Desde la cúpula: Estas son 5 propuestas para combatir la ola de extorsiones en Lima

La criminalidad está desbordada porque que el gobierno no tiene una estrategia integral. Se están tomando acciones aisladas, más reactivas, pero no vemos una estrategia integral para combatir con la con la criminalidad. 

Consideramos que hay cuatro cosas básicas para esta lucha. Lo primero es un liderazgo de la presidenta de la República. Segundo, tiene que darse presupuesto, porque si no hay dinero, no se va a poder hacer nada. Tercero, tiene que existir un trabajo inteligencia contra la criminalidad; y cuarto, una articulación entre las diferentes instituciones y estamentos que intervienen, tanto gobiernos locales, gobiernos regionales y sobre todo el Ministerio Público y Poder Judicial. 

Son cuatro cosas básicas, a la que tiene que sumarse una voluntad política de querer resolver el tema, porque estamos viendo que las entidades no están trabajando unidas.

El IPE midió que el costo de la inseguridad asciende al 3% del PBI, estamos hablando de 8 mil millones de dólares. Y el costo de la extorsión asciende aproximadamente a 6 mil millones de soles. Estamos hablando de 0.7% del PBI. El impacto en la economía es alto.

No tenemos una política de Estado frente a la criminalidad. En el 2014 era un promedio de 20% de personas que se sentía insegura. Cuatro o años después, el promedio subió a un 60%. Ahora un 87% se siente inseguro de salir a las calles.

Lo primero que necesitamos para enfrentar la extorsión es fortalecer a los cuerpos de seguridad. En concreto, necesitamos más policías. En San Martín de Porres necesitamos entre 2.600 a 2.700 policías y solo tenemos 200. Ternemos ocho comisarías, pero solo tres abarcan íntegramente el distrito, el resto se divide jurisdicción con Puente Piedra, Callao y Rímac. Además, el 40% de las camionetas policiales están paradas.

El segundo tema es priorizar la inversión, porque la investigación e inteligencia solo se logrará con recursos, sobre todo tecnológicos.

Y el tercer punto tiene que ver con cortar sus brazos económicos que vemos en los distritos con sus negocios como la prostitución y los espacios de informalidad que aprovechan para cobijar a la criminalidad. Nosotros en el distrito desalojamos a estos negocios ilegales, pero no se cuenta con un apoyo del Estado.

Los mercados estamos muy golpeados. El tema de las extorsiones se ha desbordado, donde el 80% de cada de cada centro comercial viene siendo extorsionado. Desde hace dos años, se ha intensificado la brutalidad en el accionar de los extorsionadores además de que han mejorado sus sistemas de reglaje, mucho mejor preparados y con más presupuesto que la Policía Nacional del Perú.

En el Mercado Huamantanga, uno de los más grandes de Lima Norte, tenemos 100 cámaras de seguridad y contamos con personal capacitado para garantizar la seguridad de los clientes, pero no podemos hacerles frente a las bandas criminales que extorsionan a los comerciantes, realizando reglaje a sus familias, especialmente a sus hijos.

A esto se suma que los comerciantes perdieron la confianza en las autoridades. Toda la información de las denuncias se filtra, por lo cual ya no se quiere denunciar por el temor de que en unas horas te puede aparecer una granada o una bala en la puerta de tu casa. Se requiere mejorar y modernizar el sistema de denuncias contra el crimen. 

La mayoría del sector bodeguero tiene miedo de imponer la denuncia por las represalias. Después de algunas horas, el delincuente sale libre y puede ejecutar represalias contra el bodeguero. Esto ya ha sucedido y tenemos bodegueros que han cerrado sus negocios, se han ido del país o se han ido a comenzar una nueva vida en otro lugar, o también han tenido que mudar a sus hijos.

Lo que estamos tratando de que se implementa es la integración de las cámaras de seguridad de Lima Segura con el 105 de la Policía Nacional del Perú para que puedan tener el acceso a las cámaras de los establecimientos particulares. 

Además, buscamos es tener una mesa de diálogo real, pero una mesa de con todos los implicados. Una mesa de diálogo televisada, una mesa pública que no quede solo en la foto. 

Mientras tanto, para el 24 de octubre de está convocando a una “Marcha por la Paz” con pañuelos blancos, donde se está invitando a todos los gremios afectados por la extorsión. Los bodegueros del país no podemos seguir viviendo con miedo.

El punto fundamental es el factor económico para los transportistas. Se debe crear un fideicomiso a favor de la seguridad ciudadana, o utilizar la figura de obras por impuestos o asociaciones público-privadas para fomentar la inversión que se requiere.

Estamos a puertas de un salvavidas de la economía peruana, que es la inauguración del puerto de Chancay. No puede ser que algo tan grande como un puerto no tenga seguridad. No creo que ningún inversionista que venga de China o de Asia vea esta inseguridad, vaya a querer invertir en un puerto. Estamos hablando de un puerto que va a ser la apertura económica para todos los gremios. 

Por nuestro lado, debemos buscar una integración gremial sin violencia. Me gusta la idea de colocar actos simbólicos para que vea que todos estamos unidos y que juntos vamos a salir de esta situación. Pero debe ser una iniciativa desde el punto de vista gremial, y no desde aprovechamientos de paralizaciones políticas donde hay intereses con agendas paralelas, porque eso es otro tipo de extorsión.