Confiep: “El ministro Mucho no se merecía ese trato por parte del Congreso”

Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, conversó con El Comercio sobre la inseguridad en el país. El líder gremial consideró que se le deben dar mayores recursos al Grupo Especializado de Lucha Contra el Crimen creado por el Gobierno. Además, apuntó que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) deben buscar el fomento de la industria.

¿Cuál es el mayor logro que se ha podido articular con el Gobierno, en términos de seguridad?

La seguridad es un tema recurrente, porque es la principal preocupación de la ciudadanía, ya sea la empresa, el trabajador, el pequeño negocio o la gran empresa. Desde hace un tiempo hacemos propuestas al Gobierno. Desde el sector nos hemos unido -el gremio de trabajadores y el gremio de empresas- para hacer propuestas transversales en temas de seguridad. Lamentablemente, hasta ahora no vemos mucho avance.

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¿Funcionaron los estados de emergencia?

No han funcionado realmente. Las propuestas (que traemos) están enfocadas en cómo administrar mejor la justicia. Se propusieron centros de flagrancia para crímenes como arranchar el celular e irse, pero el tipo de violencia y de criminalidad que ahora tenemos requieren mucho más que eso. Se requiere de hacer inteligencia, investigación, seguimiento, escucha, porque es crimen organizado, sicariato.

El Gobierno creó el Grupo Especial de Lucha Contra el Crimen Organizado, el comando Greco, donde la Policía seleccionó a los oficiales más destacados para que sean los miembros. Cuando los fuimos a visitar, no tenían absolutamente ningún recursos para trabajar. Trabajaban en el piso y con sus propias computadoras personales y su propio celular. Recientemente firmamos un convenio para desde Confiep ayudar a financiar el Comando Greco con drones, equipamiento, computadoras, laptops, escuchas, micrófonos.

¿Cuándo se firmó el convenio?

La semana pasada. Ya veníamos haciendo aportes a través de empresas, de los gremios de la Confiep y la Confiep misma, han hecho aportes para poner ‘drywalls’, luz y electricidad. No existe un compromiso y una vocación contra la lucha contra el crimen organizado. Hemos identificado desde el sector privado y en reuniones con la Fiscalía y con el Poder Judicial cuáles son los cuellos de botella para eso.

Primero, no tenemos servicio de inteligencia nacional y sin eso es muy difícil combatir el crimen organizado. Hay que implementar inteligencia. Tampoco tenemos especialistas, en el Perú: médico legistas, médicos de criminología.

En la parte judicial, tenemos juzgados abarrotados. Hace poco estuve con el presidente del Poder Judicial y me enseñó la sobrecarga que tienen. Más del 80% de la carga del Poder Judicial está en los juzgados de familia y esto ocupa gran parte de su presupuesto. Podrían trasladarse parte de esas competencias, las no contenciosas, a las notarías.

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Si bien firmaron esta alianza en apoyo a este nuevo grupo, ¿estructuralmente es la mejor idea para luchar contra la inseguridad?

Me parece que sí. Hay que darles competencias y herramientas para que puedan luchar contra eso.

¿La coordinación con el Ministerio del Interior ha sido fluida?

Sí. No hay que satanizar al Ministerio del Interior. Para luchar contra el crimen organizado se necesita al Congreso, la Fiscalía, al Poder Judicial y al Gobierno en general.

¿Y las alcaldías?

También, pero quiero concentrarme en los tres poderes del Estado. Las alcaldías con el serenazgo pueden ser un soporte, pero contra el crimen organizado se requieren competencias diferentes. Sobre todo, darle respaldo a la Policía.

En CADE Ejecutivos participó en un panel con propuestas concretas sobre seguridad, pero también sobre formalización. ¿Qué metas mínimas de formalización deberíamos tener para el próximo año?

El Perú tiene una tragedia, porque somos muy condescendientes con la informalidad.

¿Condescendientes o aprendimos a convivir con ella?

La convivencia con la informalidad es claudicar a la lucha contra esta. La lucha contra la informalidad tiene que ver con protección social. La informalidad no la podemos ver como evasión tributaria. En los ochenta estuvo bien como un mecanismo de supervivencia, pero seguir en ella te mantiene en un estado de pobreza.

Las empresas que viven en la informalidad tienen que pagar cupos a los serenos para que no los boten de la calle, tienen que pagar el costo del financiamiento, el no poder acceder al sistema financiero formal. El costo del dinero es prácticamente infinito para ellos. ¿Cómo puede progresar un empresario en esas condiciones? Es imposible. ¿Qué hay que hacer? Hay que eliminar las barreras hacia la formalización. Acá [en el país] nos empeñamos por subirlas. ¿Qué esperamos que pase en el 2025? Nada, que siga creciendo la informalidad, lamentablemente.

¿Esa facilidad para formalizar pasa por un tema tributario?

Pasa por ordenar los tributos, pero no solo son los temas tributarios los que realmente impiden romper esa barrera. Son los permisos. Por ejemplo, sacar una licencia hoy en día para abrir una tienda pequeña (es muy difícil).

Y ello varía en cada municipio.

Varía y la fiscalización es punitiva: es el cierre del local. Cuando te cierran el local, matas al empresario. Pero en la informalidad, somos complacientes, porque la informalidad en realidad es ilegalidad. ¿Qué tiene que hacer ese pobre empresario que puso todo su dinero y viene el municipio o cualquiera de Defensa Civil a decirle que el extinguidor debería estar a 40 centímetros sobre el suelo y no en el suelo y, por ende, te cierran por 90 días? ¿Qué tiene que hacer? Pagan S/5 y le abren de nuevo el local. Entonces, fomentamos la informalidad.

¿Han conversado con el ministro de trabajo, Daniel Maurate, sobre esta idea?

Por supuesto. Al ministro Maurate le decimos que su principal rol es la lucha contra la informalidad, no tanto así el sueldo mínimo, por ejemplo, que alcanza al 2% de los empleos en el Perú. ¿Dónde está ubicado ese 2%? En las micro y pequeñas empresas. La gran empresa, evidentemente, no paga sueldo mínimo.

¿Qué pasa con los empleos en la informalidad? Primero, el análisis técnico del BCR dice que el sueldo mínimo debería de ser S/725, pero la realidad del sector informal es que los sueldos van en S/650, y eso por 12. El sueldo mínimo al 2025 es por 15 sueldos. Hay una brecha enorme entre formalidad e informalidad.

¿Es populista anunciar la subida del sueldo mínimo antes de finalizar el año?

De todas maneras.

Sobre la Zona Económica Especial de Chancay, ¿se debería legislar esta zona, como plan piloto o tal vez Chancay y Callao, con el 0% del impuesto a la renta, o se debería mirar a todas las zonas económicas y generar una ley general que no implique el 0% del impuesto a la renta?

Las Zonas Económicas Especiales deben estar absolutamente dirigidas a fomentar una industria o una actividad económica, dedicada al comercio exterior y a la exportación. Por ejemplo, si queremos atraer a una fábrica de automóviles chino, creo que hay que darles facilidades para instalarse.

¿Para que se ensamblen aquí los vehículos?

Para ensamblar, para fabricar los automóviles acá. Hoy día tenemos cobre y litio, por eso el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si podemos fomentar la fábrica de transformación del cobre en bruto a cables para los automóviles? Lo mismo con el litio y la fábrica que ensambla la batería. No se haría en el Perú si no damos condiciones especiales.

El Puerto de Chancay nos da la oportunidad de generar una ZEE importante, porque en Chancay hay una disposición de suelos. Hagamos el Chancay-Callao.

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Está el parque industrial de Ancón.

¿Qué pasa si en Chancay generamos un gran parque industrial nuevo? Descentralizado de Lima, reconvirtiendo las áreas agrícolas en áreas industriales. Acá una ensambladora de coches necesita cerca de 1.000 hectáreas. ¿Cuánto serán las otras? Si queremos pensar en grande, tendríamos que pensar en esto. ¿Las exoneraciones deberían ser cero? Creo que sí, pero no permanentes.

Es decir, 0% por una cantidad de años.

0% por 10 o 15 años, por ejemplo. De ahí en adelante, con ciertas condiciones. Por ejemplo, el ministro de Economía tenía el temor de que se usen esas ZEE para hacer un fraude a la Nación. Claro, hay que prevenir el fraude y la corrupción, pero no por eso debemos parar de soñar en grande. ¿Por qué no podemos convertirnos en el ‘near shoring’ de Asia para América? Hemos tenido experiencias como Zofratacna y Zofrailo que no han generando ningún impacto real. ¿Por qué no pensamos en generar grandes impactos? Para eso hay que generar enormes cantidades de superficie.

Para exportar valor agregado a Asia.

Valor agregado para toda América y puede ser para Norteamérica y para Sudamérica. Pueden ser empresas americanas, chinas, taiwanesas, indias para este gran mercado americano. El Perú podría, con la facilidad logística y Callao-Chancay, tener eso. A los peruanos nos falta pensar en grande.

El martes el Congreso censuró al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Parece que la ley Mape entró en un ‘stand-by’ con la censura del ministro y, más bien, está tomando cada vez más fuerza la modificación del Reinfo o la propuesta que lo extiende. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Me sorprendió la decisión del Congreso en torno al ministro Mucho. Lo cierto es que el ministro no merece ese tratamiento, ha sido un ministro muy eficiente y conocedor del sector, muy promotor del desarrollo de las empresas de su sector. Tuvo la valentía de luchar contra el Reinfo, que es una ley que pudo tener un origen de buena fe, pero tuvo unos resultados pésimos que permitieron la proliferación de la minería ilegal violenta.

Con el Reinfo se desarrollaron actividades de minería ilegal que esclavizan al minero artesanal, lo retiran de su propiedad y a punta de metralla imponen orden. El poder más que el orden. Él propuso una ley alternativa, la Mape, que no desprotege a la minería artesanal. Al contrario, la protege de estos bandidos.

Una crítica al proyecto es que se continúa dando el poder de fiscalización a los gobiernos regionales.

Este tipo de discusiones son válidas. Si hay que mejorar, hemos tenido un montón de tiempo para mejorarlo. Lo que sí es urgente es terminar con una ley que sabemos que promueve la minería ilegal y eso ha sido la causa de que retiraron al ministro.