Comisión de Economía se inhibe de opinar sobre ley que regula el delivery por ‘app’ y en vehículos motorizados

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó el dictamen de inhibición respecto al Proyecto de Ley 1381/2021-CR, que propone regular el servicio de delivery en vehículos motorizados y no motorizados, así como a las empresas proveedoras del servicio mediante aplicativos móviles o ‘apps’ de delivery.

Durante la sesión, se explicó que varias de las materias reguladas por el proyecto —como la fiscalización operativa, el seguro obligatorio y la interoperabilidad digital— no se encuentran dentro de las atribuciones específicas de la comisión, razón por la cual se propuso inhibirse y permitir que el proyecto continúe su trámite legislativo en las comisiones competentes. La votación resultó unánime con 18 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

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El proyecto había sido presentado en el 2022 por el congresista Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular) y plantea la creación de tres registros nacionales a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), uno para repartidores, otro para las empresas de intermediación digital, y un tercero para los establecimientos comerciales que utilicen servicios de delivery. Estos registros serían implementados a través de la plataforma digital única del Gobierno.

El dictamen aprobado por la Comisión de Transportes en noviembre de 2023 también contempla que los operadores del servicio compartan información relevante con entidades como el MTC, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, cuando esta sea solicitada de forma motivada. Además, establece la responsabilidad solidaria entre plataformas, repartidores y comercios en casos de incidentes durante la prestación del servicio.

La versión final del texto no incluye la creación de un nuevo Seguro Obligatorio del Servicio de Delivery en vehículos motorizados. (SOSDE), tras las observaciones de la SBS, ni una carga tributaria adicional, pero sí contempla que el reglamento de la ley será elaborado por el Ejecutivo en un plazo de 60 días.

Actualmente, el expediente del proyecto se encuentra en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde debe emitirse dictamen sobre los aspectos laborales.