Ventanilla: así se extrajeron casi S/4 millones de la municipalidad en operaciones fantasmas

Esta es la historia de cómo se extrajo ese millonario monto en operaciones fantasmas, de acuerdo a las conclusiones de la Contraloría, y cuáles son los cabos sueltos de ese misterioso episodio en la municipalidad que dirige Pedro Spadaro.

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Historia de un desfalco

Los días 11, 12, 14 y 21 de mayo del año pasado, la municipalidad de Ventanilla emitió 46 comprobantes de pago por prestaciones de servicios y adquisiciones de bienes inexistentes: 25 fueron a favor del ciudadano Carlos Paredes Loayza (42) por S/1′554,638.93 y 21 tuvieron como beneficiario a la empresa JAR Ferrenorte E.I.R.L, por S/2′312,920.4. En total, S/ 3′867,559.33 que tienen en común que fue registrado tanto el compromiso de pago, el devengado y el giro por un usuario del SIAF que la municipalidad no reconoce como suyo y afirma desconocer su identidad. Lo único que, de momento, se sabe de él es el nombre con el que realizó las operaciones: MAGUILAR, pues luego fue borrado del sistema.

El usuario MAGUILAR, sin embargo, no hubiera podido realizar las gestiones si antes estas no hubieran sido registradas y aprobadas por funcionarios de la municipalidad en el SIAF pese a que no contaban con el correspondiente sustento y tres de ellas incluso no tenían la autorización de la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto (GPLP) ni de la Subgerencia de Presupuesto.

Además, para que los giros se hayan podido ejecutar se debía de contar con el visto bueno de quienes manejan la cuenta bancaria de la entidad, señala la Contraloría. Los funcionarios que tenían esos accesos eran el gerente administración Fernando Torres Vega y el subgerente de tesorería Lenin Ahuanari Ramírez.

El registro inicial

El primer paso para que se concretaran estos desembolsos era registrarlos en el módulo presupuestal del SIAF. La Contraloría señala que cinco unidades orgánicas (Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, Gerencia de Comunicaciones, Gerencia de Deporte y Gerencia de Administración y Finanzas) solicitaron las certificaciones de disponibilidad presupuestal durante enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2020 por un monto superior a los S/3 millones. De esa forma, se crearon las condiciones para hacer los pagos.

Acto seguido, diferentes usuarios de la comuna en el SIAF, entre ellos MAGUILAR, registraron los requerimientos en el módulo presupuestal para que luego un usuario de mayor jerarquía los aprobara en la sección de Operaciones en Línea. En este caso, el usuario del SIAF utilizado fue el 71261506, correspondiente a Grecia Lucía Díaz Díaz, técnica de la subgerencia de Presupuesto.

Un total de 39 operaciones se aprobaron con el usuario de Díaz Díaz del 30 de enero al 21 de mayo, pero solo 36 de ellas contaron con la autorización de la GPLP y la Subgerencia de Presupuesto, dirigidas por los funcionarios Luis Soto Hernández y Juan Carlos Urrutia Bello, respectivamente. Pese a las omisiones, los 39 certificados continuaron su camino en el sistema administrativo.

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De estos 36 registros, la Contraloría advierte que al menos ocho de ellos se ingresaron al sistema, y minutos después fueron aprobados, fuera del horario de atención de la municipalidad (5:30 p.m.). En tanto, los tres restantes, además de no contar con autorización de la gerencia de presupuesto, no tenían sustento documental (una de ellas, registrada por MAGUILAR, data del 21 de mayo y el monto aprobado fue de S/ 1′058,857.59).

La Contraloría sostiene que los funcionarios de la municipalidad debieron de advertir de estas operaciones irregulares durante esa etapa debido a que la numeración generada en los registros del SIAF es correlativa y automática. Además, señala que la funcionaria Díaz Díaz advirtió que un registro hecho por su usuario no fue aprobado por ella en horario nocturno.

-Ejecutando los pagos-

Después de registrar y aprobar los certificados presupuestales en el SIAF, el siguiente paso consistió en generar el compromiso de pago y los devengados en el mismo sistema. El informe de la Contraloría concluye que el usuario MAGUILAR se encargó de todo este proceso y lo efectuó en horario nocturno. En el caso de los devengados, estos fueron realizados entre las diez de la noche y una de la madrugada los días 11, 12, 14 y 21 de mayo del 2020.

Consultados por la Contraloría, la Subgerencia de Contabilidad aseguró que no recibieron expediente de consulta alguno.

Luego de esta acción, el mismo usuario MAGUILAR se encargó de registrar los giros a favor de Paredes Loayza y JAR Ferrenorte E.I.R.L,, que después fueron autorizados por los funcionarios que manejan la cuenta bancaria de la municipalidad.

Tanto Fernando Torres como Lenin Ahuanari negaron que hayan autorizado estos giros, pero, de acuerdo a la Contraloría, no aportaron evidencias de ello. Asimismo, Torres dijo que le entregó su clave a Ahuanari pero tampoco aportó pruebas al respecto.

Desde la Contraloría aseguran, por ejemplo, que la Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la entidad permitió “que usuarios ajenos a su ámbito y sin control ni supervisión puedan crear y eliminar usuarios y acceder al SIAF”. Como ejemplo, puso el usuario RU48412 que utilizaba Lenin Ahuanari, que fue quien creó el usuario con el que Díaz Díaz aprobó las 39 certificaciones presupuestales usadas en este caso.

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Versión municipal

La municipalidad emitió un comunicado el miércoles en el que reiteró que el 25 de mayo del año pasado denunció un hurto informático de S/1′058,857.59 ocurrido, entonces, tres días atrás (generado por el usuario MAGUILAR). Esta denuncia, dijo, se presentó tanto al Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Banco de la Nación y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, reiteró que luego de ello “se puso en manos” de la Contraloría “toda información” relacionada a la pérdida que ya no era más de un millón de soles sino de casi S/4 millones. De igual forma, insistieron que se entregó el detalle de los montos y cuentas “usadas para el ilegal beneficio económico” de la empresa JAR Ferrenorte E.I.R.L y el ciudadano Paredes Loayza.

Asimismo, dijeron que uno de los beneficiarios de este pago se trataría del presunto ciberdelincuente Julio Stevenson Gutiérrez Silva (33), detenido en febrero pasado por un caso similar en la Municipalidad de San Borja. Según la comuna de Ventanilla, lo ocurrido es un ataque al SIAF, plataforma custodiada por el MEF, aprovechando su vulnerabilidad.

“La municipalidad rechaza la conclusión acerca de que estos ilícitos cometidos obedecerían a un hecho interno”, dijeron.

No obstante, en su informe del 12 de marzo la Contraloría descartó la posibilidad de que se trate de un ataque informático. Indicó que esa versión no cuenta con respaldo técnico y, además, añadió como sustento un reporte hecho por el ingeniero Freddy Menéndez Reátegui quien concluyó que el servidor local del SIAF de la municipalidad no existen “registros o rastros de ingresos fraudulentos de terceros extraños no autorizados y que el mismo no fue víctima de un ataque de hackers”.

Los supuestos beneficiados

La empresa JAR Ferrenorte E.I.R.L inició sus actividades en febrero del 2013 y tiene como domicilio fiscal la ciudad de Trujillo (La Libertad). Como actividad comercial, registra la venta de artículos de ferretería y productos de vidrio. Su gerente es José Alindor Ramos Huamán de 61 años, nacido en Cajamarca. No figura con empresas ni propiedades en Lima. Los únicos contratos que tiene con el Estado son los que hizo con la Universidad Nacional de Cajamarca en la venta de bienes por más de S/24 mil.

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Ramos Huamán recibió de la comuna S/2′312,920.4, de acuerdo a los registros. No obstante, a la fecha, tiene un riesgo alto en su resumen crediticio y mantiene una deuda de más de S/112 mil con tres entidades financieras, según Infocorp.

En tanto, Carlos Paredes Loayza, de 42 años, reside, de acuerdo a Reniec, en el distrito limeño de San Martín de Porres. No registra propiedades ni empresas en Lima en los Registros Públicos. Paredes recibió de la municipalidad de Ventanilla S/1′554,638.93. Sin embargo, figura con un registro negativo en Infocorp y mantiene una deuda con la Sunat de 5 mil soles.

Este Diario intentó sin éxito comunicarse con estos dos ciudadanos.

Este caso viene siendo investigado por el fiscal provincial Manuel Mejía Arenaza, de la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Noroeste.

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