El fallo sobre Fujimori y un preocupante telón de fondo

El sorpresivo fallo del juez chileno Orlando Álvarez, que niega la extradición del prófugo ex presidente Alberto Fujimori, es ciertamente polémico y abierto a la controversia tanto en el Perú como en Chile.

¿Cómo es posible que este magistrado tenga una posición tan radicalmente opuesta a la de la fiscal Mónica Maldonado, al punto de no dejar un solo argumento de esta en pie?

Efectivamente, el fallo del juez Álvarez --a diferencia de la firmeza de la fiscal chilena que encontró evidencias suficientes-- resulta en el fondo muy concesivo. Ni siquiera encuentra indicios mínimos de delito, que es lo que el procedimiento exige para aprobar la extradición.

Es decir, no deja ningún resquicio para que se juzgue a Fujimori en nuestro país, lo cual destila la sospecha de la existencia de otras razones que no sean judiciales y que más bien, en el extremo de un temor fundado, pudieran ser razones de Estado.

Esta disparidad de caracteres da lugar a la suspicacia y solo sería explicable por las presiones políticas que rodean el caso desde un inicio, a pesar de los desmentidos de los gobiernos de Chile y Japón. Y no solo por la controvertida postulación de Fujimori al Senado nipón (al centro de lo cual se sitúa el tema de la nacionalidad predominante), sino por el delicado momento que atraviesan las relaciones económicas chileno-niponas. Precisamente ayer la Cámara de Diputados de Chile aprobó el TLC con Japón.

Pero el proceso aún no termina. Ante esta situación tan compleja, ha hecho bien el Gobierno Peruano en anunciar que apelará el fallo del juez Álvarez, para hacer valer los atendibles argumentos de la extradición en la instancia siguiente, que es la Corte Suprema.

Los jueces de esta corte tienen que evaluar las evidencias y proceder conforme a derecho, para abrir paso al debido juzgamiento de graves delitos de corrupción y contra derechos humanos. La impunidad, y eso lo saben los chilenos, es inaceptable para un Estado de derecho.