Durante 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enfrentó la disyuntiva entre impulsar la economía, tras un año recesivo, o ejercer un mayor control fiscal. Las cifras indican que lo primero fue prioridad.
Tal como anticipamos en Macroconsult, el déficit fiscal cerró dicho año cerca del 4% del PBI, la cifra más alta desde 1992, resultando en el incumplimiento de la regla fiscal por segundo año consecutivo. Esto en un contexto marcado por la rebaja de calificación crediticia de S&P, que nos deja a un paso del límite del grado de inversión, aunque en el caso de Moody’s y Fitch se dio una mejora de perspectiva.
En este periodo los riesgos fiscales se hicieron más evidentes. Uno de los principales fue el crecimiento del gasto corriente asociado a remuneraciones, sobre todo en los gobiernos subnacionales. Dicho gasto, que se ha acelerado en los últimos tres años, carece de una política clara que lo sustente. Para 2025, esta tendencia no se revertiría. Según el presupuesto aprobado de este año, el gasto vinculado a dicho rubro crecería en casi S/ 4.000 millones, S/ 2.000 millones más de lo planteado en la propuesta inicial.
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A esto se suman la aprobación de iniciativas legislativas que aumentan el gasto rígido y reducen la capacidad de recaudación. Entre las más recientes se encuentran: la eliminación de límites económicos a la negociación colectiva, la creación de 20 nuevas universidades, la prórroga de exoneración del IGV a restaurantes y alojamientos, entre otros. La interpretación del Tribunal Constitucional acerca de que el Congreso puede tener iniciativa de gasto siempre que no sea en el año fiscal vigente, ha sido aprovechada ampliamente, aumentando el riesgo de futuros ajustes con posibles efectos adversos en la economía.
Otro elemento crítico es PetroPerú, cuyos resultados financieros negativos fueron un lastre para las cuentas públicas en 2024. Este año, es altamente probable que se requieran medidas de salvataje financiero o nuevas prórrogas en sus pagos, lo que añadiría una mayor presión fiscal.
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Así, en 2025, si bien se espera que los ingresos se beneficien de una regularización minera récord, los riesgos asociados al gasto persistirán. En esa línea, Macroconsult proyecta que el déficit al cierre del año se ubicaría cerca de 2,8%, incumpliendo la meta fiscal por tercer año consecutivo e incrementando la probabilidad de una degradación crediticia. Y si bien es poco probable que se pierda el grado de inversión, gracias a fundamentos como una deuda pública debajo de su límite (38% del PBI), es un riesgo que no debe ser subestimado.
Es imperativo que se adopte un control más riguroso del gasto público, priorizando la eficiencia. Por el lado de los ingresos, es necesario retomar iniciativas que permitan reducir la evasión tributaria y generen mayores ingresos permanentes. Solo a través de estas acciones será posible garantizar la estabilidad fiscal y preservar la confianza en nuestra economía.
