Hay ‘tramitadores’ para más de 70 gestiones del sector público: el perfil de un oficio que nace por la burocracia

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De acuerdo con Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, los tramitadores se han vuelto parte de nuestro ecosistema procesal desde hace unos 20 años aproximadamente, en sintonía con el crecimiento del sector público y el engrosamiento de los trámites administrativos. Si bien estas diligencias también se dan en entidades privadas, allí el tiempo de espera, por lo general, es mucho más corto.

Entre las acciones que lleva a cabo un tramitador están desde tipear un documento y llenar un formulario, hasta enviar un correo o presentar un file. Precisamente este trabajo es lo que muchas personas desean evitar, ya sea porque es muy engorroso o no conocen todos los pasos del proceso.

Al día son decenas de solicitudes las que reciben los tramitadores para hacerse cargo de determinados papeleos, cifra que alcanza los cientos al cerrar el mes. Hay tramitadores que se han agrupado de acuerdo al tipo de gestión que realizan y de este modo funcionan bajo un sistema más organizado. También se han constituido empresas dedicadas a ofrecer dicho servicio a través de varios canales digitales, llegando a recibir entre 900 y 1.500 solicitudes al mes. En todo el país se calcula que hay tramitadores para al menos 70 gestiones en el sector público.

En una revisión de la oferta de sus servicios, El Comercio halló que por cada 10 trámites ofrecidos por estos trabajadores, 6 son gestiones registrales (registro de mandatos y poderes, testamentos, sucesiones intestadas), 2 tienen que ver con registros empresariales (constitución de empresas) y el resto son trámites municipales (como divorcios), vehiculares (inscripción de unidades, cambio de placas de rodaje, licencias de conducir) entre otros.

Ese es el caso de Tramitadores.pe, una empresa que surgió en tiempos de pandemia con el fin de facilitar los trámites legales de sus clientes en el ámbito notarial, registral y civil. María del Carmen Aquije, una de sus fundadoras, indicó que la compañía ofrece optimizar los tiempos de las personas en dichas diligencias mediante el uso de nuevas tecnologías. Precisó que se trata de una empresa legalmente constituida, con número de ruc y registrada ante el Indecopi.

“Hay personas que están muy ajetreadas y acercarse a una entidad pública para un trámite puede demandar mucho tiempo. De eso nos ocupamos nosotros. Si bien nuestros servicios son amplios, más nos basamos en atender procesos en notarías, trámites que son un poco engorrosos y muchos no comprenden. Otro de nuestros fuertes es la constitución de empresas, cambios de gerentes, transferencias de acciones, entre otros. Esto demanda tramitar poderes por escritura, ampliación de facultades, otorgamiento de poderes y más”, detalló.

La empresa también ha atendido a personas del extranjero, sobre todo quienes hablan un idioma distinto al español, y no saben dónde y cómo realizar un trámite para su estadía en el país o abrir un negocio. “Realmente nuestro propósito es facilitarle la tramitología a los ciudadanos de a pie, quienes no entienden muchas veces qué es hacer un trámite. Agilizamos todo para que solo firme”, dijo Aquije.

Tramitadores.pe recibe diariamente entre 30 y 50 solicitudes para hacer un trámite. Es decir, entre 900 y 1.500 solicitudes al mes. Sin embargo, no todas ellas se logran concretar, ya sea porque la persona desiste, se necesitan documentos que no están a la mano u otros factores. En su experiencia, Aquije asegura que los trámites que más demoran son los que se llevan a cabo ante el Estado.

“Debería de haber una simplificación administrativa para varios temas. Uno de los procesos más tediosos que llevamos fue ante la Sunedu para el reconocimiento de un título del extranjero. Este trámite usualmente demora 30 a 45 días. Pero finalmente demoró tres meses. Las razones van desde un fallo del sistema hasta demasiada carga laboral. Por eso, el tramitador debe de tener una red de contactos que agilicen el proceso. Si no llenas bien un formulario y no mandas lo que te exigen, te observan y te amplían el plazo”, comentó.

En julio del 2023, el congresista Eduardo Salhuana presentó el Proyecto de Ley N° 07616, el cual propuso “declarar de necesidad pública la formalización del oficio de tramitador a nivel nacional”, por significar una fuente de ingresos para un sector de la población. Tras pasar por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, fue archivado un año después, en abril del 2004.

De acuerdo a dicho proyecto, los beneficiarios iban a hacer las personas naturales que de manera exclusiva brindan a los usuarios servicios de tramitación de documentos administrativos en las diferentes entidades estatales y particulares del país. Para ser reconocidos como tramitador oficial, estas personas debían de inscribirse en el Registro de Tramitadores que cada Institución habría tenido que habilitar. Asimismo, atenderían al público con una credencial que los identifique.

“Cada institución podrá designar la cantidad de inscripciones en su registro, la cual no debe ser inferior a 10 tramitadores por entidad. Las Instituciones públicas y privadas deben brindar a sus tramitadores, de manera periódica, capacitaciones sobre los procedimientos a seguir en cada gestión que se realice en su entidad, para otorgar un mejor servicio a los usuarios”, proponía la iniciativa.

El proyecto también señalaba como objetivo el mejorar la recaudación fiscal, rebajar los niveles de desempleo y subempleo y dar seguridad a los usuarios que requieran de los servicios de la persona que ejerce el oficio de “tramitador”.

Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, explicó a El Comercio que la figura del tramitador surge de manera natural debido a la existencia de un sinnúmero de trámites o procesos en determinadas instituciones, los cuales en gran parte son complejos de llevar a cabo. En ese sentido, dijo que mientras más engorroso sea o más tiempo demande, mayor será la demanda de tramitadores. En pocas palabras, es una causa-efecto.

“Es natural que haya un ejército de tramitadores porque en general las instituciones hacen poco por simplificarle la vida a los ciudadanos y hacer sus trámites sencillos. Al menos es así en las entidades públicas. Esa es mi sensación. Si los trámites fuesen sencillos los pudiese hacer uno desde su casa a través de internet y no habría necesidad de tramitadores”, sostuvo.

Jaramillo precisó que entre la década de los 90 y 2000 se diluyó bastante la carga de los trámites, algo contario a lo que ha pasado entre los últimos 5 a 10 años, donde los trámites han ido incrementándose conforme el sector público ha ido creciendo. Este sector, agregó, tiene el triple de tamaño del que tenía en el año 2000. “Mientras más grande el Estado, mayor el número de trámites que hacer. En los años 90 se dieron normas que permitían al Indecopi, por ejemplo, calificar los trámites y exigir a las instancias públicas que simplifiquen o eliminen aquello que parecían innecesarios”, comentó.

El investigador precisó que, hasta donde conoce, este tipo de oficio no está regulado en nuestra legislación, algo que considera que en realidad es lo mejor, pues con mucha frecuencia las regulaciones empeoran los problemas, no los arreglan. “Ya me puedo imaginar la regulación que sacaría el Congreso al respecto”, opinó.

Asimismo, aclaró que el hecho de que pudiese ser informal no significa que sea ilegal. “Necesito un certificado de estudios, por ejemplo, y me voy a Azángaro y varias personas me abordan y me ayudan prácticamente con ese y cualquier trámite. Así es como funciona en el ámbito de la calle. Entonces, es informal en el sentido de no estar regulado, pero no quiere decir que es ilegal. No se eluden normas”, detalló.

Otro ejemplo es el tema de los abogados que ofrecen sus servicios para trámites complejos en los alrededores de la Corte Superior de Justicia de Lima. “La cantidad de formalidades que están atadas a cualquier trámite lo obliga a uno a buscar un abogado que lo ayude”, añadió Jaramillo.

Existe un grupo de personas que se valen de este incremento de tramitadores y de las dificultades propias de algunos tipos de trámites para sacar provecho y estafar a los usuarios. Ofrecen realizar una diligencia en el menor plazo posible, incluso en pocos minutos, y para ello piden un pago anticipado. Al pasar el tiempo y ver incumplida esta promesa, las víctimas se percatan que han sido timadas.

Para Aquije, es por esta razón que la palabra “tramitador” puede tener un concepto negativo en algunas personas que han sido testigos de este accionar. Sin embargo, sostuvo que estos grupos no son verdaderos tramitadores, sino que en realidad se trata de delincuentes que se dedican a estafar ofreciendo cumplir con un papeleo sacándole la vuelta a la norma.

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“Nos ha pasado que cuando decimos que somos tramitadores se asustan. Nos cuentan que han hecho un pago anticipado y luego nunca les contestan. Entonces piensan que los vamos a estafar. Sin embargo, se está tratando de romper todos estos mitos. Es verdad que existen personas que se hacen llamar “tramitadores”, pero que en verdad no lo son, o son verdaderos tramitadores que simplemente ejercen sin mucho profesionalismo. Estas acciones manchan al resto que quiere hacer lo mismo de manera correcta”, indicó.

Algunos ejemplos de estos casos son aquellos “tramitadores” (abogados) que aprovechan ciertos vacíos legales y ofrecen prorrogar o eliminar papeletas en contra de conductores. De igual manera están los que aseguran sacar citas para el pasaporte de un día para otro, teniendo en cuenta que actualmente se habilitan muy pocas citas en Migraciones. También están quienes ofrecen agilizar trámites para brevetes o licencias aunque saltándose uno que otro paso.