Estados Unidos debe “suspender temporalmente” la cooperación con las fuerzas de seguridad de Perú presuntamente responsables de “violaciones de derechos humanos” contra manifestantes, afirmó este lunes a la AFP el congresista demócrata Joaquín Castro.
Perú se ha visto sacudido recientemente por manifestaciones que reclaman justicia por los 50 muertos de la represión policial y militar tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, tras su fallido autogolpe de Estado.
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Los manifestantes exigían la dimisión de la presidenta peruana Dina Boluarte, quien en su primer mensaje a la nación abogó por un pacto de reconciliación en el país.
Pero un grupo de congresistas estadounidense afirma estar muy preocupados.
“La ley de Estados Unidos requiere que nuestro gobierno se asegure de que no apoyamos a fuerzas de seguridad que pueden haber participado o estar implicadas en abusos de los derechos humanos”, afirmó este lunes Castro, el demócrata de más alto rango del subcomité de Asuntos Exteriores para las Américas de la Cámara de Representantes.
Castro, uno los congresistas demócratas que visitan esta semana Brasil, Colombia y Chile, pide al gobierno “que suspenda temporalmente la cooperación en materia de seguridad con unidades de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de estas violaciones de derechos humanos”.
Se trata de dar tiempo al departamento de Defensa -explica- para que pueda “investigar las denuncias y transmitir un fuerte mensaje al gobierno peruano de que nuestra relación bilateral debe construirse sobre una base de respeto mutuo por los derechos humanos y la justicia”.
Castro es uno de los 15 congresistas que enviaron una carta al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, a finales de julio para expresarle su “gran preocupación por las crecientes amenazas a los derechos humanos, la democracia y la Estado de derecho en Perú”.
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En ella estiman que “la falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad peruanas” refleja “la corrupción subyacente y la impunidad que ha socavado la democracia”.
Además de “suspender temporalmente” los ejercicios conjuntos, los congresistas pidieron a Blinken que el gobierno apoye a la fiscalía, a la creación de un grupo interdisciplinario de expertos y contribuya a la búsqueda de soluciones para las causas del descontento en el país.
Según ellos, funcionarios peruanos “insinuaron que los manifestantes eran delincuentes y terroristas y respondieron con fuerza excesiva y letal” cuando según la defensoría del pueblo eran “mayormente pacíficos”.
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