Tribunal Constitucional: vacancia, ascensos, Fujimori y Zevallos, entre los casos por resolver

La atención ha estado y seguirá centrada en las decisiones del máximo órgano en materia constitucional, así como en la posición que adopten cada uno de los siete magistrados integrantes del pleno del TC.

Actualmente, el TC está presidido por la magistrada Marianella Ledesma, e integrado por los magistrados Augusto Ferrero (vicepresidente), Manuel Miranda, Carlos Ramos, Ernesto Blume, José Luis Sardón y Eloy Espinosa-Saldaña.

El pleno, aún tienen entre manos, la resolución de casos importantes, no solo para la estabilidad social del país; sino también sobre cuestiones laborales y cuestiones de garantías personales.

Ello, hasta que el Congreso de la República concluya con el proceso y convocatoria, vía concurso público, para la elección de seis de los siete magistrados cuyo período de gestión se encuentra vencido.

Cabe indicar que, en declaraciones a Andina, el presidente de la comisión especial del Congreso que seleccionará a los nuevos magistrados del TC, Rolado Ruiz (Acción Popular), estimó que en un plazo de 75 a 80 días hábiles, se elegirá a los candidatos para este cargo que serán puestos a consideración del pleno para su nombramiento.

-Casos próximos de resolución-

Pero, ¿cuáles son los casos próximos de resolución que concitarán el interés por la materia a tratar, la jurisprudencia, interpretaciones o el personaje involucrado?

Entre las más importantes a tratarse se encuentra la reciente demanda competencial que el Poder Ejecutivo ha interpuesto contra el Congreso de la República, por haberse considerado la incapacidad moral como un mecanismo de control político por parte del Parlamento, para declarar la vacancia presidencial.

Con dicho argumento, recordemos, se promovió una moción vacancia presidencial contra el presidente Martín Vizcarra, que finalmente fue rechazada en el Parlamento.

El caso 00002-2020-CC ya fue admitido a trámite y notificado al Congreso para que responda a la demanda competencial. A la causa, cuya ponente es la doctora Marianella Leonor Ledesma Narváez, se acreditó el procurador del Congreso de la República Manuel Eduardo Peña Tavera.

A través de un documento, el procurador informó que fue notificado de la demanda y delegó en tres abogados particulares la defensa del parlamento, entre ellos, Enrique Guersi.

En declaraciones a RPP, Guersi sostuvo que el concepto de incapacidad moral ya fue “claramente establecido” no solo por la práctica parlamentaria, sino por las actas del debate del Congreso Constituyente de 1993 y, en sentencias del TC acerca de cómo debe entenderse este término.

Una segunda demanda competencial que deberá ser resuelta, está vinculada al caso 00001-2020-CC interpuesto por la Municipalidad de Lima contra la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El magistrado José Luis Sardón de Taboada fue designado como el ponente para el caso, donde el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, reclama la competencia de la Municipalidad de Lima para regular la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados.

Además, pide anular la resolución de la Presidencia Ejecutiva Nro. 65-2020-ATU/PE que crea la iniciativa “Sistema de Transporte Individual sostenible - SITIS”, dirigido a la implementación de una red de ciclovías definida por la ATU.

El fundamento de la normativa emitida por la parte demanda sostuvo que era necesario implementar el Sistema de Transporte Individual Sostenible–SITIS, asegurando el distanciamiento social minimizando los riesgos de contagio por el COVID-19, por medio de corredores viales para promover la movilidad activa que promuevan hábitos ambientalmente responsables. Para ello, se plantea la utilización de vehículos no motorizados como una estrategia para frenar la propagación de la Covid-19, motivo por el cual se ha visto la necesidad de impulsar una red de ciclovías temporales con la finalidad de mitigar los impactos que genere el déficit de oferta de transporte público.

-Los ascensos automáticos en Salud-

El pasado 16 de setiembre, el Congreso de la República respondió al Tribunal Constitucional la notificación de la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Ejecutivo contra la Ley N° 31039 – 2020 “Ley que regula los procesos de ascenso automático en el escalafón, el cambio de grupo ocupacional, cambio de línea de carrera, el nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y personal administrativo de la salud”.

Previamente, el 3 de setiembre el TC admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad y nombró como ponente al magistrado Augusto Ferrero Costa.

La norma, aprobada por insistencia en el Parlamento en el mes de agosto -que hasta ahora sigue vigente- disponía que el marco de la emergencia nacional, se podía incorporar al servicio médico y otros de la carrera pública, a los profesionales de la salud exonerándolos del requisito de concurso público, evaluación u otra limitación.

Su aplicación alcanza a los empleados del Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud (Essalud) gobiernos regionales y organismos públicos.

El Ejecutivo, en la demanda que aún espera la respuesta del Congreso para fijar la fecha de audiencia pública, cuestiona los alcances de dicha norma al considerar que las disposiciones emitidas por el Legislativo no están dentro de sus competencias. Sobre todo, se vulnera la facultad del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública (art. 118 Constitución) y el dispositivo tendría un impacto sustancial en el erario nacional.

Otra audiencia pendiente de fecha de audiencia pública y que fue declarada admisible a trámite es la que interpuso el Colegio de Abogado del Callao, representado por Guillermo Aguilar Velásquez (decano) contra el Decreto de Urgencia Decreto Legislativo 1492 -2020 emitido por el Poder Ejecutivo en enero del 2020.

El TC designó al magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez como el ponente de la causa.

Dicha norma fue emitida por el gobierno, donde se aprobaba diversas disposiciones para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior.

Sin embargo, para el demandante, la norma sometida a control es inconstitucional por la forma, puesto que transgrede el procedimiento establecido para su aprobación, en tanto que aborda una materia cuya regulación no estuvo prevista en la Ley autoritativa 31011 Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19. Es decir, los demandantes sostienen que el Poder Ejecutivo no contaba con competencia para regular la materia en cuestión.

-El indulto a Fujimori-

De otro lado, en este año, también han llegado ante el TC diversas demandas de habeas corpus personales que ya han sido derivadas a diversas salas dentro de la máxima entidad en materia constitucional.

Dos de ellos, están vinculados a sendos recursos interpuestos por la familia del expresidente Alberto Fujimori, respecto a su excarcelación por violación a sus derechos fundamentales.

En el recurso 00661-2020-HC, representado por el abogado César Nakazaki, se cuestiona la decisión del juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca, quien declaró inaplicable el indulto humanitario que dispuso el expresidente Pedro Pablo Kuckzynski en diciembre del 2017. La decisión fue confirmada en segunda instancia suprema.

Con dicha decisión judicial, emitida el 3 de octubre del 2018, se ordenó el regreso de Fujimori Fujimori al penal de Barbadillo para que termine de cumplir la condena de 25 años que se le impuso en el 2009. Había permanecido en libertad cerca de diez meses, tras el indulto.

César Nakazaki, declaró en su oportunidad a RPP que esperaba que el TC “se tomen un buen tiempo para que haya la tranquilidad necesaria” para analizar su recurso.

El caso será analizado por la Sala 1 del TC y se ha designado como ponente al magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez. También integran este colegiado los magistrados Manuel Miranda Canales (presidente) y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.

El segundo recurso de hábeas corpus ha sido interpuesto por sus hijos Sachie Marcela Fujimori Higuchi de Koenig y Hiro Alberto Fujimori Higuchi y ya fue derivado a la Sala 2 del TC, donde el magistrado Ernesto Jorge Blume Fortini fue designado el ponente del caso. Esta Sala también está integrada por los magistrados Augusto Ferrero Costa (presidente) y José Luis Sardón de Taboada.

La demanda (01162-2020-HC) se vincula al pedido que hicieron los hijos del expresidente, y que fue rechazada en dos instancias del Poder Judicial, para que su padre pueda ser excarcelado al ser parte de la población vulnerable que puede ser afectada por el COVID-19.

“Estamos, respetuosamente, disconformes con ella [el fallo] por cuanto de una revisión general se puede inferir que la sala concluye que pese a existir un riesgo de contagio, determina que mejor el señor Fujimori esté en el penal y eso está mal, estamos hablando de una persona mayor”, expresó en su momento el abogado Elio Riera, defensa de Fujimori en estre caso, en declaraciones a RPP.

El COVID-19 también ha sido la base para acudir ante el TC por parte del ex dueño de Aerocontinente, Fernando Zevallos Gonzáles, quien ha sido condenado por el delito de tráfico de drogas a 27 años de cárcel.

El Poder Judicial rechazó excarcelar a Zeballos -que cumple condena en el penal de Ancón I - y dispuso que el Instituto Nacional Penitenciario facilite a sus familiares que puedan proporcionarle medicamentos y oxígeno, si lo requiere.

El TC derivó el caso 01153-2020-HC a la SALA 1, donde se nombró al magistrado Manuel Jesús Miranda Canales como ponente del caso.

Su abogada, Madeleine Reyes Gastelú, había solicitado que sea trasladado a una clínica particular y sea atendido con su seguro privado. Alegó un trato inhumano y desidia de atención médica.

El exalcalde de la Municipalidad del Callao, Juan Sotomayor, también ha recurrido al Tribunal Constitucional a través de su abogada Budelia Margarita García Crescimbeni, por presunta vulneración contra su derecho a la libertad.

En mayo y junio, el Poder Judicial ratificó su prisión preventiva en el marco de la investigación que se le sigue por su presunta vinculación con la organización criminal “Rich Port 2”. Y además, rechazó un recurso constitucional para ser excarcelado por ser parte de la población vulnerable.

El caso 01156-2020-HC será analizado por la Sala 1, donde el ponente designado fue el magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez.

Luego de que el Pleno del Tribunal Constitucional rechazó su pedido para ser trasladado al Hospital Militar Policial, por ser parte de la población vulnerable ante el Covid-19, Antauro Humala Tasso interpuso dos nuevos recursos de hábeas corpus por sus condiciones carcelarias.

Los pedidos (Exp. 01191-2020-HC y Exp. 01182-2020-HC) las hizo a través de su abogado Ricardo Franco de la Cuba. El primero ha sido derivado a la Sala 1 del TC donde el ponente será el magistrado Manuel Jesús Miranda Canales y el segundo lo verá la Sala 2 del TC donde el magistrado Augusto Ferrero Costa, fue designado ponente de la causa.

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