El mapa de los homicidios: Pataz alcanza una tasa de 315 asesinatos por cada 100 mil habitantes

Pataz registra 315 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta entre los distritos analizados a nivel nacional entre setiembre del 2025 y agosto de este año. El registro se produce en una provincia donde la disputa alrededor de la actividad minera y la presencia de organizaciones criminales han sostenido un escenario de violencia que ya no se limita a su territorio.

En las últimas semanas, esa violencia también ha alcanzado en Trujillo a personas vinculadas con la actividad minera en Pataz. La madrugada del 30 de agosto, un grupo armado interceptó la camioneta en la que se trasladaba el empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla junto a otras cuatro personas. Sus acompañantes fueron asesinados y Lara permaneció secuestrado durante más de 30 horas hasta ser liberado. Una semana después, el 7 de setiembre, Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde distrital de Pataz y vinculado al sector minero, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante en Víctor Larco.

La violencia registrada en Pataz encuentra también un correlato en las cifras, según un análisis realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). Ananea, en Puno, ocupa el segundo lugar con 145 homicidios por cada 100 mil habitantes, menos de la mitad de lo registrado en Pataz. Le siguen Inambari, en Madre de Dios, con 115; Bellavista, en el Callao, con 90; Zarumilla, en Tumbes, con 86; y Papayal, también en Tumbes, con 83.

La distribución también expone distintas dinámicas detrás de los territorios con mayores tasas. Pataz, Ananea, Inambari y Laberinto -este último con 75 homicidios por cada 100 mil habitantes- son distritos donde existe presencia de minería informal o ilegal. Unión Asháninka, en Cusco, que registra una tasa de 69, se ubica en una zona vinculada a cultivos de coca; mientras que Zarumilla y Papayal forman parte de un territorio fronterizo utilizado como corredor para el tráfico de drogas. El listado lo completan Supe, en Lima, con 56; y Casa Grande, en La Libertad, con 49.

Más de dos años bajo emergencia

La intervención excepcional en Pataz comenzó el 14 de febrero de 2024. Desde entonces, se han emitido dos declaratorias de estado de emergencia y 18 decretos de prórroga. Solo durante este año fueron aprobadas cuatro ampliaciones. La vigente, establecida mediante el D.S. N.° 113-2026-PCM, empezó el 4 de agosto y concluirá el 2 de octubre.

Durante este periodo, las medidas han variado en duración, pero no se ha interrumpido el régimen de excepción. La actual disposición mantiene a las Fuerzas Armadas a cargo del control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional, además de una inmovilización social obligatoria durante siete horas cada noche.

La Cámara de Comercio de La Libertad ha solicitado al Ejecutivo tramitar una nueva ampliación antes del vencimiento de la medida, con el argumento de evitar un vacío en las acciones de seguridad y control territorial.

Economías ilegales y control territorial

Los accesos limitados, la concentración de extracción de oro y la convivencia de actividades legales e ilegales son algunas de las características que diferencian a Pataz. “Obviamente la alta concentración de actividad ilícita más grupos criminales, ha sido el espacio ideal para que se consoliden estos en la zona y obviamente para imponer sus reglas para seguir consolidando su presencia y sus ingresos. Recurren a distintos mecanismos para poder hacer lo suyo y obviamente uno de estos es la violencia”, explicó César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal.

La presencia de otros distritos mineros entre las tasas más altas no supone, sin embargo, que reproduzcan la misma dinámica. En Ananea, Puno, Ipenza identifica una mayor presencia de actores locales y familiares frente a las organizaciones criminales que operan en La Libertad. “Creo que las reglas comunes son zonas de alta extracción mineral donde impera la corrupción y donde también el Estado ha sido de alguna manera incapaz de controlar la la cadena de suministros a lo largo de toda la actividad”, comentó.

La relación entre economías ilegales y los territorios del listado tampoco se limita a la minería. Durante la entrevista con El Comercio, Iván Arenas, especialista en economías ilegales, comentó que tampoco se trata únicamente de territorios donde el Estado está ausente. Las instituciones pueden mantener presencia mediante autoridades y entidades públicas, pero quedar permeadas por las mismas actividades que deberían combatir. “O sea, no es que el Estado no esté presente, el Estado sí está presente, pero lo que está pasa es que está presente en parte de todo. Aquí es más complejo porque tienes el Estado metido en el tema (de economías ilegales)”, señaló.

Para Arenas, la estrategia aplicada en Pataz también resulta limitada por el ámbito en el que opera el Comando Unificado. Actualmente, su intervención se concentra en el distrito, pese a que las actividades ilegales se extienden hacia otros puntos de la provincia. “Porque se necesita por lo menos extender eso a la provincia de Pataz. Yo sé que es mucho más, digamos, arriesgado y más costoso por el tiempo y logística, ¿no? Pero se debe ampliar”, sostuvo. El especialista planteó que la respuesta avance progresivamente hacia una intervención por corredores, que permita abarcar las rutas y territorios por donde se articulan estas actividades.

La presencia de las fuerzas del orden constituye solo una parte de la respuesta. Para Ipenza, se requiere además investigación policial y financiera que permita seguir los insumos, identificar a los actores involucrados y reconstruir las rutas del dinero. “No hay un trabajo sostenido y articulado de manera multisectorial”, advirtió. El seguimiento, agregó, también debe alcanzar los mecanismos utilizados para introducir el oro de procedencia ilegal en circuitos formales y no limitarse al lugar donde finalmente se extrae el mineral.