Presupuesto 2026: más de 70 disposiciones adicionales elevan la rigidez fiscal y refuerzan la influencia del Congreso, advierten especialistas

El Congreso aprobó el Presupuesto del Sector Público para el 2026 por S/257.562 millones, manteniendo el monto global propuesto por el Ejecutivo, pero incorporando más de 70 disposiciones adicionales que, según especialistas, profundizaron la rigidez del gasto y reforzaron la influencia del Congreso sobre la estructura presupuestal. Aunque el número fue menor al del año pasado —cuando superó las 100 disposiciones— siguió representando casi el triple del promedio observado hace una década, lo que evidenció una incidencia creciente del Legislativo en la definición de compromisos fiscales permanentes.

Para Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto y exministro de Economía, este incremento inusual de disposiciones complementarias refleja un cambio estructural en la forma en que se construyen las leyes de presupuesto. Señaló que muchas de estas medidas están orientadas a crear beneficios permanentes —bonificaciones, ascensos y ajustes remunerativos— que elevan el gasto corriente y serán difíciles de revertir. Asimismo, advirtió que, al aprobarse la ley en el Congreso, el Ejecutivo queda sin capacidad real de filtrar los proyectos añadidos, lo que debilita los criterios técnicos de priorización.

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Miguel Alzamora, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que el incremento presupuestal total para el 2026 fue uno de los más acotados de los últimos años, pero que la discusión relevante estuvo en cómo se distribuyó el presupuesto dentro del Estado. Explicó que el rubro de remuneraciones continuó creciendo por encima de la inversión y la adquisición de bienes, consolidando una estructura que incrementó la rigidez del gasto. “Las remuneraciones, una vez establecidas, reducen la flexibilidad futura del presupuesto y dejan menos margen para realizar ajustes”, afirmó. También indicó que el servicio de la deuda (lo que el Estado paga cada año para cumplir con sus obligaciones de deuda pública) ganó peso y condicionó la capacidad de reasignación.

Sobre las disposiciones adicionales, Alzamora sostuvo que su volumen confirmó un cambio significativo en el rol del Congreso dentro del proceso presupuestal. Recordó que hace una década estas disposiciones buscaban priorizar proyectos de inversión; en los últimos años, en cambio, se concentraron en aumentos remunerativos, beneficios permanentes y medidas de impacto corriente. Esta tendencia, afirmó, tuvo efectos directos sobre la calidad del gasto y la capacidad de impulsar inversión pública.

Castilla coincidió en que la presión proviene no solo del número de disposiciones, sino de su orientación. Indicó que, al concentrarse en gasto corriente y compromisos permanentes, estas medidas desplazan recursos que deberían destinarse a cerrar brechas de infraestructura y a sostener inversión pública. Para él, el resultado es un presupuesto más rígido, con menor espacio para corregir desequilibrios o responder a choques económicos.

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Otro punto de coincidencia entre ambos especialistas fue la redistribución de recursos hacia gobiernos locales. Castilla advirtió que el presupuesto aprobado trasladó más de S/1.600 millones del Gobierno Nacional a estos niveles, en un año en que las autoridades municipales y regionales cierran su gestión. “Esto puede incentivar una ejecución acelerada y de menor calidad técnica”, dijo.

Alzamora reforzó este análisis al recordar que los cambios recientes en los fondos municipales incrementaron los recursos sin mejoras equivalentes en capacidades técnicas. Señaló que esto elevó el riesgo de proyectos inconclusos o mal diseñados, especialmente en un contexto de cierre de gestión subnacional. Asimismo, agregó que en 2027 habrá nuevas autoridades en cerca de 2.000 municipios que iniciarán su periodo con más recursos acumulados y mayores desafíos de ejecución.

En materia de sostenibilidad fiscal, Alzamora indicó que, si bien el equilibrio proyectado para 2026 lució consistente en papel, existe un riesgo de sobreestimación de ingresos. Recordó que en el último año el Estado recibió ingresos extraordinarios que no se repetirán y advirtió que, si la recaudación real resulta inferior a la prevista, la meta fiscal podría incumplirse nuevamente. Castilla también expresó preocupación por este punto y sostuvo que la creciente rigidez del gasto hará más difícil la tarea de cumplir las reglas fiscales el próximo año.

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En educación, el economista del IPE señaló que el presupuesto no asignó un monto directo para financiar las becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Explicó que la norma solo autorizó al Ministerio de Educación a realizar modificaciones internas para cubrir las becas, lo que implicó retirar recursos de otras líneas presupuestales y generó riesgos de sostenibilidad para los años siguientes. Castilla también observó que esta práctica de reasignaciones internas refleja una debilidad estructural en la programación del gasto, pues compromisos permanentes dependen de ajustes año a año.

Respecto a seguridad ciudadana, los S/51,9 millones asignados para continuar proyectos de inversión en el Ministerio del Interior y gobiernos locales resultaron limitados frente a las necesidades actuales. Alzamora afirmó que una estrategia efectiva debía abordar no solo la delincuencia común, sino también fenómenos vinculados a economías ilegales, como contrabando, minería ilegal y extorsión.

Para Castilla, la falta de una asignación más robusta para intervenciones estratégicas limita el impacto del gasto en seguridad y reduce la capacidad del Estado para responder a la evolución del crimen organizado.

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Sobre la ejecución del presupuesto en 2026, el economista señaló que la coincidencia entre un cambio de gobierno nacional —que normalmente ralentiza la ejecución en la segunda mitad del año— y el cierre de gestión de autoridades subnacionales —que suele acelerar el gasto— podría generar tensiones y resultados desiguales en la inversión pública.

En tanto, Castilla también había advertido que esta doble transición complicará la eficiencia del gasto y aumentará la probabilidad de desviaciones en la ejecución.

Finalmente, Alzamora advirtió que el principal reto para la siguiente administración será operar con un presupuesto más rígido y con una institucionalidad fiscal debilitada. Afirmó que la creciente influencia del Congreso en decisiones de gasto, junto con la volatilidad en el manejo de entidades como el MEF y la Sunat, afectó la predictibilidad del sistema fiscal. “Es fundamental que el próximo gobierno retome un rumbo claro y fortalezca nuevamente la institucionalidad del MEF y la disciplina fiscal”, sostuvo.

Castilla coincidió en esa evaluación y enfatizó que recuperar la disciplina fiscal será clave para evitar un deterioro adicional de la solvencia del país.