Pataz: más de dos años de estado de emergencia y 18 prórrogas frente a una violencia que persiste

El próximo 2 de octubre, la última prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz, La Libertad, llegará a su fin. La medida excepcional se mantiene desde febrero de 2024 y, entre dos declaratorias y sucesivas ampliaciones, acumula más de dos años y medio de vigencia. Actualmente, las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional, mientras continúa la inmovilización social obligatoria entre las 10 p.m. y las 5 a.m.

Su próximo vencimiento ocurre poco más de un mes después del secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla en Trujillo. La madrugada del 30 de agosto, sujetos armados interceptaron la camioneta en la que se desplazaba y asesinaron a cuatro de sus acompañantes. Lara fue liberado más de 30 horas después. Una semana más tarde, el 7 de setiembre, Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde distrital de Pataz y vinculado al sector minero, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante en Víctor Larco, Trujillo.

Tan solo esta semana, agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Explosiveros de Pías”, en la provincia de Pataz. El operativo, realizado en la localidad de Pías, permitió que se inceuten 1.549 explosivos, 5.500 metros de mecha de seguridad y S/5.890 en efectivo.

Estos hechos no aparecen aislados de los niveles de violencia que registra el territorio. Información a la que accedió El Comercio muestra que, entre setiembre de 2025 y agosto de 2026, Pataz registró una tasa de 315 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta entre los distritos analizados a nivel nacional.

Dos declaratorias y 18 prórrogas de emergencia

La respuesta del Ejecutivo frente a este escenario ha mantenido a Pataz bajo estado de emergencia desde febrero del 2024. La primera declaratoria fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 018-2024-PCM por un periodo de 60 días y, desde entonces, la medida ha sido extendida de manera sucesiva.

En diciembre del 2025, el Gobierno emitió una nueva declaratoria mediante el Decreto Supremo N.° 138-2025-PCM. Solo durante este año se aprobaron cuatro prórrogas: en febrero, abril, junio y agosto. La última, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 113-2026-PCM, entró en vigencia el 4 de agosto y vencerá este 2 de octubre.

En total, desde el 2024 se han emitido dos declaratorias de estado de emergencia y 18 decretos de prórroga para Pataz. Ante el próximo vencimiento, la Cámara de Comercio de La Libertad ha pedido al Poder Ejecutivo tramitar una nueva prórroga antes de que venza el periodo vigente, para evitar un vacío en las medidas de seguridad y control territorial.

Un territorio disputado

Para César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, Pataz reúne condiciones particulares que han permitido el crecimiento de organizaciones criminales alrededor de la extracción de oro. El territorio tiene accesos limitados, pero concentra actividad minera tanto legal como ilegal. “La alta concentración de actividad ilícita y de grupos criminales ha sido el espacio ideal para que estos grupos se consoliden en la zona, impongan sus reglas y fortalezcan su presencia y sus ingresos. Recurren a distintos mecanismos para poder hacer lo suyo y, obviamente, uno de estos es la violencia”, dijo.

Esta violencia, explicó, funciona también como un mecanismo de control y presión para sostener los ingresos de las organizaciones. A ello se suman las disputas entre grupos que ofrecen “seguridad” a quienes operan en la zona. “Hay situaciones de conflicto por tener presencia o control del territorio, pero todo esto sucede muchas veces por anuencia y facilitación de las autoridades”, explicó.

Ipenza advirtió que el circuito criminal tampoco se limita a lo que ocurre dentro de Pataz. Los explosivos y otros insumos atraviesan distintas regiones, mientras el mineral extraído o robado puede salir hacia plantas de beneficio ubicadas fuera de la provincia. “El mineral no necesariamente se procesa en Pataz. Sale de la zona hacia plantas de beneficio ubicadas en Trujillo, Chimbote y, en algunos casos, hasta Nazca”, agregó.

Iván Arenas, especialista en minería, considera que uno de los límites de la respuesta está en la dimensión territorial de la intervención. Actualmente, señaló, la estrategia se concentra en el distrito de Pataz, cuando las dinámicas vinculadas a la minería se extienden más allá de esa jurisdicción. “Se necesita, por lo menos, extender la intervención a toda la provincia de Pataz. Sé que es más complejo y costoso en términos de tiempo y logística, pero se debe ampliar”, indicó.

Para Arenas, la estrategia debería avanzar incluso hacia una intervención por corredores. A ello suma la necesidad de contar con mayores recursos y un sistema de interoperabilidad entre las entidades que participan en la respuesta. “También se necesitan mayores recursos y un sistema de interoperabilidad entre las fiscalías, el Poder Judicial y el propio Comando Unificado. Actualmente, ese sistema no existe”, resaltó el experto.

Ipenza coincide en que la presencia de las fuerzas del orden constituye solo una parte de la respuesta. A su juicio, la intervención debe acompañarse de investigación policial y financiera que permita identificar el origen de los insumos, los actores involucrados, las rutas del dinero y los mecanismos empleados para lavar el oro de procedencia ilegal.