La caseta de serenazgo de la discordia: Municipalidad de Miraflores y vecinos se enfrentan por construcción de módulo en zona intangible

Al lugar acudieron efectivos policiales y personal de serenazgo. Los vecinos recordaron que la ordenanza 1852 de la Municipalidad Metropolitana de Lima dispone, en su artículo 6°, capítulo segundo, la intangibilidad de las áreas verdes de uso público gestionadas por las municipalidades. El documento enfatiza que “su conservación, protección y mantenimiento son acciones que, por razones de salud pública, calidad de vida, bienestar colectivo, equilibrio ecológico y sostenibilidad urbana, forman parte de la Política Metropolitana del Ambiente”.

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Los residentes precisaron que sí han solicitado a la municipalidad la instalación de módulos de seguridad ciudadana, pero exigen que estos se ubiquen en espacios que no afecten al parque. “Le hemos pedido que sí pongan los módulos de seguridad ciudadana, pero que alquile o compre un local comercial en una de las avenidas —República de Panamá o Benavides—, porque ahí es donde más se producen los robos”, manifestaron.

Durante la mañana, varios vecinos salieron de sus casas para retirar las vallas que ya se habían colocado, lo que generó momentos de tensión. Ante la insistencia colectiva de los residentes, los operarios de la municipalidad optaron por suspender temporalmente el inicio de la construcción.

El rechazo de los vecinos

Una de las vecinas de Miraflores que se opone a la instalación de la caseta en el parque Leoncio Prado es Claudia Pareja, quien comentó que desde hace meses intenta dialogar con la municipalidad, pero no ha recibido respuesta. “Personal de serenazgo empezó a traer rejas. Nos hemos llevado la sorpresa de que el alcalde ha ordenado el inicio de esta obra, que viola las ordenanzas que determinan que el parque es un área verde intangible”, afirmó.

“Han traído a la Policía para lidiar con los vecinos que estamos protestando pacíficamente, pero nosotros nos quedaremos aquí. No estamos usando la fuerza ni siendo violentos. El alcalde está rompiendo la comunidad de Miraflores por su altanería y por tratar de avasallar al vecino que ejerce su ciudadanía”, agregó.

En declaraciones a El Comercio, Pareja aseguró que la protesta de los vecinos se está llevando a cabo de manera pacífica. “Nosotros no estamos ejerciendo ningún tipo de acto violento; son los serenos y policías quienes nos están amedrentando. Han colocado de manera prepotente una reja y no nos dejan pasar. Nos sentimos muy asustados, no se nos da la oportunidad de dialogar”, expresó.

Análisis de especialistas

En una entrevista con El Comercio, el abogado por la Universidad de Lima, especialista en derecho público económico y asociado del Estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados, Emilio Noguerol, señaló que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que, aunque difiere del caso de Miraflores, resulta pertinente mencionar: el expediente 00013-2017-PI/TC, en el cual se determinó que la Municipalidad de Lince había impuesto una serie de restricciones en el parque Ramón Castilla. “Se había vulnerado el derecho a la participación ciudadana en asuntos urbanos y el derecho a la libertad de tránsito”, comentó.

En este caso, agregó que también deben considerarse disposiciones de la Ley 31199 del 2021, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, normativa relativamente reciente. “Fue la primera ley que sistematizó el concepto del derecho a la ciudad”, precisó.

Noguerol advirtió que “resulta un despropósito intervenir áreas verdes, por más pequeñas que sean, para destinarlas a un servicio público que, aunque pueda ser importante, no justifica un menoscabo del área. Sobre todo porque los municipios cuentan con otros espacios que no son áreas verdes intangibles. Si se pretende destinar un área verde a una actividad que genere perjuicio o limite el disfrute de dicho espacio, eso está prohibido”.

El especialista diferenció entre servicios accesorios o complementarios —como baños, gimnasios al aire libre o puestos de vigilancia para el propio parque— y la construcción de infraestructura más compleja. “Es muy fina la línea de interpretación: tiene que tratarse de una mejora para el parque, no de una reducción de su espacio. Lo que la municipalidad debió hacer, y si lo hizo no lo hizo de forma adecuada, es consultar a los vecinos si les incomodaba que se coloque ese centro en el parque. Creo que estamos frente a una mala gestión del entorno urbano, lo que genera un divorcio entre la ciudadanía y la administración municipal actual”, opinó.

Finalmente, afirmó que los vecinos están en su derecho de presentar una medida cautelar para defender su derecho a un medio ambiente equilibrado. “Los funcionarios que impulsan este tipo de acciones incluso pueden asumir responsabilidades penales y civiles. Al revisar el artículo 2 de la Ley de Espacios Públicos se encuentra la conexión entre seguridad ciudadana y defensa del espacio público. En este caso, mientras más transitados e iluminados estén los parques, más se contribuye a reducir la inseguridad. Por eso, resulta un doble despropósito: intentar mejorar la seguridad vulnerando al mismo tiempo el espacio público”, concluyó.

Por su parte, la especialista en derecho regulatorio municipal Laura Velásquez expresó a El Comercio que los parques son considerados espacios de dominio público y de carácter intangible. “Así lo establece la Ley 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos. La utilización de estas áreas para otro fin —incluso si se trata de un centro de monitoreo— resulta incompatible con la normativa”, explicó.

“Ante ello, los vecinos pueden interponer una demanda de amparo, en la que expongan la vulneración que consideran está cometiendo la municipalidad. Adicionalmente, pueden comunicar lo sucedido al órgano de control interno, presente en toda entidad pública y supervisado por la Contraloría”, agregó.

La experta advirtió que las áreas verdes en la ciudad se han ido reduciendo con el tiempo, mientras que “poco a poco Lima se está llenando de cemento”. Si bien reconoció la necesidad de implementar medidas para combatir la inseguridad, subrayó que también es indispensable preservar los espacios públicos como los parques. “Por ello, deben evaluarse otros ambientes para ubicar estos módulos de control. De lo contrario, la entidad distrital corre el riesgo de enfrentar un procedimiento disciplinario una vez que cambie la gestión municipal”, enfatizó.

Descargos

El Comercio se contactó con la Municipalidad de Miraflores para solicitar sus descargos. A través de un comunicado, la comuna explicó: “El módulo de Serenazgo que se instalará en el parque Leoncio Prado busca solucionar problemas de seguridad ciudadana en la zona. La implementación no afectará grandes extensiones de áreas verdes, pues solo ocupará el 0,68 % del espacio total de esta parte del distrito”.

Además, el gerente de Seguridad Ciudadana, Mario Arata, señaló que la iniciativa edil tiene como objetivo reforzar las labores de prevención y reducción del delito. En ese sentido, rechazó que la obra afecte los jardines del parque. “El municipio de Miraflores lamenta que un grupo de vecinos haya expresado un interés en obstaculizar los trabajos que permitirán iniciar la instalación del módulo, el cual albergará al personal de Serenazgo encargado de velar por el orden interno y la integridad de la comunidad. De forma estratégica, se determinó este lugar para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos”, agregó el funcionario.

Por su parte, la gerente de Participación Vecinal, Sandra Boza, aseguró que este proyecto fue propuesto por los propios residentes. “Los lugares destinados para la construcción de los módulos de seguridad ciudadana fueron planteados con el consentimiento de la mayoría de vecinos que viven en los alrededores”, remarcó.

Finalmente, el municipio informó que “el parque Leoncio Prado (a la altura de la cuadra 2 de la calle Francisco de Paula Ugarriza) cuenta con un área total de 7.245 m², mientras que la instalación del módulo de seguridad abarcará solo 49 m² (equivalente al 0,68 % del espacio). Funcionará en un solo piso y estará equipado con cámaras de videovigilancia dotadas de un sistema de inteligencia artificial. Esta plataforma se encontrará interconectada con la Policía Nacional y con la Central Alerta Miraflores".