“Los norcoreanos en la guerra de Ucrania no sabían dónde estaban y muchos creían que era un entrenamiento o que combatían contra Corea del Sur”

El Comercio conversó con Salmón sobre la problemática norcoreana en medio de la Conferencia de la Asociación de Institutos de Derechos Humanos organizada por la PUCP. La alta funcionaria de Naciones Unidas también dialogó con este Diario acerca del impacto del crimen sobre los derechos fundamentales, temática sensible en el contexto latinoamericano actual.

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—¿Cómo describiría la situación actual de los derechos humanos en Corea del Norte y cuál es el balance de lo que ha visto durante su gestión?

La situación de los derechos humanos en Corea del Norte es altamente preocupante. Desde el inicio de la pandemia sus fronteras han estado cerradas casi por completo y solo se ha permitido el acceso de algunas embajadas, como las de Rusia, China, Irán y Cuba, mientras que entre los países occidentales con presencia están Suecia y Bulgaria.

Es alarmante que no se permita el acceso al equipo de Naciones Unidas para el país. Esta situación de aislamiento coexiste con una militarización extrema y, como se sabe, hay soldados norcoreanos que están participando en la guerra entre Rusia y Ucrania, a lo que se suma que el país también está entregando armamento y tecnología militar a sus aliados rusos.

Hay una sincronía entre el aislamiento de Corea del Norte y la falta de control (externo) —para que nadie sepa qué está pasando adentro— con esta apuesta por la militarización en un contexto donde hay una crisis de acceso a la alimentación y salud, además de la vulneración de la libertad de expresión y movimiento. Los norcoreanos no pueden moverse de una ciudad a otra sin el permiso del estado y mucho menos salir del país, y si escapan pero son repatriados están sometidos a sanciones larguísimas, incluso a la pena de muerte.

Este último año se ha incrementado la militarización junto a una situación tremendamente preocupante a nivel interno en términos de acceso a servicios y de libertades fundamentales.

"Cada vez que emito un informe o la ONU dice algo sobre derechos humanos, Corea del Norte responde con una carta diciendo que se trata de mentiras de sus enemigos"

—¿El gobierno norcoreano envía algún tipo de respuesta formal a sus solicitudes para realizar las labores de relatoría o directamente no contesta?

Corea del Norte es miembro de las Naciones Unidas y tiene relación con algunos sectores de la organización. Por ejemplo, el 20 de mayo hubo una reunión en la Asamblea General y la delegación de Corea del Norte tomó la palabra para rebatir todo lo que se estaba diciendo.

No es que no haya una comunicación formal con Naciones Unidas, pero en temas de derechos humanos la reacción es mucho más cerrada y en el caso de mi posición como relatora, Corea del Norte nunca permitió el acceso a mis predecesores y tampoco lo ha hecho conmigo en tres años. Ni siquiera el equipo oficial de la ONU puede entrar a Pyongyang a trabajar y llevan esperando hace años para hacerlo de nuevo.

Cada vez que emito un informe o la ONU dice algo sobre DD.HH., ellos responden con una carta diciendo que se trata de mentiras y que son los enemigos de Corea del Norte los que afirman eso.

Trabajar en ese contexto es extremadamente difícil, pero una cuestión que hay que decir sobre mis fuentes es que en Corea del Sur viven alrededor de 38.000 personas que han escapado del Norte y siempre están proveyendo información. Asimismo, hay datos satelitales sobre espacios dentro de Corea del Norte provenientes de diversas organizaciones. También está la oficina de la ONU en Seúl que tiene referencias clara sobre lo que está sucediendo en el norte.

La información no es necesariamente el mayor de los problemas, sino la falta de cooperación.

—Entiendo entonces que las principales fuentes testimoniales directas siguen siendo los refugiados norcoreanos.

La gente que ha escapado de Corea del Norte tiene derecho a obtener la nacionalidad de Corea del Sur. Su situación no es como la de un refugiado extranjero que recibe ayuda de otro estado. El gobierno surcoreano los trata como ciudadanos en pleno derecho debido a que su Constitución considera que toda la península coreana es su territorio, así que tienen derecho a una serie de apoyos para vivir en Corea del Sur.

La información testimonial sigue siendo como siempre la que proporcionan las víctimas; sin embargo, soy enfática en que hay múltiples canales de información, agencias y actores alrededor del tema.

—¿Cuáles son algunos de estos canales adicionales?

Como mencionaba, varias organizaciones civiles usan información satelital y alta tecnología para ver cuántas prisiones hay, si estas han crecido, si se redujeron o cambian de lugar. Estas personas también pueden hacer seguimiento al tema del arsenal norcoreano y saber si se están construyendo más armas o no.

También hay periodistas que tienen fuentes directas en Corea del Norte, manejando datos estrictamente confidenciales. Otras personas van a determinadas zonas y con ciertos teléfonos logran enviar información.

Al mismo tiempo, la oficina de las Naciones Unidas en Corea del Sur también recibe reportes y los gobiernos de otros países facilitan otro tipo de referencias acerca de lo que está pasando allí.

Ciertamente, nada reemplaza la cooperación directa del estado y la situación ideal sería que la ONU pudiera ingresar, hablar con la gente, visitar los centros de detención, etc. No obstante, Corea del Norte no lo permite y la sensación que queda es que hay mucho que ocultar.

"Los soldados norcoreanos enviados a la guerra con Ucrania no sabían dónde estaban"

—Hablaba de los soldados que ha enviado Kim Jong-un al conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Los mismos desertores en el frente han sido sus proveedores de información? ¿Qué se ha encontrado?

En mi último informe menciono que estuve en contacto directo con el gobierno ucraniano, que respondió a una serie de preguntas que les formulamos sobre los soldados. De igual manera, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha tenido acceso a los norcoreanos detenidos en Ucrania porque son prisioneros de guerra.

Las autoridades surcoreanas y su servicio de inteligencia también han tenido contacto con muchos de estos soldados detenidos, ya que ellos solo hablan coreano. Esta información estgará en el reporte que voy a presentar ante la Asamblea General de la ONU en octubre, y en este caso puedo decir que las fuentes son tremendamente directas.

Lo que se ve es que estos soldados no tenían información clara acerca de dónde se encontraban o qué estaba sucediendo. Muchos creían que estaban entrenando y otros pensaban que se enfrentaban a Corea del Sur. Cuando les preguntaban si querían regresar, decían que quizá sí o quizá no. Se ha comprobado que son personas con escasa información y con poca preparación bélica, de alguna manera dejados a su suerte.

Ha habido imágenes televisivas de Kim Jong-un recibiendo cadáveres —lo cual es una tragedia porque esa gente no debería estar participando en esa guerra—y queriendo dar una imagen de que quiere y respeta a estos soldados, pero la realidad es que cumplen unos servicios militares horrorosos y obligatorios de 11 años con condiciones de alimentación y salud escasas. Sobreviven gracias a que sus propias familias les hacen llegar alimentos. Lo terrible es que, en este caso puntual, las madres de muchos soldados, que son jovencísimos (de entre 21 y 23 años), nunca fueron informadas acerca de que los estaban enviando a Ucrania.

Han sido las mujeres, las madres, quienes han buscado información y los han dado por desaparecidos. Muchas veces han vuelto a saber de sus familiares cuando han llegado de vuelta como cadáveres.

—¿Hasta cuándo se extiende su periodo en la relatoría y qué objetivos asumibles busca lograr?

Fui nombrada en el 2022 para un periodo de tres años y en este 2025 he sido renovada por tres años más, por lo que mi designación concluye en el 2028.

Mi primer objetivo ha sido siempre dar visibilidad al tema. He participado tres veces en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hablando sobre Corea del Norte, también en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, buscando mantener dicha cuestión en la agenda. Esto a pesar de que es extremadamente difícil porque todo el mundo quiere hablar de Ucrania y Rusia o sobre la Franja de Gaza e Israel; mucho menos quieren hablar de Sudán del Sur, aunque también se debería empezar a dar atención a esos otros conflictos. No por el hecho de que no sepamos más de Corea del Norte, porque no podamos ingresar ahí y tener una imagen directa, se debería ignorar la situación de los ciudadanos norcoreanos.

Un segundo objetivo que he tratado de generar en estos años es dar a conocer el impacto de las actividades de Corea del Norte en los derechos de otras personas.

Por ejemplo, en mis informes hablo de la situación de las mujeres y las niñas en el país. Junto a ONU Mujeres se ha logrado que otros órganos y agencias de diferentes entidades empiecen a hablar de este asunto en Corea del Norte.

También está el problema de la cibercriminalidad. Corea del Norte es uno de los estados con mayor participación de delincuentes tecnológicos y en países como Japón o Corea del Sur hay múltiples casos de ciberataques y robos informáticos. Hay una legión de norcoreanos preparados para esto por parte del Estado. Otros estados tienen que tomar medidas porque hay una actividad transnacional de Corea del Norte, que utiliza la tecnología —o las armas como en el caso de su convenio con Rusia— para atacar otros países por medio del espionaje digital. Hay mucha gente que está sufriendo estos efectos.

En el reporte que voy a presentar en octubre está la observación de que la represión transnacional que ejerce Corea del Norte rompe las fronteras de una manera evidente en Ucrania con las armas y los soldados, pero también de forma mucho más sutil y potente en la actividad criminal con las nuevas tecnologías. Estados Unidos y Japón ya están tomando medidas con respecto a estos ataques.

—Es investigadora en derechos humanos y ponente de un evento sobre la criminalidad, ¿qué ha observado sobre esa problemática en la región?

En nuestra región tenemos un incremento de la inseguridad, la violencia y la delincuencia común, pero también de la delincuencia organizada, que es tremendamente peligrosa en términos de extorsiones, narcotráfico, trata de personas y extracción de recursos. Esto hace necesario plantear la pregunta sobre si “todo vale” para acabar con la criminalidad organizada y saber qué se puede hacer y qué no.

Se debe tener en cuenta que la criminalidad organizada va a afectar principalmente a poblaciones ya vulnerables. Por ejemplo, pensemos en los pueblos indígenas que están viendo como acaban con sus recursos y su hábitat. Hay también mujeres y niñas en situación de pobreza que son captadas por estas bandas para la explotación sexual.

Hay que tener una reflexión muy seria acerca del crimen organizado y sobre qué vamos a hacer. La reacción natural del Estado es un enfoque securitista: ampliar las penas y construir más cárceles. Y se cree que con eso se va a acabar el problema. Bueno, resulta que no funciona y en ese sentido la experiencia de países como México debería ser más que ilustrativa, a menos que nos queramos volver estados parecidos a Corea del Norte donde encarcelemos a todos, sin importar garantías fundamentales como el debido proceso o el derecho de defensa.

"Cómo terminar con la delincuencia sin acabar con la democracia es una reflexión imperativa en el actual contexto"

—Menciona usted que han aparecido criterios para la resolución de este tipo de situaciones críticas a través de la vía radical, perfiles que prometen mano dura como en El Salvador. Esto se está viendo en distintas campañas electorales de la región, ¿ya es mayoritaria esta tendencia?

Esta tendencia a un enfoque que prioriza la seguridad, la mano dura, el incremento de penas y la construcción de más cárceles es un discurso en alza en la región y en el mundo, no hay por qué negarlo. La moneda de cambio es que se va a acabar con la delincuencia sin importar a qué precio: si se afecta a personas que no tenían nada que ver, pues se trata de un costo que tenemos que pagar para vivir todos seguros. Nayib Bukele y sus aspirantes a imitadores en la región son muestra de eso. Bajo ese punto de vista, “el precio está bien pagado”.

La capacidad de vivir en democracia y no ser víctimas de violaciones de derechos humanos es un valor que nos ha costado mucho aprender en la región tras décadas de conflictos, terrorismo y situaciones terribles. Creo que hay que evitar esa tentación autoritaria y facilista de solo incrementar las penas sin atender las causas profundas de la criminalidad e inseguridad.

Reitero que en ningún país del mundo, a menos que quisiéramos ser Corea del Norte, ha funcionado acabar con la criminalidad de esa manera. Basta con ver la situación de las cárceles en la región, que son terribles: la sobrepoblación es inmensa, son extremadamente caras de mantener y se han vuelto una universidad de delincuentes, de donde salen peor. Las personas a cargo de estas prisiones también sufren una serie de afectaciones.

Cómo queremos terminar con la delincuencia sin acabar con la democracia es una reflexión imperativa en el actual contexto nacional y regional.

—La experiencia mexicana de infiltración de grupos delictivos en el aparato político y estatal parece estarse viendo también en países como el Perú. ¿Hay algún tipo de ejemplo positivo sobre la reversión de una situación así o todavía se están buscando alternativas?

Es un hecho que la criminalidad ha sido más rápida en transformarse, adaptarse y globalizarse que la cooperación entre estados. Por ejemplo, si pensamos en el tren de Aragua o en otras bandas criminales se observa que tienen una acción transnacional, no se limitan solamente al territorio de su país. Mientras tanto, la cooperación interestatal es lenta, burocrática y eso genera una serie de dificultades.

Pienso que el énfasis tiene que ponerse en cómo van a cooperar los estados para evitar casos como estas infiltraciones de bandas de un país en el territorio de otro estado y cuál es el límite de esa colaboración. Situaciones como calificarlos de terroristas o lanzar barcos para que ataquen y maten a esos criminales no son claras.

Debemos ver qué queremos hacer y hasta dónde queremos llegar para poner fin a esta problemática, eso nadie lo pone en duda. En ese sentido, los derechos humanos no son un obstáculo para solucionar problemas, son una guía y un límite para que todos podamos seguir viviendo y no terminemos muertos con la criminalidad.

—Pero la criminalidad parece evolucionar a un ritmo mucho más acelerado y muchas veces se dificulta seguirle los pasos...

La ONU tiene algunas reglas internacionales sobre la criminalidad organizada, pero no hay que tapar el sol con un dedo, estas normas en muchos aspectos se han quedado cortas frente al avance de la criminalidad. Las nuevas tecnologías han hecho que esta cooperación entre bandas sea mucho más fluida y que también el número de víctimas y el daño que producen sean mucho peores.

Dentro de la evolución de la criminalidad, hay una primera fase en la que solo se busca generar recursos y luego hay una segunda de expansión a diferentes países. Actualmente nos encontramos en una suerte de tercera etapa del crimen organizado, donde ya no solamente se quiere obtener recursos y expandir el mercado, sino además se quiere tomar el poder político; es decir, que desde la propia autoridad se tengan las facilidades para llevar a cabo la actividad delictiva.

Esto es tremendamente peligroso para toda la sociedad, no solo para los pueblos indígenas que ven su territorio totalmente violentado, no solo para las mujeres pobres que terminan en redes de trata de personas, no solo para los niños que no tienen otro modelo que no sea terminar como criminal para poder salir de la pobreza. Se necesita una evaluación profunda y por eso la importancia de convocar a diferentes expertos internacionales de varios países de la región y otros continentes para que nos ayuden a reflexionar sobre cómo dar respuesta a este problema sin morir buscando la solución.