¿Qué hay detrás del “conflicto armado” que declaró Trump contra los cárteles del narcotráfico y qué puede pasar en Venezuela?

El Ejército de Estados Unidos ha desarrollado ya cinco operaciones en el mar Caribe desde su despliegue en esa zona a fines de agosto. La última se dio este viernes 3, un día después de que se hiciera público un memorando de la administración Trump. “EE.UU. ha alcanzado ahora un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y de otros contra los ataques continuos de estas organizaciones terroristas designadas”, marca el documento al que pudieron acceder los medios estadounidenses y agencias de noticias.

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El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ordenó el último ataque a una pequeña embarcación a la que acusó de transportar drogas frente a Venezuela y en el que se cobró la vida de cuatro personas. De esta forma, los operativos han dejado ya 21 muertos en lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico procedentes de Venezuela. El despliegue militar de Washington incluye ocho buques, un submarino nuclear y cazas de combate que se encuentran en Puerto Rico.

“Nuestra inteligencia, sin duda, confirmó que esta embarcación estaba traficando narcóticos, las personas a bordo eran narcoterroristas y operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico”, manifestó Hegseth respecto al ataque más reciente. En tanto, Trump sostuvo en una publicación en redes sociales que la última embarcación estaba “cargada con suficientes drogas para matar de 25 a 50 mil personas”.

Previo procedimiento militar de Estados Unidos en el Caribe, el narcotráfico estaba siendo combatido en el marco de las operaciones policiales internacionales y con el respaldo de agencias antidrogas como la DEA. No obstante, en el primer semestre del año, la Administración Trump ya había dado un paso importante al designar a los cárteles mexicanos, al Tren de Aragua y al cártel de los Soles —encabezado por el presidente venezolano Nicolás Maduro y altos mandos militares— como “organizaciones terroristas”.

Ahora, tras los cinco ataques y al calificar la acción como un “conflicto armado no internacional”, Donald Trump coloca a los cárteles en la misma categoría que los terroristas y habilita a las fuerzas armadas a emplear reglas de una guerra. De acuerdo con el derecho internacional, un NIAC se da cuando un Estado se enfrenta a un grupo armado organizado con criterios de intensidad y control territorial que están atentado contra la seguridad nacional. Justamente, bajo este mismo marco Estados Unidos combatió a Al Qaeda luego de los atentados del 11-S.

“Claramente esta declaración enviada al Congreso apunta a que Trump se cubra legalmente. Busca justificar desde el punto de vista legal sus acciones. Ahora, la disyuntiva está en que el tema es si efectivamente eso es una justificación suficiente o no. Varios especialistas en EE.UU. consideran que no se puede comparar a los narcotraficantes con terroristas o con combatientes enemigos, que son situaciones totalmente distintas. Ahora se verá si el Congreso, que tiene mayoría de republicanos, acepta la explicación”, indica el analista internacional Francisco Belaunde Matossian a El Comercio.

En tanto, la analista política venezolana Maibort Petit sostiene a este Diario que la estructura de la ley estadounidense le permite a Trump declarar el “conflicto armado no internacional”, lo cual es una capacidad que tiene el presidente según la norma federal. No obstante, esta declaratoria, en este caso contra las organizaciones terroristas designadas anteriormente que ejercen una acción interna considerada como una amenaza a la seguridad nacional, obliga al mandatario a consultar con el Congreso a través de comunicados permanentes cada vez que se produce un evento significativo. Justamente, uno de estos documentos es el que se filtró el jueves 2.

“Todo está en el marco de la ley. Allí también se establece el artículo 3 de la Convención de Ginebra. Esta dice que los gobiernos federales pueden desplegar poderes de guerra extraordinarios, incluyendo operaciones letales como las que pasaron con las lanchas, con detenciones sin juicio previo y el uso de los tribunales militares contra miembros de los grupos terroristas. Eso ya pasó en EE.UU. con Al Qaeda. No es un asunto nuevo que está haciendo Trump. Además, en el Derecho Internacional Humanitario hay una cláusula NIAC, la cual también avala la declaratoria, pero para llegar a todo esto, primero se tenía que designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, como lo hizo el gobierno estadounidense”, puntualiza.

Belaunde Matossian concuerda con Petit respecto a que el Congreso debe estar al tanto de las operaciones que está efectuando la Administración Trump en el Caribe, pero que el presidente no necesita una aprobación o permiso de parte del legislativo para atacar las embarcaciones, pues ahora estos grupos son considerados organizaciones terroristas.

“Lo que ha buscado Trump es ponerlos a ese mismo nivel. Por lo tanto, sus ataques a los narcos están cubiertos por la misma norma que le permite hacer los ataques a los terroristas. Ahora, si EE.UU. se mete en una guerra de verdad ahí sí necesita el apoyo del Congreso, pero si es un ataque puntual no. Por ejemplo, cuando bombardeó Irán anunció que atacaba terroristas y no necesitó de una autorización. Todo está ligado a la interpretación jurídica de quién dice algo, es una zona gris del derecho a nivel de EE.UU. Por supuesto, otra cosa es el tema del derecho internacional público. Atacar a un país soberano como Venezuela sería una violación, y ya desde el punto de vista del derecho de EE.UU. hay una discusión”, afirma.

Para Francisco Belaunde, la declaratoria de “conflicto armado no internacional” podría ser también un movimiento previo a una ofensiva directa sobre Venezuela. “Esta medida puede indicar que Trump está preparando el terreno para un ataque al país”, sostiene el analista, pues Washington sostiene que Nicolás Maduro y su cúpula forman parte del Cártel de los Soles, considerado por EE.UU. como una organización terrorista y con esta cobertura legal podría incluso intentar capturar a Maduro o a miembros de su entorno. “Eso parece ser el siguiente paso”, añade el experto.

Maibort Petit, en tanto, advierte que el escenario es aún más complejo porque se juega en varios niveles, dentro y fuera de Venezuela.

“Existen dos narrativas muy fuertes: el régimen intenta convencer a la comunidad internacional de que cualquier acción militar de EE.UU. sería una invasión ilegal, mientras que sectores de la oposición impulsan la tesis contraria, que una intervención pueda derrocar a Maduro. Pero no se trata solo de narrativas internas: Maduro no está solo, tiene el respaldo estratégico de Rusia, China y Cuba. Eso eleva el conflicto a una dimensión internacional, con un trasfondo geopolítico y de recursos naturales que hace mucho más difícil una salida rápida”, explica.

Mayte Dongo, internacionalista y profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sostiene a El Comercio que el decreto supone un cambio jurídico de enorme alcance. “Un conflicto armado no interestatal con un actor no estatal implica el poder del uso de la fuerza. El problema es que los cárteles no funcionan como un grupo armado organizado, sino de manera descentralizada, y tampoco se puede comparar su acción con la de un ejército enemigo”, señala.

Para Dongo, el riesgo central es que bajo este marco se habilite el uso de la fuerza letal sin procesos judiciales previos como se lo permite las normativas. “Esto permitiría tratar como ‘combatientes’ a personas que en realidad no lo son, encarcelarlas sin juicio o juzgarlas en fueros militares. En el fondo, se está desvirtuando el derecho internacional para justificar operaciones que no corresponden al tipo de amenaza que representan los cárteles”, agrega.

La especialista también subraya que el narcotráfico debe entenderse como un problema de corresponsabilidad, pues hay un gran grupo de personas que son consumidoras de los estupefacientes que llegan de forma ilegal a EE.UU. “No es solo la existencia de vendedores en Venezuela, sino también de compradores en EE.UU. Además, la mayoría de muertes por adicción en EE.UU. están relacionadas al fentanilo, y ese no proviene de Venezuela. Por eso sorprende que los ataques se concentren en embarcaciones venezolanas”, puntualiza Dongo.

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SOBRE EL AUTOR

Carlos Lázaro Odría

Licenciado en Comunicación y Multimedios por la Universidad Mayor de Chile. Periodista deportivo formado en ISIL. Inicié mi carrera en el 2014, en Publimetro. He sido redactor en Zona Deportiva del Grupo El Comercio, Jefe Print Otras Marcas, Jefe de Contenido Calificado y editor del diario Depor. Hoy en Deporte Total y Mesa Central de El Comercio.