¿Puede un alcalde ser denunciado por no recoger basura?

Basura acumulada en avenidas, parques, veredas, desbordando de los tachos y formando cerros con moscas en pleno verano. Esta es la realidad que hoy sufren los vecinos de Surco debido a problemas municipales con el recojo de residuos sólidos. Sin embargo, no son los únicos. Antes lo han padecido vecinos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Comas o Cercado de Lima.

►Surco: denuncian acopio de basura en Parque Ecológico Voces por el Clima

►Alcalde de Surco sostiene que Petramás resolvió "unilateralmente”contrato de recojo de basura

El problema de la basura es recurrente en una ciudad que tiene unos 600 puntos críticos de acumulación de residuos sólidos -además en el Callao hay más de 30-, según un informe publicado por la Defensoría del Pueblo en setiembre pasado.

Dicho estudio señalaba que en la mayoría de los casos las autoridades locales no cumplieron adecuadamente con el mandato legal de garantizar la prestación continua, regular, permanente y obligatoria de los servicios de limpieza pública, tal como lo estipula el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Este dispositivo legal precisa que los responsables de la limpieza pública son los municipios, aunque este servicio se realice a través de una empresa operadora. El artículo 80° de la Ley N° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades) también enfatiza en la función exclusiva de las municipalidades de mantener limpios sus distritos, evitando la acumulación de basura.

No hacerlo puede tener una sanción penal.

Según el abogado Julio César Castiglioni, experto en temas municipales, no cumplir con el trabajo de limpieza pública podría ser denunciado como un delito ambiental que, luego de un proceso en el Poder Judicial, puede hacer perder el cargo a la autoridad. El artículo 306 de Código Penal Peruano sanciona con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años el delito ambiental por incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos.

No obstante, Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, explica que para que configure el delito ambiental es necesario que confluyan varios factores como mal manejo de recursos públicos, corrupción, incumplimiento de funciones u otros que hayan provocado grave afectación en la calidad de vida de los vecinos.

“El derecho penal sanciona lo más grave, no cualquier incumplimiento de funciones. Sin embargo, si la población considera que se ha afectado significativamente su calidad de vida, está en su derecho de denunciar el caso ante el Ministerio Público”, dijo.

En diálogo con El Comercio, Abanto aclaró que es importante que intervenga la Contraloría General de la República para verificar si el incumplimiento de funciones tiene que ver con problemas en el uso de los recursos públicos. Si existe riesgo ambiental, también se convoca al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y a la fiscalía ambiental en la investigación.

“En cada caso hay que investigar a qué se debe el problema ambiental. Hay zonas urbanas donde la morosidad de los vecinos es alta y las municipalidades no tienen suficientes recursos para cubrir el costo de limpieza. También puede tratarse de irregularidades en los contratos entre los municipios y las empresas operadoras encargadas de limpieza y recojo”, sostuvo.

De acuerdo con Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales ha reportado la existencia de 636 procesos judiciales en trámite en todo el país, desde el año 2009 al 2018, donde se investiga la comisión de delitos ambientales por generar botaderos o vertederos permanentes de basura.

Respecto al caso particular de Surco, Abanto señaló que la Defensoría del Pueblo pedirá que se transparente el contrato entre la municipalidad y Petramás. “Al parecer hubo aspectos que han generado el descuido del recojo de la basura. Se tiene que esclarecer quién es el responsable para que pueda ser sancionado”, enfatizó.

Según el burgomaestre de Surco, Jean Pierre Combe, Petramás, encargada de dicho servicio, resolvió “unilateralmente el contrato que suscribieron en 2017 y que tiene como fecha de vencimiento los primeros días de marzo”. La empresa, por su parte, asegura que el contrato finalizó el pasado 27 de enero y que ayer, el municipio les envió un oficio para generar un contrato complementario.

Un equipo de auditores de la Contraloría evalúa y fiscaliza la prestación del servicio de recojo, transporte y disposición de residuos sólidos en dicho distrito.

-Alcaldes denunciados-

Dos antecedentes de denuncias contra alcaldes en Lima han sido los casos de Comas y Chorrillos.

En el 2014, la Defensoría del Pueblo interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público de Lima Norte contra el entonces alcalde de Comas, Nicolás Kusunoki Fuero y cinco funcionarios municipales por el delito de Contaminación del Medio Ambiente y contra la administración pública, en la modalidad de Incumplimiento de Funciones, previstos en los artículos 304° y 377° del Código Penal respectivamente. Esto debido a la situación de muy alto riesgo sanitario en la que se encontraban los vecinos por la gran cantidad de basura que llevaba varios días sin recogerse en las principales calles del distrito.

Por este caso, el Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN) abrió, en el 2015, un proceso contra el ex alcalde y se ordenó comparencia restringida en su contra por los delitos de: ‘Incumplimiento de sus funciones para defender y cautelar los derechos de los vecinos’, así como ‘Abandonar la supervisión del correcto funcionamiento de los servicios públicos’.

Además, en el 2018, el Ministerio del Ambiente (Minam) denunció penalmente a Augusto Miyashiro Yamashiro, ex alcalde de Chorrillos por el delito ambiental debido al mal manejo de la gestión de residuos sólidos que se ocasionó en la playa La Herradura. El año pasado, su hijo, el actual alcalde Augusto Miyashiro Ushikubo, fue denunciado por el mismo delito. La denuncia se formalizó gracias a imágenes que registraron a camiones de la propia comuna distrital arrojando residuos en la playa La Chira.

-Villa María del Triunfo: una crisis de varios años-

Entre el 2015 y el 2019, Villa María del Triunfo tuvo cuatro alcaldes diferentes. En ese periodo, el distrito sufrió uno de los problemas ambientales más graves de la ciudad y que motivó a que el Ministerio del Ambiente declare en emergencia este sector.

El continuo cambio de autoridades sumió al distrito en un desgobierno que tuvo impacto en el recojo de basura. La crisis empezó en enero del 2017 cuando fue vacado el alcalde Carlos Palomino por nepotismo. Lo sucedió Ángel Chilingano, quien en diciembre de ese año fue detenido por, presuntamente, liderar una organización criminal. Para ese entonces, varias avenidas del distrito tenían cerros de basura acumulada.

César Infanzón, quien fue designado burgomaestre provisional, dijo en ese momento que su antecesor había dejado el municipio endeudado. Solo a las empresas de limpieza se les tenía que pagar S/2 millones.

El problema se agravó en noviembre de 2018 cuando Infanzón salió de la municipalidad porque el Poder Judicial ratificó una condena de tres años contra él por el delito de concusión. Es así que dejó la municipalidad con 1.500 toneladas de residuos sólidos acumulados en seis zonas del distrito y una deuda de más de S/1,3 millones a la empresa concesionaria de la limpieza pública. Asumió la alcaldía la regidora Anatolia Golac pero la basura continúo varias semanas en las calles porque, según contó en ese entonces a El Comercio, no podía firmar cheques, documentos, resoluciones o disponer legalmente de los fondos municipales hasta no tener las credencias del JNE.

El 15 de diciembre de 2018 el distrito del sur de la capital fue declarado en emergencia por el Ministerio del Ambiente por un plazo de 60 días.