Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso emitió un comunicado en respuesta a las embajadas que suscribieron un pronunciamiento en contra del proyecto de ley que aprobaron para debilitar a las ONG en el Perú, defendiendo la propuesta y asegurando que lo que buscan es más “transparencia”.
El documento de la comisión es firmado por su presidente, el fujimorista Alejandro Aguinaga, y señala que es una respuesta directa a las embajadas y países de la Unión Europea que se pronunciaron contra este dictamen.
“Como Estado, no podemos dar la espalda a situaciones que pongan en riesgo nuestro oren interno, la integridad de nuestros procesos políticos y seguridad nacional”, señala Aguinaga.
Para justificar esta postura, el titular de la comisión aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un informe sobre “riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro - OSFL” y que, entre el 2018 y 2020, se enviaron 195 reportes de operaciones sospechosas. Sobre esto, evitó dar más detalles porque se encuentra “en proceso de investigación”.
Sin embargo, insistió que ante este dato el objetivo de la cuestionada propuesta es “salvaguardar y fortalecer los intereses de nuestro país” con transparencia, defensa de la soberanía nacional y “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad” y posibles amenazas a la integridad de procesos políticos.
El comunicado de las 16 embajadas y delegaciones internacionales se pronunciaron con mucha preocupación ante la aprobación del dictamen en la Comisión de Relaciones Exteriores que supuestamente busca fortalecer la “supervisión y fiscalización de las ONG” a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
“Como socios de la cooperación del Perú, nos preocupa las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI, que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”, manifestaron en su comunicado del 10 de junio.
Este comunicado fue firmado por las embajadas en el Perú de los gobiernos de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Suiza y la Unión Europea.
Para varias ONG e instancias civiles sin fines de lucro, el verdadero interés de este dictamen sería limitar el derecho de asociación y participación ciudadana a través de estas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión y las libertades individuales, así como en la promoción de cambios hacia la igualdad, el acceso a salud, educación de calidad, la protección del medio ambiente, entre otros temas.
