Autorizan afiliar al SIS a todo peruano que no cuente con seguro de salud para ser atendido durante pandemia

El Poder Ejecutivo autorizó a la administradora del Seguro Integral de Salud (SIS) a afiliar a toda persona de nacionalidad peruana residente en el territorio nacional que no cuente con seguro de salud, independientemente de su clasificación socioeconómica, para garantizar la protección del derecho a la salud en medio de la pandemia por el COVID-19.

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Según el Decreto de Urgencia 046-2021, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, la medida dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan asegurar la protección de toda la población que enfrente algún evento negativo y no cuente con un seguro de salud, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La norma indica que el SIS financiará la afiliación, así como la prestación de salud a toda la población indocumentada de las comunidades nativas amazónicas y altoandinas sin seguro de salud.

Para tal efecto, el Gobierno autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar las modificaciones presupuestarias, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, hasta por S/250 millones a favor del SIS.

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De este presupuesto, S/196′343.901 se destinan para financiar las acciones a cargo del SIS en relación con la cobertura del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y Planes Complementarios de los afiliados en el marco del Decreto de Urgencia 017-2019, así como para afiliar a toda persona de nacionalidad peruana residente en el territorio nacional.

Asimismo, S/30′355.747 se destinarán para financiar prioritariamente la atención de trasplantes y tratamientos oncológicos de los tipos de cáncer incluidos en la Lista de Enfermedades de Alto Costo (LEAC).

Otros S/23′300.352 serán para financiar la afiliación y la prestación de salud a toda población indocumentada de las comunidades nativas amazónicas y altoandinas que, durante el año fiscal 2021, no cuente con ningún seguro de salud, independientemente de la clasificación socioeconómica, con la finalidad de garantizar la protección del derecho a la salud.

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