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EE.UU. restringe visados para luchar contra el fentanilo: ¿una medida efectiva o una simple excusa?
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El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 26 de junio la introducción de nuevas medidas para la entrega de visados que supone restricciones para familiares y asociados, tanto personales como comerciales, de personas sancionadas por narcotráfico. La medida tiene como objetivo combatir el comercio ilícito de fentanilo, según anunció Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno estadounidense.
“La imposición de restricciones de visados a los traficantes de drogas, sus familiares y asociados personales y comerciales cercanos no solo les impedirá ingresar a Estados Unidos, sino que servirá también para disuadirles de continuar con actividades ilícitas”, indicó Rubio en un comunicado.
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“El Departamento de Estado de Estados Unidos utilizará todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar la circulación de fentanilo y otras drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos y perjudican a los ciudadanos estadounidenses”, añadió.
El responsable de la política exterior de EE. UU. indicó que se trata de una política disuasiva y que los severos problemas sociales provocados por el consumo de fentanilo “no tienen precedentes” y justifican dicha medida.
Según el gobierno de Estados Unidos, la sobredosis por consumo de fentanilo es la principal causa de muerte de los estadounidenses de entre 18 y 44 años. Más del 40% de los estadounidenses conocen a alguien que ha fallecido por una sobredosis de opioides y en 2024 se promedió más de 220 muertes diarias por esta causa.

Lo que hay detrás de la nueva política
Dentro de la actual administración estadounidense, la gestión de la problemática del fentanilo ha estado frecuentemente ligada a la política exterior desde la toma de mando de Donald Trump. Tan solo días después de su asunción, el presidente republicano protagonizó un amargo choque diplomático con el gobierno de México al que acusó de tener nexos con el narcotráfico.
Aunque dicho impase terminó siendo solventado días adelante, dio muestras de que la instrumentalización de la lucha contra las drogas iba a ser parte de la política exterior estadounidense, según los analistas consultados por este Diario.
Para Francisco Belaunde, internacionalista y docente en las universidades de Lima y San Ignacio de Loyola, podría tratarse de una forma velada de filtrar la migración, según la visión que tienen Trump y su entorno.
“El tema de las visas está relacionado con la seguridad porque hay que ver que Estados Unidos desde hace varios años permite, por ejemplo, revisar los celulares de la gente que quiere entrar en el país incluso con visa; sin embargo, no tiene que ver solo con el fentanilo, entiendo que es también por razones de seguridad, para ver si estas personas son potencialmente peligrosas”, explica Belaunde.
Según el catedrático, el problema a lo que esto conlleva es que se abre las puertas a que los funcionarios terminen empleando otros criterios distintos a los que la orden ejecutiva 14059 —a la que apelaba Marco Rubio en su comunicado— citaba para la denegación de visas.
Si bien la nueva política de entrega de visas tendría el potencial de responsabilizar a la migración, sí hay información del gobierno que indica con claridad la procedencia foránea de los narcóticos.
Reportes de la DEA indican que el 90% de los narcóticos sintéticos ilegales distribuidos en Estados Unidos se fabricaban con precursores químicos producidos en China y organizaciones criminales transnacionales con sede en México eran responsables de la producción y comercialización de la mayor parte del fentanilo en territorio estadounidense.
Para Mayte Dongo Sueiro, internacionalista y docente del Departamento de Ciencias Sociales PUCP, pese a que estos datos le dan margen de justificación al gobierno estadounidense de cara a la guerra comercial de Trump, genera dudas que la política de migraciones no forme parte de una estrategia más integral para la crisis del fentanilo.
“Ya se usó como justificación para poner aranceles a China y a Canadá. En el caso de México, sí hay narcotráfico de fentanilo, pero en el caso de Canadá era mínimo por lo que no tenía mucho sentido”, explica.

La docente de la PUCP señala como caso específico el de las personas que cruzan la frontera y son revisados en San Diego, de las cuales la mayor parte de detenidos en posesión de fentanilo son ciudadanos estadounidenses, por lo que no queda tan claro cuánto puede contribuir la restricción en las visas a una lucha que ya estaba teniendo progresos antes de la medida anunciada por Rubio.
“El problema del fentanilo viene desde la Administración Biden, donde tuvo su pico entre los años 2019 y 2020, pero para fines del 2024 había disminuido. Sí, había mucha muerte, pero es cierto que había comenzado a descender un poco la cantidad de sobredosis y muertes por fentanilo”, explica la especialista.
Una opinión similar tiene Francisco Belaunde, quien sostiene que lo que buscaría el presidente republicano es tener una carta más de negociación para el futuro.
“Ya se veía desde antes del segundo gobierno de Donald Trump que había disminuido el número de muertos por el consumo de fentanilo. (…) Básicamente creo que las nuevas restricciones son una especie de argumento comodín para justificar cualquier cosa”, comenta.
“Salvo tal vez en el caso de México, que parece haberse puesto las pilas y ha comenzado a hacer arrestos y decomisar embarques de fentanilo, pero en los demás casos no creo que la medida tenga mucho más efecto”, agrega Belaunde.

Para ambos internacionalistas, ha sido mucho más eficiente el trabajo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que esta semana identificó a tres entidades financieras mexicanas como fuentes de riesgo potencial de cara al lavado de dinero proveniente del tráfico de fentanilo.
Según informó el diario mexicano El Universal, la Red de Control de Delitos Financieros apuntó específicamente a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como responsables de lavar dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y la organización de los Beltrán Leyva.
La Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl (Ley de Erradicación del Fentanilo) han prohibido a las instituciones financieras realizar cualquier tipo de operación hacia las citadas entidades bancarias.
“Me parece un trabajo más serio y ya tiene precedentes de años anteriores el intentar disuadir el blanqueamiento del dinero que viene por el fentanilo. Tiene más sentido porque además implica la cooperación entre el Departamento de Tesoro y el de Hacienda en México”, comenta al respecto Mayte Dongo Sueiro.
“No sé qué tanto va a lograr, pero, por lo menos es más consistente”, añade.
La normativa fue aprobada en julio de 2024 y tiene el objetivo de combatir el tráfico internacional de fentanilo y otras drogas, estableciendo medidas para bloquear la logística del narcotráfico. Dicha ley trataba la crisis del fentanilo como una emergencia nacional y brinda al jefe de gobierno la prerrogativa de imponer sanciones a los involucrados en la cadena operativa del tráfico de estupefacientes.










