Luis Miguel Castilla: “El MEF muestra que no va a tener la capacidad de reducir gasto”

Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía, conversó con El Comercio, y consideró que la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene demostrando que tiene problemas de capacidad para reducir el gasto público.

Esto se debe a la aprobación del proyecto aprobado en el Congreso donde se reduce a 14% el Impuesto General a las Ventas (IGV) y se eleva a 4% el Impuesto de Promoción Municipal (IMP), y la respuesta del titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, quien dijo que esta norma no generaría impacto fiscal. Además, anunció hoy que se propondrá elevar la meta fiscal a 2,8%.

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El Congreso aprobó un proyecto para fortalecer el Foncomun, pero establece reducir el IGV a 14% y elevar el IPM a 4%. ¿Esto es un gran retroceso en la política tributaria?

Hay que ponerlo en un contexto donde el MEF vino deslizando su capacidad de observar leyes antitécnicas del Congreso, iniciativas de gasto o perforaciones a los ingresos tributarios. Pero esto es peor, porque este proyecto, por lo entendido, tiene el visto bueno del propio Ministerio de Economía. Se apela a una descentralización fiscal que no existe, porque para descentralizar fiscalmente los recursos tienes que generar ingresos para distribuirlos.

Estos S/10 mil millones que representan 2 puntos del IGV financian otro tipo de gastos y creo que la alternativa que el gobierno anunció, y que aparentemente va a ser realidad, es relajar las reglas fiscales vigentes y financiar un mayor déficit a través de deuda.

Esto es grave, porque probablemente conlleve a dos situaciones muy perjudiciales para el país. Una es que se vuelva a poner en entredicho la calificación crediticia. Lo segundo es que nos aleje de una posible adhesión a la OCDE. En eso reviste la gravedad de esta política.

"Ahora el Congreso es el que dicta la política tributaria en el país".

¿Por qué nos deja fuera del proceso de adhesión a la OCDE? ¿Qué estaríamos incumpliendo?

El tema de la OCDE es un proceso en el que distintos comités de pares evalúan los avances del país respecto a los estándares OCDE. Lo que se verá, no solamente en el tema del IGV, es que nos aleja de los promedios de presión tributaria. En nuestro caso, 14% es la mitad de lo que tiene la OCDE. Pero vamos hacia un proyecto de ley que también fue aprobado por el Congreso: la zona económica especial y la proliferación de beneficios tributarios.

Hay dos cuestiones. Uno, no se cumple con lo que manda el Código Tributario. No se evalúa la efectividad. Lo segundo es que esto constituye iniciativa de gasto y el MEF no está defendiendo sus fueros. En el caso puntual de la zona económica especial, tiene que haber ciertos requisitos para dar beneficios tributarios. No se puede hacer de la vista gorda para que distintas empresas simplemente cambien su domicilio fiscal para pagar menos impuestos.

Esta política abre la puerta a que se creen paraísos fiscales en el país y eso va a acabar debilitando las finanzas públicas. Esto es algo que [la OCDE] ve en su conjunto, este debilitamiento de la institucionalidad y este mal uso del beneficio tributario.

Justamente, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, dijo este martes que la medida no generaría ningún impacto fiscal.

Eso es absolutamente falso. No se condice con la realidad, parece que [el ministro] no tiene experiencia en el manejo de la hacienda pública, porque esto va a incubar presiones de otros lados, puede llevar a que emitir deuda sea mucho más caro y afecte la calificación crediticia. Entonces, sí tiene una afectación.

¿Esto también demuestra una afectación fuerte en la institucionalidad y credibilidad del MEF?

Así es. Esto no solo es atribuible a la actual gestión, se vino dando hace bastante tiempo. El rol que tenía el MEF, las reglas fiscales y el Consejo Fiscal para poder defender el concepto constitucional del equilibrio presupuestario se ha venido diluyendo y ahora el Congreso es el que dicta la política tributaria en el país. Hay una clara afectación de competencias, los países con este problema institucional incuban déficits insostenibles y acaban afectando el bienestar de la ciudadanía.

Mencionando el déficit, el ministro indicó que va a proponer elevar la meta fiscal del 2025 de 2,2% a 2,8%. A abril, el déficit fiscal estaba en 2,9%. ¿Se puede llegar a la meta?

[El MEF] muestra que no va a tener la capacidad de reducir gasto y que es permisivo para que se erosionen y se reduzcan las fuentes de ingreso tributario que tenemos en el país.

El corolario es, obviamente, un aumento del nivel de endeudamiento, pero más allá de la cuestión de si se cumple o no se cumple [la regla fiscal], es la señal de una falta de credibilidad y de compromiso con el manejo prudente de las finanzas públicas. Esto se ve más allá del del dato. Es la cuestión de que la institucionalidad fiscal conducida en los últimos años por el MEF ya no es la misma y que no tiene la capacidad alguna de parar este tipo de iniciativas, peor aún, las apoya y estas no se acompañan de un adecuado análisis regulatorio o de costo beneficio.

Esto va a generar un hueco fiscal que será cubierto por deuda. Patea el problema del ajuste fiscal al siguiente gobierno. Entonces, es irresponsable. Usualmente el Ministerio de Economía ha manejado una visión de mediano plazo para las finanzas públicas y acá parece dominar el corto plazo y congraciarse con los alcaldes del país.

Los problemas de gestión son muy severos a nivel de gobiernos locales y esto no se solucionará con mayores ingresos, desfinanciando el presupuesto y asumiendo un déficit mayor.

Cabe recordar que el presupuesto de este año ya estaba desequilibrado.

Así es, por las proyecciones muy optimistas, especialmente de crecimiento económico, que es clave para sustentar los ingresos. Esto lo vamos a ver probablemente en el nuevo Marco Macroeconómico que publiquen, que es el documento clave para sustentar el presupuesto del año.

El mensaje que da el gobierno es que no le importa sacrificar la responsabilidad fiscal por supuestamente generar mayor crecimiento, pero eso es una falacia porque no se condice con las debilidades institucionales de los gobiernos locales, con la incidencia de la corrupción y con minar el activo central que hemos tenido a lo largo de estos años, que, pese a los cambios de gobierno, se ha mantenido un manejo responsable de las finanzas públicas. Esta gestión está haciendo todo por petardearla.

E insisto, hay otros actores, el Tribunal Constitucional también permitió la iniciativa de gasto, la ha relajado con sentencias bastante cuestionables.

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Desde su perspectiva, ¿por qué el Congreso se está enfocando con proyectos que inciden en el IGV?

Responden móviles políticos, no hay ningún tipo de calidad regulatoria ni técnica. Recordemos que más o menos un 40% del IGV se evade y curiosamente el MEF acababa de recibir un informe positivo al régimen de IGV que teníamos. Lo último que pedía la OCDE era que se graven los servicios digitales, que se cumplió.

Lo que están haciendo es desnaturalizar una fuente de ingresos y también atentar contra este concepto de la cuenta única del tesoro, otra recomendación de la OCDE. Acá se crea un derecho adquirido a los gobiernos locales, porque esto recursos se convierten en recurso determinado. ¿Qué significa eso? Que no se revierte al tesoro si no se gasta.

¿Habrá posibilidad de cambiar una futura reducción del IGV?

Va a ser políticamente muy complejo [cambiar esta situación] y la decisión se la deja a un siguiente gobierno. Nuevamente, lo que se está gestando es una contingencia muy grande, no están viendo las consecuencias. Este tipo de beneficios no se quitan rápidamente y veo que aumentos futuros del IGV serán políticamente imposibles.

No sé por qué hay un enseñamiento con el IGV, quizá porque buscan que sea una recaudación más fácil que el impuesto a la renta. Lo cierto es que esto es parte de un proceso para ir creando inafectaciones, beneficios tributarios a la renta y al IGV. Esto acaba mermando los ingresos permanentes del fisco. Nuevamente, si uno no ajusta el gasto, la alternativa es mayor deuda.

Esto lo ven las calificadoras, los inversionistas, el Fondo Monetario Internacional.

"Este manejo es peor del que teníamos en el gobierno de [Pedro] Castillo".

¿Esto nos pondría en peligro de perder el grado de inversión?

Esto amerita, por lo menos, una reducción de la perspectiva estable a negativa. Incluso, dependiendo de qué es lo que continúe y cómo se presente el presupuesto para el año entrante, podría significar una reducción de la calificación crediticia que nos dejaría a un peldaño de perder grado de inversión.

El ministro Pérez Reyes le dijo a Gestión que van a trabajar en un crédito suplementario. ¿Qué se puede comentar sobre ello?

Este Gabinete ni siquiera ha recibido el voto de investidura del Congreso. Entonces, la verdad es que esto llueve sobre mojado. Trascendió que una de las razones de la salida del exministro [José] Salardi fue justamente su negativa a ampliar el techo de gasto, porque un crédito suplementario modifica la ley de presupuesto ampliando el techo de gasto y sin identificar cómo esto se va a financiar.

Esto, el crédito suplementario, perforar el marco tributario y no plantear ninguna política de ajuste de gasto, y, al contrario, prometer megaproyectos de todo tipo sin pensar en la recepción presupuestaria, va en la dirección de debilitar las finanzas públicas y apunta a un desenlace mucho más rápido de una reducción de la calificación crediticia.

¿Esto también significaría un freno en el crecimiento económico?

El crecimiento económico responde a variables externas y la inversión privada. Esto básicamente hace ver al país que su sólido manejo macroeconómico hoy día solamente se reduce al manejo monetario, que felizmente hay autonomía constitucional que blinda al Banco Central de la interferencia política.

Acá lo que vemos es un Ministerio de Economía manejado por el Congreso básicamente y por móviles políticos. Esto hace perder una estabilidad macroeconómica, se ve afectada eventualmente y eso perjudica la percepción de riesgo del país en un frente que lo teníamos bastante contenido.

Este manejo es peor del que teníamos en el gobierno de [Pedro] Castillo, porque en el gobierno de Castillo no hubo mucho tiempo, pero se respetó de alguna forma el manejo prudente de las finanzas públicas. Ahora parece no importar esto so pretexto de generar mayor crecimiento.

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Respecto a los proyectos legislativos que plantean un nuevo retiro de fondos previsionales en las AFP. ¿Cuál es su opinión?

La farra continúa, hay varios proyectos para facultar un octavo retiro de los fondos previsionales sin dar ni siquiera posibilidad a que se prepublique el reglamento de la reforma previsional, que justamente estipulaba darle a todos los peruanos una pensión mínima, que también tiene un costo fiscal y que también fue cuestionado, pero que finalmente hubo un consenso para tener un esquema más solidario con todos los peruanos.

Esto muestra un Congreso absolutamente esquizofrénico que aprueba una ley y lo que hace es perforar sus propios artículos, donde prohibía nuevos retiros que no tienen ninguna justificación, porque recordemos que la mayoría de personas afiliadas tienen saldo cero en su cuenta.

Entonces, todo esto hace parte del mismo cóctel de irresponsabilidad y populismo que hemos visto que está hoy día dominando, lamentablemente, la conducción de nuestro país en el plano económico.