El Perú ya no crece a las tasas a las que solía crecer a comienzos de este siglo. Este retroceso tiene una correlación con el incremento de la regulación estatal. Según datos de la OCDE, el Perú tiene una carga burocrática por encima de otros países y la cantidad de procesos administrativos nuevos que han surgido en los últimos años va en detrimento del avance de la iniciativa privada.
Justificando su actuación en supuestas fallas del mercado y la necesidad de proteger a los consumidores, el Estado suele tomar medidas, muchas de ellas revestidas de buenas intenciones, que se plasman en regulaciones que, a veces sin intención, terminan surtiendo efectos contrarios o colaterales a los buscados, afectando con ello la competencia.
No debemos caer en la pasividad ni en la inacción frente a este avance. Los gremios empresariales, la sociedad civil, entre otros agentes económicos, deben salir al frente de este avance inexorable de una sobrerregulación que causa un impacto negativo, afectando las libertades y las posibilidades de emprendimiento al generar que las empresas se vean obligadas a destinar parte de sus recursos internos a su cumplimiento, recursos que tienen un alto costo de oportunidad, pues deberían estar destinados al incremento de la capacidad productiva necesaria para generar crecimiento, empleo y bienestar.
No es aceptable que en un país como el Perú, con brechas de infraestructura pública tan grandes, desarrollar el proyecto de ampliación de un aeropuerto, entre otros proyectos de infraestructura, tarde casi una década en su aprobación y ejecución.
Según datos de la encuestadora IEP a enero del 2023, el 51% de la población opina que el Estado debería ser el dueño de las principales empresas e industrias del país, y tener una activa participación en la regulación de los mercados, lo que valida que el Perú tiene fuertemente arraigada la noción asistencialista e intervencionista del Estado y no la noción de la tradición inicial anglosajona, en la cual el Estado debe brindar a sus ciudadanos los medios y la libertad necesaria para el desarrollo de sus proyectos de vida.
La historia ha demostrado que aquellas naciones cuyos sistemas económicos se han basado en el respeto a la propiedad privada, junto con la libertad y el fomento de la competencia, han generado un mayor desarrollo económico y bienestar para sus ciudadanos, a diferencia de aquellas naciones que han basado su economía en una planificación centralizada.
En especial, el consumidor siempre ha sido el principal beneficiario de los procesos de apertura y desregulación de los mercados, logrando que productos y servicios que en algún momento eran inalcanzables para el ciudadano promedio, puedan democratizarse y estar al alcance de las mayorías. Un buen ejemplo de esto es lo ocurrido en el sector aerocomercial, donde volar en avión ya no es considerado un bien superior o de lujo.
Defendamos con convicción los beneficios del libre mercado, y cambiemos percepciones equivocadas del sector privado, ya que es precisamente este sector, libre de excesivo intervencionismo, el verdadero y principal motor de crecimiento.
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