

La Municipalidad de Comas fue intervenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte tras un informe periodístico que involucra al alcalde Ulises Villegas. El caso se abrió a raíz de revelaciones sobre el presunto uso de trabajadoras municipales para actividades ajenas a sus cargos profesionales.
El reportaje emitido por Punto Final denunció que trabajadoras municipales fueron obligadas a desempeñar funciones ajenas a su labor, como animar eventos públicos en calidad de “porristas” y vestir trajes con los colores de Somos Perú, partido al que pertenece el burgomaestre.
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El Ministerio Público detalló que los fiscales adjuntos provinciales Víctor Pun Lay Siancas y Marilyn Samaniego Jiménez, junto con agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, realizaron una inspección en la sede municipal.
Como parte de las diligencias, se recogieron documentos relacionados con las contrataciones, se entrevistó a la gerenta y al procurador de la comuna y se efectuó una inspección técnico-fiscal.
De acuerdo con la investigación periodística, las servidoras involucradas no eran personal destinado a animación, sino profesionales como abogadas, ingenieras y comunicadoras.
Ellas relataron que, durante sus horarios de trabajo, se les exigía realizar coreografías y barras en colegios, pasacalles y campeonatos deportivos donde participaba el alcalde. Las órdenes eran transmitidas mediante grupos de WhatsApp manejados por gerentes municipales y por Yuriko Niño de Guzmán Tengan, secretaria general distrital de Somos Perú en Comas.

El programa presentó fotos, videos y chats que evidencian la participación de estas trabajadoras en diversas actividades en horario laboral. Asimismo, denunciaron que se les imponían “metas laborales” como generar interacciones positivas en redes sociales de la institución, priorizando la imagen del alcalde por encima de sus funciones profesionales.
Algunas trabajadoras declararon que, de negarse a cumplir estas disposiciones, se enfrentaban a amenazas de no renovación de contrato o incluso al despido. Varias de ellas aseguraron haber recibido presiones y maltratos verbales por parte de la mencionada funcionaria partidaria.

Este contexto, según las denunciantes, vulnera directamente sus derechos laborales y su dignidad al ser forzadas a cumplir funciones que no corresponden a su cargo.
Consultado por Punto Final, el alcalde Ulises Villegas negó tener conocimiento de la existencia de este grupo de animadoras. Sin embargo, el reportaje reveló que los uniformes habrían sido entregados dentro del propio municipio.
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