La Corte Superior de Justicia de Lima ordenó ayer nueve meses de prisión preventiva contra los cincos acusados de participar en una violación grupal en agravio de una joven de 21 años, ocurrido el último fin de semana en una vivienda de Surco.
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El juez Arturo Zapata Carbajal, del Juzgado Penal de Turno Permanente, dictó la medida preventiva contra José Martín Arequipeño Vizcarra, Sebastián Zevallos Sanguinetti, Diego Arroyo Elías, Andrés Fassardi San Sebastián y Manuel Vela Farje por el presunto delito de violación sexual con agravantes, cuya pena oscila entre los 20 y 26 años de cárcel.
El pedido fue formulado por la fiscal Roxana Ruíz Aguilar, del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, quien presentó los cargos en una audiencia que se prolongó por dos días.
Durante la audiencia, se determinó recabar el examen psicológico a la agraviada, los antecedentes, examen psicológico y perfil de los denunciados, la declaración instructiva de Arequipeño Vizcarra, quien guardó silencio en la audiencia, la inspección técnica del lugar de los hechos y la visualización de las cámaras de seguridad del distrito de Surco.
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Según informó la ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, en el delito imputado se están tomando en cuenta los agravantes considerados en los incisos 1, 12 y 13 del artículo 170 del Código Penal: “Que eran más de dos sujetos los que habrían intervenido en este acto delictivo, que la víctima era mujer; y que había un estado etílico. Muchos piensan que es un atenuante y no, es un agravante”, declaró a TV Perú.
Sedante en la sangre
Este Diario pudo conocer que en el examen toxicológico practicado a la agraviada se encontró benzodiacepina. Se trata de un fármaco psicotrópico que actúa sobre el sistema nervioso central, cuyo efecto es sedante, hipnótico, ansiolítico y relajante muscular. “Son medicamentos que se consiguen necesariamente con receta médica, con nombre del paciente y la fecha, porque se utiliza para dormir personas”, explicó a este Diario el médico internista Armando Rodríguez, quien informó que en el hospital Sabogal ha recibido casos de pacientes a quienes se les hizo ingerir este medicamento para robarles.
De acuerdo con la abogada penalista Liliana Calderón, de comprobarse que dicha sustancia fue suministrada por los denunciantes se invalidaría la versión de un supuesto consentimiento de la víctima. “Si la colocaron en una situación en la que no podía poder manifestar su voluntad configuraría el delito de violación en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir”, dijo a El Comercio. No obstante, aún sin el hallazgo de ese fármaco, la letrada sostiene que el testimonio de la víctima tiene un peso fundamental considerando que el Código Penal es claro al tipificar como violación todo acto sexual no consentido.
Edith Aiquipa, abogada de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, agrega que es necesario que las investigaciones de la fiscalía descarten que la benzodiacepina haya sido ingerida por la víctima por prescripción médica o automedicación. De lo contrario se demostraría que “uno o varios de los supuestos agresores buscaban lograr que quede en estado de imposibilidad de resistir”, enfatizó a este Diario. Un elemento para descartar ello sería identificar la cantidad del fármaco encontrado.
Según dijo el lunes el coronel PNP Jhonny Rolando Valderrama, jefe de la Dirección de Policía Lima Sur, la agraviada reconoció que era amiga de sus atacantes, pero que no hubo consentimiento, tal como ellos señalan. "Ella refiere que ha sido presionada, inducida, obligada”, indicó el jefe policial a la prensa.
Durante la mañana de ayer, Rosa Farje, madre de Manuel Vela, se presentó en varios noticieros para asegurar que su hijo es inocente porque abandonó el inmueble donde ocurrieron los hechos, de propiedad de sus familiares, a las 11 de la noche. “En ningún momento la agraviada lo ha sindicado como uno de sus agresores. Mi hijo se retira del lugar”, dijo.
Le corresponde al fiscal determinar el grado de participación en el delito de cada uno de los involucrados.
Hasta el cierre de esta nota, los sujetos permanecían en la comisaría de Chacarilla del Estanque a la espera de pasar por las pruebas de COVID-19 antes de ser derivados a la carceleta del Poder Judicial. Cuando esto ocurra será el Instituto Nacional Penitenciaro (INPE) el que defina en qué penal serán internados.
Abren investigación a abogado
Ayer, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) abrió una investigación preliminar contra el abogado Paul Muñoz, quien se refirió despectivamente contra la mujer que denunció la violación. “La señorita es, eventualmente, digamos que le gustaba la vida social”, dijo Muñoz días atrás.
María Elena Portocarrero, decana del CAL, calificó de inaceptables dichas frases y recordó que los abogados no pueden utilizar recursos vejatorios como argumento de defensa de sus representados. “Ha vulnerado el honor de la agraviada. Estoy en contra de cualquier afirmación que denigre y estigmatice la posición de la mujer en la sociedad. Una mujer ‘sociable’ tiene la misma calidad y el mismo respeto que cualquier persona. Estas afirmaciones no solo perjudican a la sociedad y la víctima sino a la imagen del gremio”, dijo a este Diario.
De determinarse que incumplió el estatuto del Colegio de Abogados, le correspondería una sanción que va desde la amonestación, multa, suspensión hasta la separación de gremio.
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