¿Qué está pasando en Ecuador y por qué está escalando la protesta indígena con el bloqueo de vías?

En medio de este escalamiento del conflicto, una de las situaciones de más tensión en los últimos días se resolvió de buena manera el miércoles, cuando el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó que los 16 militares que fueron retenidos durante las protestas en la provincia de Imbabura fueron liberados.

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Los militares estaban retenidos desde el domingo, tras fuertes choques con manifestantes en los que murió un indígena identificado como Efrain Fuerez, de 46 años. También hubo al menos 12 soldados heridos.

Según la Conaie y organizaciones de derechos humanos, Fuerez recibió impactos de bala que habrían sido disparadas por miembros de las Fuerzas Armadas.

Cuando Fuerez estaba herido en el piso, otro manifestante trató de auxiliarlo, pero este fue salvajemente golpeado por los militares. El hecho quedó registrado en video y su divulgación causó indignación en la sociedad ecuatoriana y dio un nuevo impulso a la protesta.

La Fiscalía abrió una investigación por “uso ilegítimo de la fuerza”, mientras que la Conaie denunció un “crimen de Estado” cometido bajo las órdenes de Noboa.

El paro nacional y bloqueo de vías convocado por la Conaie se inició el 22 de setiembre, luego de que el presidente Noboa anunciara la eliminación del subsidió al diésel. Así, su precio pasó de 1,80 dólares a 2,80 dólares por galón. Los manifestantes exigen que esta medida sea derogada.

Además, con el paso de los días se han sumado otras demandas, como el inicio de un juicio político en la Asamblea Nacional contra los ministros del Interior John Reimberg y de Defensa Gian Carlo Loffredo por la actuación de policías y militares en la represión de las protestas.

Noboa ha dicho que prefiere “morir” antes que revocar la eliminación del subsidio al diésel. También ha señalado que las manifestaciones son “actos terroristas disfrazados de protesta social”.

Incluso Noboa dijo que entre los manifestantes hay infiltrados de mafias como la banda criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no ha mostrado pruebas de su denuncia.

Hasta el miércoles, El ECU 911 informó de 15 cierres de carreteras en las provincias de Imbabura, Pichincha, Bolívar, Sucumbíos, Cotopaxi, Cañar y Chimborazo.

Mauricio Alarcón-Salvador, activista de la democracia y defensor de los derechos humanos en Ecuador, le dijo a El Comercio que el diálogo entre el Gobierno y los manifestantes está bloqueado.

“Hay una tozudez en ambos lados para sentarse a conversar. Por parte del Gobierno, un tanto incomprensible, por parte de los manifestantes, con un poco más de sustento en el sentido de que días atrás tuvimos que lamentar el fallecimiento producto del asesinato por parte de la fuerza pública de una persona que se manifestaba en una de las vías de la provincia de Imbabura”, sostuvo Alarcón-Salvador.

“Considerando lo que ha sucedido en las últimas horas, cuando incluso ya tenemos bloqueos en las zonas de acceso a la capital del país, me atrevería a decir que hay una escalada gradual de la manifestación”, remarcó.

Por su parte, el analista político Julio Echeverría indicó a El Comercio que el conflicto se ha prolongado demasiado, generando desgaste económico en comunidades locales y un estrés social creciente.

Además, refirió que cada vez se suman más actores con demandas radicales, lo que incrementa la tensión en Ecuador.

“Aunque el Gobierno se muestra firme en no retroceder con la eliminación del subsidio al diésel, la conflictividad, que tiende a incrementarse, obliga a considerar el diálogo como posible salida", dijo Echeverría.

Para Echeverría, como consecuencia de este conflicto, la figura del presidente Noboa se está debilitando y está perdiendo aceptación política.

“La eliminación del sbsidio al diésel es un capítulo extremadamente complicado para cualquier gobierno en Ecuador. Es un elemento bastante sensible porque muchas economías todavía viven de las ventajas que este subsidio puede ofrecerles. No solo son las economías campesinas”, sostuvo Echeverría.

Precisó que aunque el Gobierno plantea compensaciones y políticas de apoyo para sectores vulnerables, la dureza con la que enfrenta a los movimientos sociales rompe la posibilidad de acuerdos inmediatos, lo que agrava la crisis.

También remarcó que en el país crece una conciencia social que percibe que mantener el subsidio es insostenible, y que incluso beneficia a economías ilícitas relacionadas con el contrabando, narcotráfico y la minería ilegal.

Bajo este contexto de convulsión social, el presidente Noboa impulsa una Asamblea Constituyente para dejar atrás la Constitución del 2008, aprobada durante el gobierno de Rafael Correa. El primer paso será el referéndum programado para el próximo 16 de noviembre.

Mauricio Alarcón-Salvador dijo que la crisis está afectando la imagen, la credibilidad y la confianza en el gobierno de Noboa, que en cuatro meses de gestión ya ha visto una caída de sus cifras en las encuestas.

“De cara a un referéndum el próximo 16 de noviembre, el costo político puede resultar indudablemente alto. Y la forma en la que se han manejado las crisis en el último tiempo no le hacen favor al Gobierno”, indicó.

Echeverría remarcó que la Constituyente responde a una demanda creciente de reformar la Constitución del 2008, que podría ser vista como un programa político del correísmo y que pone muchos un obstáculos al modelo de desarrollo actual, favorece la inseguridad y la reproducción del crimen transnacional.

Consideró que en la coyuntura del paro, la Constituyente podría funcionar como una válvula de escape político que traslade la tensión hacia el campo institucional y electoral.

Sin embargo, Echeverría indicó también que la actual polarización y conflictividad hacen difícil que una Asamblea Constituyente pueda construir consensos reales. “La realidad actual es de una polarización y de un conflicto de difícil solución en el corto plazo, y la convocatoria de esta asamblea es de cortísimo plazo”.

Agregó que existe el riesgo de que, en lugar de una Constitución renovada y funcional, el proceso derive en más inestabilidad y bloqueo político.

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