Pataz: ¿Qué hacían policías activos dirigiendo la seguridad de los mineros asesinados?

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Las investigaciones han determinado que la empresa minera Poderosa firmó un contrato de concesión con la empresa Libmar, quien, a su vez, contrató de manera informal a la empresa R & R para que brinde seguridad en su bocamina. Ese mismo precario sistema laboral se viene aplicando en todo Pataz. Es decir, no se les paga beneficios laborales ni seguro de vida, ya que solo se les paga por día trabajado.

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Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

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El Ministerio Público recogió el testimonio de un hombre que trabajó en la empresa de seguridad R & R, a la que pertenecían los 13 agentes asesinados en Pataz. En su declaración, el testigo, cuya identidad se mantiene en reserva para evitar represalias, indicó que los policías Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas serían los que manejan dicha agencia de seguridad.

Además, reveló que dichos agentes PNP reclutan a personal de seguridad bajo los mecanismos de la amenaza y coerción.

“Mediante acta de obtención de información a través de fuente humana, de fecha del 1 de mayo, se logró obtener valiosa información proporcionada por un colaborador anónimo que, por temor a represalias, se reservó su identidad”, se indica en el documento del Ministerio Público.

“Dicha persona manifestó haber trabajado junto a las víctimas y brindó un testimonio detallado sobre el entorno en el que se produjo el secuestro, revelando la existencia de una empresa de seguridad informal denominada R & R, supuestamente dirigida por los policías en actividad Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas”, indicó el testigo.

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“Según dicha fuente, las víctimas pertenecerían a esta empresa de seguridad R & R, la cual no se encuentra registrada en Sunarp y operaría en las sombras, reclutando personal bajo condiciones de coerción y amenaza”, se señala en otra parte del documento.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, informó que la empresa R & R opera de manera informal, ya que no se encuentra registrada en Sunarp. Confirmó que dos policías son sindicados como propietarios de la empresa, pero que no figuran como tal de manera formal.

“El fiscal provincial de Pataz me remite un informe en el cual me da cuenta, entre otros actos y diligencias reservadas, de que esta empresa R & R sería la que daba servicio de seguridad a otra empresa, Libmar, que tenía una subcontrata o una vinculación con la empresa Poderosa. Lo que me refiere en este informe es que una fuente, en una declaración con código de reserva, es que materialmente esta empresa R & R sería dirigida por policías en actividad, cuyos nombres no puedo decir en este momento por razones de reserva de la investigación”, indicó el fiscal.

“Hasta donde se tiene conocimiento hay una prohibición de contratación por parte de policías en actividad, por eso lo que decimos es que la información que tenemos es que materialmente, formalmente no, quienes están detrás serían policías en actividad a cargo de empresa R & R. Me informan que sería una empresa que no estaría inscrita en Registros Públicos, pero que materialmente funciona con esa denominación”, añadió.

La empresa R & R sería manejada por los policías Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas, quienes son suboficiales de segunda PNP y prestan servicio en la región La Libertad. El primero de los mencionados trabaja en la Unidad de Operaciones Especiales del Escuadrón Verde, mientras que el segundo labora en una comisaría de Huanchaco.

Estos agentes tendrían conocimiento sobre las bandas criminales que operan en Pataz y cuáles son sus cabecillas, para lo cual contarían con la ayuda de oficiales de alto rango de la Policía en caso necesiten el envío de un contingente policial para repeler a los mineros ilegales. Esa información y apoyo logístico le ofrecen a los mineros informales para que los contraten.

El testigo con el que cuenta la Fiscalía detalló que la empresa R & R tiene como “operadores” a José Ramiro Lozano Peche, alias ‘Técnico’; Luis Alberto Chuquizuta Guerra, alias ‘Piscis’; y Gianpierre Eduardo Baca Infante, alias ‘Norteño’. Estos últimos se encargan del adiestramiento de los agentes de seguridad contratados. Se conoció que buscan reclutar a jóvenes que hayan realizado su servicio militar.

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En el caso de la empresa Libmar SAC, que inició sus actividades el 28 de febrero del 2023, su representante legal es Segundo Nicolás Cueva Rojas y cuenta con Reinfo vigente. Dicho sujeto registra denuncias policiales por invasión de terrenos, robo agravado y agresión.

El programa “Contracorriente” indicó que la razón social de la empresa R & R sería presuntamente Ejecutores y Contratistas R & R SAC. De acuerdo con información de la Sunat, el domicilio fiscal de dicha empresa está ubicada en la localidad de Tayabamba, capital de la provincia de Pataz, y tiene como actividad principal el servicio de mensajería y su actividad es el transporte de carga por carretera.

En medio de los cuestionamientos por su posicion inicial sobre el paradero de los 13 mineros desaparecidos, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció, el lunes 5 de mayo, la captura en San Juan de Lurigancho de un sujeto que estaría implicado en el caso de la matanza de Pataz, pero no dio su nombre.

Se trataría de Luis Alberto Chuquizuta Guerra, alias ‘Piscis’ y ‘operador’ de la empresa R & R, quien fue detenido el 2 de mayo en la avenida Francisco Wiese y se le encontró dos armas de fuego. Solo tenía la licencia de una de ellas, ya que la otra, de marca Glock, no le pertenecía, pues era de propiedad de Juan Joel Ñaupari Salva, uno de los agentes de seguridad asesinados en Pataz.

Chuquizuta Guerra indicó que el arma se le iba a entregar al hermano de Juan Ñaupari. Permanece detenido por tenencia ilegal de armas y por su presunta vinculación en el asesinato de 13 trabajadores mineros.

Carlos Tuse, exsuperintendente de Sucamec y ex director de Investigaciones de la Inspectoría de la Policía, explicó a El Comercio que los agentes PNP están prohibido de ejercer algún cargo en una empresa de seguridad, tal como lo establece el reglamento del decreto legislativo 1213.

“Los policías no pueden dirigir una empresa de seguridad porque, de acuerdo con el reglamento del decreto legislativo 1213, que regula a las empresas de seguridad privadas, los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en situación de actividad están prohibidos de ejercer funciones de seguridad en cualquiera de las circunstancias, ya sea de seguridad personal, dueño de empresa, accionista, representante, delegado, etc, está impedido de cumplir esta función”, expresó.

“Están realizando la actividad de la cual la ley taxativamente les prohíbe. Ese acto está impedido por ley y es sancionable. Es una falta muy grave y lo que le espera a esta gente es el retiro”, agregó.

Tuse remarcó que no le sorprende que policías en actividad constituyan o formen parte de empresas de seguridad, pues se ha vuelto una práctica común en los últimos años. En el caso específico de su proliferación en Pataz, detalló que se trata de agencias informales y clandestinas y que no están registradas en Sunarp ni en Sucamec.

“Hay mucha actividad de seguridad privada informal clandestina. Adoptan un nombre de una razón social, pero no tiene respaldo legal, no están en los Registros Públicos, no tienen autorización de Sucamec, pero tienen un logo”, aseveró.

Por su parte, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, remarcó que le llama la atención que la Policía y el Ministerio del Interior no se hayan pronunciado sobre el caso de dos agentes policiales acusados de dirigir una empresa de seguridad en Pataz, por lo que sospecha que se trate de dos testaferros de oficiales de alto rango de la PNP.

“Me llama poderosamente la atención que esto no haya sido manejado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para hacer control de daños y para realmente poner transparencia en este proceso. El hecho que eso no ocurra me da la sensación desagradable de que existirían otro tipo de intereses y me llevaría a pensar, inclusive, de que, si es cierto, estos dos agentes podrían ser testaferros de mandos superiores (de la Policía)”, indicó.

“A mí lo que me sorprende es que, ante lo anunciado por el fiscal superior de La Libertad, hubiese esperado una reacción bastante más rápida por parte del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, esto ha quedado como en el aire. Hay dos nombres que han sido expuestos, le corresponde a la Policía decir si es verdad o no, están o no en actividad. Sea como fuere, es una situación muy preocupante porque estaría dando cuenta de que hay policías en actividad que están en actividades que no están permitidas en su función”, agregó.

Pedro Yaranga, analista en seguridad integral y gestión de riesgos, indicó que los agentes de seguridad en Pataz “son contratados al paso” y que les entregan armas para desalojar a los criminales que han tomado un socavón.