Envíos de oro ilegal llegarían a US$12 mil millones en 2025 mientras que proyectos de cobre siguen estancados

El Perú registra el 44% de envíos de oro ilegal al mundo. Esta participación supera a la de Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil, tendencia que podría agravarse en los próximos años, así lo advirtió Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) durante su ponencia en el II Foro de Informalidad: “Perú Formal: Retos y soluciones para un futuro competitivo”, organizado por la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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Sostuvo que en las últimas dos décadas el volumen de las exportaciones de oro ilegal se ha multiplicado por ocho, y para el 2025 podría igualar los US$12.000 millones de exportaciones formales de este mineral. Además, la brecha histórica entre oro legal e ilegal, que antes era de 190 toneladas, hoy se redujo a solo tres.

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Pero mientras el oro ilegal crece, el ejecutivo sostuvo que el sector minero formal muestra señales claras de estancamiento, al señalar que el país mantiene al menos US$7.000 millones en proyectos de cobre atrasados, incluidos Michiquillay, Los Chancas y Haquira, todos afectados por conflictos y presencia de minería ilegal.

Además, criticó que no existe un solo proyecto de oro con fecha definida en la cartera minera del Ministerio de Energía y Minas, lo cual refleja el deterioro de las condiciones para la inversión formal en un país donde la actividad ilegal avanza.

“El auge del oro ilegal se sostiene no solo en la extracción, sino en toda su cadena comercial: las empresas exportadoras se multiplicaron por cuatro en cinco años, y las comercializadoras crecieron de 4 000 a más de 13 800 en la última década. Además, los destinos de exportación han migrado hacia mercados con menores exigencias de trazabilidad, como Emiratos Árabes Unidos e India”, remarcó.

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En paralelo, la informalidad empresarial se ha convertido en una barrera estructural para el crecimiento económico, advirtió Roberto De La Tore, presidente de la CCL. Sostuvo que los trámites excesivos dificultan el proceso de formalización de los negocios, pues abrir una empresa en el país requiere 3,332 horas de trámites administrativos, equivalente a cuatro meses y medio de trabajo, además de costos iniciales de formalización que pueden superar los S/ 1 800, sin considerar los gastos adicionales según el tipo de empresa y la ciudad. Esto contribuye a la expansión de la informalidad.

De La Tore agregó que, según cifras del INEI, en su Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), el 70,7 % de la PEA ocupada trabaja en la informalidad, lo que significa que 7 de cada 10 peruanos no está sujeta a la legislación laboral. No obstante, la situación es aún más crítica en el ámbito rural, donde la informalidad alcanza al 94,8 % de la PEA ocupada.

En ese sentido, sostuvo que la informalidad es uno de los desafíos más complejos que enfrenta el país, pues afecta la recaudación, la inversión y, sobre todo, las oportunidades para millones de peruanos que buscan un futuro mejor.