El preso condenado a muerte Curtis Windom, condenado por asesinar a tres personas, ejecutado mediante inyección letal en Florida, el 28 de agosto de 2025. (Foto de HANDOUT / Departamento Correccional de Florida / AFP)
El preso condenado a muerte Curtis Windom, condenado por asesinar a tres personas, ejecutado mediante inyección letal en Florida, el 28 de agosto de 2025. (Foto de HANDOUT / Departamento Correccional de Florida / AFP)
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Estados Unidos: Florida bate su récord de ejecuciones de nuevo con 11 solo en 2025
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El estado de suministró este jueves la inyección letal al reo , por un triple asesinato de 1992, lo que amplió a once su récord de ejecuciones en un solo año y a una treintena la cifra en todo en los últimos ocho meses.

El Departamento de Correcciones de Florida ejecutó a Windom, de 59 años, a las 18:17 hora local (22:17 GMT), en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, en el norte del estado, informó esa agencia.

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Francisco Sanz
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Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, el máximo anual de ejecuciones en Florida había sido de ocho en 2014.

En 2025, el estado ya ha superado esa cifra con once ejecuciones, más que cualquier otro en el país, seguido por Texas y Carolina del Sur con cuatro cada uno, en un contexto de repunte de este castigo.

Esta semana, como parte de la intervención del Gobierno federal en los asuntos de seguridad de la ciudad de Washington, el presidente Donald Trump incluso señaló que su administración buscará la pena de muerte para los asesinatos que se cometan en la capital estadounidense.

Señaló que se trata de una “medida preventiva muy fuerte” frente al “crimen desenfrenado” de la ciudad, lo cual contrasta con la legislación local del Distrito de Columbia, que abolió la pena capital en 1981, aunque la jurisdicción federal mantiene esa facultad.

Para el Southern Poverty Law Center (SPLC), se trata de una “directiva aberrante”, al señalar este jueves que la pena de muerte “ha sido aplicada de forma desproporciona contra comunidades negras, latinas y pobres y no ha logrado reducir el crimen”.

Esta organización defensora de los derechos civiles advirtió de que la medida no busca “hacer que las comunidades sean más seguras”, sino que constituye “otra distracción de las acciones de la administración que nos hacen a todos menos seguros y nos acercan más al autoritarismo”.

La undécima ejecución

Windom fue condenado a la pena capital por un triple asesinato que cometió en 1992 en el área de Orlando, en el centro de Florida, armado con un revólver.

De acuerdo con el testimonio en el juicio, el sentenciado mató primero a Johnnie Lee, hombre al que acusaba de deberle 2.000 dólares, a quien disparó dos veces por la espalda desde su vehículo y luego dos veces más a quemarropa.

A continuación, fue al apartamento de su pareja Valerie Davis, madre de Curtisia, una de las hijas de Windom, y la mató frente a una amiga de la víctima que presenció el crimen.

Al salir de la vivienda disparó al azar a otro hombre, al que hirió, antes de terminar asesinando también a la madre de Davis, Mary Lubin, quien conducía hacia la casa de su hija y se encontraba detenida con su vehículo en una señal de stop.

Curtisia Windom había liderado una campaña pública para frenar la ejecución de su padre: “Todos hemos quedado traumatizados”, dijo al Orlando Sentinel, pero añadió que “si nosotros pudimos perdonarlo, no veo por qué gente en la calle que no ha pasado por nuestro dolor tiene derecho a decir que debería morir”.

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En Florida, las ejecuciones se realizan mediante inyección letal, con un protocolo de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un medicamento que detiene el corazón.

Su uso ha sido polémico por los riesgos de sufrimiento físico durante la ejecución, errores en la aplicación de los fármacos y el debate ético sobre si realmente constituye un método ‘humano’ de pena de muerte.

El pasado 19 de agosto fue ejecutado en Florida Kayle Bates, de 67 años, por el asesinato de una mujer a la que había secuestrado, y el 17 de septiembre está fijada la de un duodécimo reo, David Joseph Pittman, de 63 años, con lo que el estado volvería a marcar un nuevo récord anual en la aplicación de la pena capital.

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