Más de un millón de escolares retornarán a colegios en riesgo de colapsar

El Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) aprobado en el 2017 tuvo como meta principal reducir en cerca de 60% la brecha de infraestructura educativa al 2025. Sin embargo, lejos de cumplir ese objetivo, la brecha se amplió. Al cierre del año pasado, esta asciende a S/172.000 millones, 25% más que el estimado inicial en términos reales. A pocos días del inicio escolar, la capacidad del Estado para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje es bastante cuestionable.

El 48% de los locales educativos públicos requiere ser demolido en su totalidad por representar un grave riesgo de colapso. Ello afecta a 1,2 millones de estudiantes, es decir, a uno de cada cinco matriculados en una institución pública. A partir de datos del Minedu, se estima que cerrar la brecha de infraestructura total demandaría cerca de S/27.000 por alumno. Sin embargo, el costo es mayor en las regiones más pobres como Cajamarca (S/43.000) y Puno (S/44.000), donde la mayoría de las edificaciones que requieren sustitución se ubican en el ámbito rural y atienden a una menor cantidad de alumnos.

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Cuando las escuelas públicas se tornan inhabitables, se usan módulos prefabricados temporales. En la capital, una de cada cinco edificaciones educativas presenta esas características, cuatro veces más que en el resto del país. Lamentablemente, se tornan permanentes: más de la mitad fueron instaladas desde antes de la pandemia. Lo que es peor, solo el 15% se reporta en buen estado. El uso de estos módulos predomina en los distritos de la periferia y de menores ingresos, como Pachacamac (46%) y Carabayllo (32%), donde también es mayor el porcentaje de locales con grave riesgo de colapso.

Adicionalmente, persisten grandes brechas en el acceso a servicios básicos, sobre todo en el ámbito rural. En el 2025, solo el 22% de colegios públicos rurales contó con acceso a los tres servicios básicos, por debajo de su nivel en el 2015 (26%). En el ámbito urbano, el acceso a estos servicios se elevó de 76% a 81% en la última década.

Equipos deficientes e insatisfacción

Las brechas educativas no se limitan a la infraestructura. También persisten rezagos en el equipamiento, especialmente el digital. En el 2025, el 20% de las computadoras y laptops de primaria y secundaria públicas se encontraban inoperativas, por encima del 2019 (12%). En el caso de las laptops XO del programa del Minedu Una Laptop por Niño, más de la mitad estaba inoperativa en el 2025, frente a 32% de la prepandemia. El problema también alcanza a impresoras, televisores y proyectores, con casi uno de cada cinco inoperativo.

Estas diferencias son grandes entre colegios privados y públicos, lo que amplía la brecha digital. Por ejemplo, mientras que los primeros tienen cerca de 120 computadoras y laptops por cada 1.000 estudiantes, en colegios estatales se reduce a alrededor de 100.

Estas deficiencias se reflejan en la percepción ciudadana sobre la educación, especialmente en la oferta educativa estatal. Más del 20% de la población considera que el equipamiento de los colegios públicos (carpetas, computadoras y laboratorios) es malo o muy malo, frente a 4% en los privados. En infraestructura, la insatisfacción (18%) es seis veces mayor en los colegios públicos.

Tarea pendiente al 2026

Recientemente, el Minedu aprobó la ampliación del PNIE hasta el 2028. Sin embargo, no se asegurarán avances si no ejecuta una estrategia de inversión y mantenimiento con prioridades territoriales, cronogramas y metas verificables. Esto requiere mayor liderazgo en el sector, algo que no ocurrió bajo el gobierno de Perú Libre apoyado en una base docente. A esto se suma lo nefasto que ha resultado la alta rotación de ministros al frente de la cartera de educación en la última década (16), lo que ha dificultado la continuidad de las políticas y su implementación sostenida.

Asegurar una educación de calidad exige que los colegios cuenten con condiciones mínimas de infraestructura, servicios y equipamiento operativo. Solo así la educación generará retornos de largo plazo para la población y el país. No hay tiempo que perder en garantizar las condiciones más adecuadas posibles de cara al inicio del año escolar 2026. No obstante, la tarea pendiente para el siguiente gobierno electo permanece enorme.