Demandas contra el Estado Peruano bajo la lupa: por qué somos uno de los países con más arbitrajes nuevos ante Ciadi

No obstante, resalta que el Perú y Colombia se posicionan como los países que lideran el número de nuevos casos en ese período, cada uno con cinco de ellos.

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¿Es una cantidad que debe generar alarma? Son diversas las posiciones al respecto. Si bien existe un incremento sostenido en el número de casos en el mundo, se trata en particular de una cifra inusual para el Perú, que ha registrado ante el Ciadi 22 casos entre 1998 y el 2018, advierte Mario Reggiardo, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

De hecho, la tasa de respuesta a favor del Estado Peruano en el Ciadi ha sido alta e incluso superior al promedio. De los nueve casos que lograron obtener sentencia, el Perú ganó seis y perdió tres.

“El Perú respetaba muy bien sus tratados y era muy conocido en medios de arbitrajes internacionales que era difícil ganarle por eso mismo. Esa política, lamentablemente, cada vez se va dejando más de lado”, explicó Reggiardo. Para el abogado, desde hace unos años, se vienen dando casos de inacción del Ejecutivo para proteger a los inversionistas.

En cambio, para Javier Ferrero, asociado principal del Estudio Echecopar, esta “segunda generación de casos contra el Perú que ha iniciado el año pasado” respondería a varios factores. Por un lado, el Perú tiene 33 tratados bilaterales de inversión (frente a los 19 que tiene Colombia, por ejemplo); y por otro, existiría una nueva visión de lo que es la inversión extranjera ante los cambios presidenciales.

Si existen varios casos pendientes, añade Álvaro Aguilar, secretario general del Centro de Arbitraje de AmCham Perú, ello significa “que hemos tenido grandes inversiones en el país” y resaltó que dichas demandas “no necesariamente significan que tienen razón”.

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Fuentes del Ejecutivo, además, señalaron que en muchas ocasiones se trata de intentos infundados para ejercer presión en los estados a fin de modificar políticas regulatorias que son legítimas.

Cabe señalar que el último caso registrado ante el Ciadi fue el de Deviandes debido a que en el 2018 se suspendió la instalación de una garita de peaje en Ticlio tras protestas en contra; y sin llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes respecta a una compensación.

CONGRESO: EL NUEVO FACTOR

La pandemia del COVID-19 también ha permitido que el Estado dé cabida a una serie de regulaciones especiales que podrían tener un impacto en las inversiones si es que se realizan de manera abusiva, indicó Ferrero y tomó como ejemplo la ley que suspendió el cobro de peajes.

No obstante, agregó, se pueden generar potenciales arbitrajes contra el Perú en torno a las iniciativas del Congreso que permiten el retiro masivo de los fondos de las AFP. “Si bien se puede decir que es una medida por un tema económico, cuando se vuelve constante como las medidas del Congreso, se comienza a desnaturalizar el sistema de fondos de pensiones, del cual provienen inversionistas extranjeros”, subrayó.

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Por el lado del Ejecutivo, si bien el Estado tiene derecho a realizar regulaciones dentro de un grado de razonabilidad, en medio de una situación atípica como lo es la pandemia, existen criterios que revisará el Ciadi, informó Álvaro Aguilar, de Amcham Perú. “Ese grado no es un estándar local sino internacional (que no sean discriminatorias ni arbitrarias)”, añadió.

Ante este panorama, Reggiardo señala que “se nos van a venir más casos, lamentablemente”; y advirtió que es posible que las nuevas demandas ya no cuenten con una alta probabilidad de ser favorables para el Estado.

Finalmente, el socio del estudio Payet precisó, la afectación para esta carga arbitral para el Estado pasa por gastos en su defensa (que pueden llegar a costar US$4 millones por caso), hasta por generar una imagen negativa para inversionistas que deseen ingresar al país.

SEPA MÁS

• El Sistema de Coordinación y Respuestas del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicresi), que es parte del Ministerio de Economía, es el ente encargado de gestionar las controversias internacionales en el Estado. Su primera función, explicó Ferrero, es iniciar el trato directo con la empresa demandante. Esta instancia, cuyo fin es resolver la controversia sin necesidad de entablar una demanda, dura un promedio de seis meses.
• Además de los 28 casos que el Estado Peruano tiene en total ante el Ciadi, el Perú enfrenta al menos 3 casos más ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Entre los demandantes están: Bacilio Amorrortu, The Renco Group, Inc. y Panamericana Television S.A.

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