Tras la masacre en Pataz: el desconcierto inicial de las autoridades y el reflejo de una crisis ignorada

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La desaparición del grupo de trabajadores ocurrió el pasado 26 de abril y, en los siguientes días, sus familiares denunciaron el hecho. Poco más de una semana después (el domingo 4 de abril), los cuerpos fueron hallados. Las críticas contra el Gobierno y autoridades no cesaron por una presunta inacción frente al tema.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, había indicado que la información sobre el secuestro de los 13 trabajadores mineros de la empresa R&R sería “una falsa alarma”, ya que no se había reportado ninguna denuncia. Incluso, indicó que podría tratarse de “una retención”.

“La situación en Pataz es sumamente compleja, pero me voy a pronunciar respecto de la información que circuló ayer (martes) en el sentido de que miembros organizaciones criminales habrían secuestrado a 13 trabajadores mineros y exigían 4 millones (de soles) a cambio de su libertad. Esto era en Pueblo Nuevo. Se había dicho que estos mineros secuestrados pertenecían a minera Poderosa. Hemos tomado contacto directo con minera Poderosa y la propia minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores de ellos, directamente de la mina o trabajadores mineros con los que ellos puedan tener algún tipo convenio”, expresó Adrianzén en conferencia de prensa después de una sesión del Consejo de Ministros, realizada el último miércoles.

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“Más allá de ello, sean de la mina o no sean de la mina, nos preocupa que esta información sea cierta. Sin embargo, nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen noticia de que el suceso que se informó ayer sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento y lo que nosotros confiamos es que eventualmente, como consecuencia de estos hechos, la información que vaya llegándonos pueda advertirnos de que se ha tratado de una falsa alarma, que esta retención de 13 personas en las inmediaciones del pueblo que he referido no sea cierta”, añadió.

Un punto que llama la atención es que Adrianzén no haya tenido información precisa el pasado miércoles 30 de abril sobre el hecho, pese a que ya había transcurrido cuatro días del secuestro.

“Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias, no tenemos noticias de que se haya producido el hecho. Patrullas del Ejército y de la Policía están coordinando con las comisarías locales y se continúa con el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Pataz y ejecutando acciones de verificación táctica”, manifestó.

“Se ha recibido información extraoficial proveniente de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho, no podemos dar fe de ello porque, hasta el momento, la información no ha podido ser verificada, pero negamos, reitero, que se trate de trabajadores de la mina Poderosa”, precisó.

Adrianzén trata de aclarar sus expresiones

Este lunes, el titular de la PCM trató de explicar la información que dio el pasado miércoles cuando señaló el secuestro de 13 mineros en Pataz sería “una falsa alarma” y que no había una denuncia sobre el tema.

Junto a diversas autoridades reunidas en Palacio de Gobierno, Adrianzén indicó que la noche del martes solo se hizo una denuncia verbal de la desaparición de los trabajadores, pero que, según dijo, no se especificaba lo del secuestro ni la exigencia del pago de un rescate.

“Lo que yo quiero informar que, para ese entonces, se había tomado ya información que a las 10:43 de la noche del 29 de abril en Huamachuco se presentó una denuncia verbal, de eso no teníamos información cuando dimos la conferencia de prensa. Se trataba de una noticia verbal que tampoco hablaba del secuestro como tal ni los 4 millones del rescate”, expresó el titular de la PCM.

“Desde que tuvimos noticia, aun cuando la noticia no era corroborada o confirmada, se dispusieron acciones y operaciones tácticas en lugares puntuales. Esto demuestra que ha habido actividad, disposición de las autoridades para la búsqueda de quienes hasta en ese momento se encontraban en la condición de desaparecidos”, agregó.

“Nosotros no mentimos, tenemos responsabilidad de gobierno y la asumimos plenamente, y es por eso que nosotros estamos aquí, dando la cara e informando”, afirmó.

Presidenta Dina Boluarte se pronuncia

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte afirmó que el Gobierno actuó que desde que se “rumoreaba” del secuestro de 13 trabajadores mineros en Pataz, por lo que cuestionó que se pretenda censurar al jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, o a otro ministro por el tema de la masacre.

En medio del desconcierto por el paradero desconocido de 13 trabajadores de una agencia de seguridad que presta seguridad a un minero informal, el general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial de La Libertad, señaló, el pasado martes 29 de abril, que no había denuncia del caso, tal como lo afirmó el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, pese a que los propios familiares han salido aclarar que sí habían reportado el secuestro de las víctimas.

“Ya hay todo un grupo de trabajo que ha subido a la zona de Pataz, estamos en coordinación con la empresa minera Poderosa para que nos facilite algún implemento técnico, como drones, pero allá está la División Policial Pataz y la Dinoes”, indicó Llerena.

“Quiero informar que no tenemos ninguna denuncia al respecto, pero por información que hemos podido recibir por diferentes medios estamos yendo a verificar si es cierto o no. No hay denuncia (de la empresa minera Poderosa), no tenemos absolutamente nada, por eso la información la hemos obtenido de los medios de comunicación e inmediatamente hemos accionado y estamos enviando personal a la zona, ya hay personal en la zona que están haciendo las indagaciones y están buscando si es cierto o no”, agregó.

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“No sabemos si es cierto o no, no hay denuncia. No han denunciado o no desean denunciar, para eso nosotros estamos yendo con personal a la zona para verificar in situ y ver si es realmente cierto o no”, agregó el oficial PNP.

La masacre de Pataz también ha puesto en evidencia que el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, no estuvo al frente, como representante del Gobierno, para tratar de resolver dicho caso, ya que, desde que asumió el cargo, solo ha dado una entrevista a TV Perú y luego no ha tenido aparición en los medios de comunicación, pese a la ola criminal que azota Lima y el Callao.

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Este lunes, el sucesor de Juan José Santiváñez aseguró que la Policía entró a tallar en la búsqueda de los 13 secuestrados apenas hubo “una denuncia oficial”. No obstante, enfatizó que esta situación “no se soluciona de un día para otro”.

“A la semana que yo fui nombrado ministro del Interior, vine a hacer una apreciación a Pataz. Esto no se soluciona de un día para otro, pero en el menor tiempo posible estamos reuniéndonos, (haciendo) mesas de trabajo, ideas. Tenemos un plan para intervenir, pero el problema es que estamos en un pleno conocimiento y diagnóstico constante de cómo son las operaciones y destruimos los socavones”, expresó el titular del Mininter en conferencia de prensa realizada en Trujillo.

Al silencio del ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, en medio del secuestro de 13 trabajadores mineros en Pataz, se le suma la poca aparición del comandante general de la Policía, el general PNP Víctor Zanabria, en los últimos días para explicar las acciones de los agentes policiales en las labores de búsqueda.

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Se conoció que Zanabria viajó a Chile para participar, del 27 al 29 de abril, en las actividades por el aniversario de los Carabineros de ese país, sin tomar en cuenta lo sucedido en Pataz y el estado de emergencia en Lima y Callao.

Además, Zanabria fue captado, el miércoles 30 de abril, festejando el cumpleaños de una amiga en una reunión en el hotel Bolívar, en el Centro de Lima. Según el programa “Panorama”, él estuvo cuatro horas en el bar de dicho establecimiento.

También se cuestiona el viaje que hizo Zanabria hace dos semanas a Colombia acompañado por su nueva pareja, la suboficial PNP Miluska Vargas. El jefe de la Policía ha salido del país cinco veces en lo que va del 2025.

Iván Arenas, analista político y periodista, afirmó a El Comercio que las medidas dictadas por el Gobierno resultan “muy pocas y son insuficientes” ante la grave situación que se afronta en el denominado corredor minero, por lo que planteó que se declare en emergencia toda esa zona.

“Me parecen muy pocas (las medidas del Gobierno) porque el problema no solo está en Pataz sino en todo el corredor minero ilegal, que involucra Pataz, Santiago de Chuco, Huamachuco, Sánchez Carrión, Quiruvilca, por lo que todo ese corredor debe ser declarado en estado de emergencia y militarizado, no solo Pataz”, argumentó el especialista.

Remarcó que en el corredor minero hay minería aurífera y no metálica, así como la extracción de carbón.

Arenas se mostró partidario de que implante el estado de sitio en Pataz, ya que la minería ilegal se ha ramificado a diversos sectores, como la política, pues financia campañas de autoridades locales y congresales.