Congreso: testimonio complica situación de Jorge Torres Saravia en caso de violación sexual y piden reabrir investigación fiscal

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En su participación, Navarro Rivera indicó que el abuso sexual ocurrió en circunstancias que ella y Torres Saravia viajaron, en enero del 2020, a la localidad de Pacasmayo para hacer campaña política a favor del entonces candidato al Congreso Luis Valdez, dirigente del partido Alianza para el Progreso (APP).

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Además, aseguró que, durante el viaje, su entonces jefe en el Gobierno Regional de La Libertad quiso intimidarla al recalcarle que a él no podría pasarle nada en caso alguien se meta con él.

“En el transcurso (del viaje) el señor ostentaba su poder. ‘A mí no me pasa nada, cualquiera que quiera hacerme algo, (yo) a la prensa y todo lo tengo comprado’, decía. Como que me iba trabajando psicológicamente”, manifestó.

La mujer indicó que, tras interponer la denuncia contra Jorge Torres Saravia por ultraje, varias personas se acercaron para advertirle que su acusación podría tener consecuencias, lo que le generó temor.

“Hay personas que se me han acercado y me dicen: ‘no sabes con quién estás’. Que me digan eso da temor. ‘Tú estás con los grandes, te van a hacer daño’, me dicen. Es triste que se me acerquen para que me digan eso, ya van cuatro personas que me han dicho eso”, afirmó.

Por ello, la denunciante remarcó que teme que se cometa un atentado contra ella, por lo que pidió apoyo para que se le otorgue garantías para su vida. “Yo no quiero ser una víctima más, tengo miedo, por eso es que yo no me fui a Lima, tengo miedo de que me puedan hacer algo. Mi temor es grande”, expresó.

Vicky Navarro enfatizó que no retractará de su denuncia contra Jorge Torres Saravia, pese a que él le envió una carta notarial.

En otro momento, ella indicó que no le realizaron la prueba toxicológica en la comisaría donde fue a denunciar el caso de violación sexual porque, supuestamente, estaba con el polo que llevaba estampado el símbolo del partido Alianza Para el Progreso (APP), partido que tiene fuerte presencia en el norte del país.

Alejandra Aramayo, jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso, dio a conocer ante la Comisión de Fiscalización que Julio Talledo, funcionario del despacho del presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, fue quien ordenó publicar un mensaje en la cuenta oficial del Parlamento una conclusión sobre el crimen de Andrea Vidal, joven implicada en una presunta red de prostitución en el Parlamento. En un primer momento, la funcionaria no quiso revelar dicha identidad, pero luego lo hizo ante las insistentes preguntas del legislador Edgar Raymundo.

“Es un funcionario de Presidencia (del Congreso) que se arroga la responsabilidad de solicitar este documento, que observó en mi condición de jefa de la Oficina de Comunicaciones y sugiero que salga de la cuenta de Presidencia, cosa que se desestima. Es este funcionario que hace el copy y alcanza la información al despacho de la Oficina de Comunicaciones”, señaló.

“He esperado desde la fecha 16 de enero, en que se emite este tuit, hasta hoy que la persona que lo emitió, en consecuencia, asuma la responsabilidad porque me pone en una situación innecesariamente incómoda, que no me corresponde”, agregó.

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“Julio Talledo es la persona que se comunica con la suscrita a nombre de Presidencia para coordinar el tema de comunicación en ausencia del titular, que estaba de vacaciones. Sospecho yo que este funcionario, sin mayor manejo periodístico ni comunicacional, ha emitido este desafortunado tuit, que correspondería se retire de las redes”, aseveró.

El abogado penalista Mario Amoretti remarcó que el Ministerio Público sí debería reabrir la investigación a Jorge Torres Saravia por el caso de una presunta violación sexual a una extrabajadora del Gobierno Regional de La Libertad, pues remarcó que existe una sentencia del Tribunal Constitucional del 2018 que establece que sí se puede retomar una indagación con una “simple sospecha”.

“Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2018 que señala que los fiscales solo deben tener la simple sospecha, no una evidencia, para que se inicie la investigación”, expresó el especialista a El Comercio.

“Esta sentencia señala que en el Código Procesal Penal se establece que basta para abrir investigación una simple sospecha, y si el fiscal no cumple con abrir investigación, se le debe denunciar por prevaricato y por delito de incumplimiento de funciones”, agregó.

“Si este caso se archivó por algunos intereses que pueden haber y si (la víctima) insiste en su manifestación de que ella ha sido violada, a la fiscalía no le queda más remedio que reiniciar la investigación. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional en la que dice que cuando se ha llevado una deficiente investigación se debe reabrir la investigación”, resaltó.

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Amoretti afirmó que en muchos lugares del país los fiscales archivan las denuncias y no la tramitan como corresponde, perjudicando a las víctimas.

Jorge Torres Saravia tiene abiertas dos investigaciones en el Ministerio Público. Una por la presunta red de explotación sexual en el Congreso, y otra por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible, esto debido a supuestas irregularidades en la contratación de personal durante el 2023 y 2024. En el caso del crimen de Andrea Gómez, él no tiene calidad de investigado ni de testigo.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dijo que se evalúa reabrir el caso de la denuncia contra Jorge Torres por violación sexual tras el reciente testimonio brindado por la víctima, quien contó detalles de cómo habría ocurrido el hecho.

La magistrada remarcó que se analizarán las pruebas recopiladas en el caso y advirtió que, si detecta que no hubo una adecuada investigación fiscal, se remitirá un informe a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que abra un proceso al fiscal.

Además, Espinoza cuestionó al Parlamento por emitir una conclusión sobre el móvil del crimen de Andrea Vidal, extrabajadora de Jorge Torres Saravia, pues remarcó que esa labor le corresponde al Ministerio Público.

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“Ni bien tomamos conocimiento de estos casos, primero el de la señora que se le archivó su denuncia, esto ha sido ya hace por lo menos dos años de lo que ocurrieron los hechos, y sí hemos tomado conocimiento a través de un informe, y también estamos disponiendo si hay elementos, de acuerdo con la ley, para que se pueda reabrir el caso y analizar con mayor responsabilidad y, sobre todo, sin dejar a un lado elementos que no hayan sido analizados correctamente”, manifestó la fiscal de la Nación.

“Todo esto sigue un procedimiento legal, yo no puedo interferir directamente en los casos, pero sí expreso mi preocupación y siempre pido informes a los fiscales de casos como este para que nos digan cómo han procedido. Y de ser el caso, si detectamos que no ha habido una diligente actuación fiscal, soy la primera que remito copias a la Autoridad Nacional de Control para que investigue la conducta y el manejo del caso por algún fiscal que habría sido negligente”, agregó.

“Sobre el tema del Congreso, se sigue investigando y se sigue recabando todos los elementos necesarios. Lo que yo quiero advertir es que el Congreso no puede sacar conclusiones luego de la investigación que le corresponde, según sus atribuciones. Porque si saca conclusiones ya estaría incurriendo en inconducta porque eso le corresponde al Ministerio Pública. Lo que pueden hacer es recabar y enviarnos todo lo que ellos recopilen en su investigación congresal, pero no pueden sacar conclusiones ni analizar pericias ni ningún elemento que han recabado. Eso es inconducta”, anotó.