cargos que se han formulado”, indicó.
Esta es la audiencia sobre el caso de Martín Hurtado
Agregó que dichas pruebas aportadas, han ido diluyendo la mayoría de los cargos que se formularon en su contra y que, seguirá defendiéndose de la medida adoptada por la JNJ, misma que calificó de “injusta”.
“Pero todo ya está en marco de la Junta, ellos tomarán la decisión, nosotros nos seguiremos defendiendo y esperemos que actúen con objetividad y transparencia porque a veces el poder mediático no los deja tomar una decisión tranquila”, afirmó.
Luis de la Cruz, abogado de Tomás Gálvez, explicó a este Diario que se encuentran a la expectativa de lo que resuelva la JNJ. No obstante, enfatizó que su posición, desde que inició el proceso, es que fue una decisión “ilegal” por parte de la institución que nombra, ratifica y destituye a jueces y fiscales.
“Confiamos en que la verdad y el derecho saldrá a la luz, estamos a la expectativa”, afirmó.
El abogado precisó que, en el caso de su patrocinado, pese a que es sometido a un proceso disciplinario inmediato, se vienen actuando pruebas. Por ejemplo, dijo, la JNJ ha pedido una versión al juez supremo Hugo Núñez, que participó en uno de los casos por los que se le cuestiona a Gálvez Villegas.
De La Cruz, finalmente, que el proceso contra su patrocinado “está plagado de vicios”.
El fiscal supremo suspendido, Pedro Chávarry y su abogado, Julio Rodríguez, no respondieron.
El Equipo Especial a cargo de investigar a la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, considera que Chávarry sería una de las principales figuras al interior de esta red.
El magistrado supremo fue incluido luego de develarse diversos audios que registraban conversaciones con el exjuez supremo César Hinostroza, implicado también en este caso.
Según la teoría fiscal, Chávarry se habría beneficiado de la organización para ser elegido y permanecer al frente del Ministerio Público. Además, que habría beneficiado a Hinostroza con favores administrativos.
Su situación se agudizó cuando reconoció a El Comercio que sí había asistido a una reunión a la casa del empresario Antonio Camayo -investigado también en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto- pese a que lo había negado. Y, a ello se sumó un video difundido por Panorama que lo mostraba saliendo de la casa de Hinostroza en junio del 2019, tras participar en una reunión con jueces y fiscales implicados en esta investigación.
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