Acusan al régimen de Maduro de sobornar a diputados para “impedir” reelección de Guaidó

[Caracas AP / AFP] La Asamblea Nacional de Venezuela señaló a siete diputados opositores de haber sido supuestamente comprados por el régimen de Nicolás Maduro como parte de una operación que buscaría debilitar al bloque en momentos en que han recrudecido los procesos judiciales contra algunos opositores y se detuvo el viernes a un congresista.

Las tensiones dentro del bloque opositor se agitaron luego que la presidencia de la Asamblea Nacional acusara en un comunicado y en su cuenta de Twitter a los diputados Luis Parra, José Brito, José Gregorio Noriega, Conrado Pérez y Adolfo Superlano y los suplentes Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña de haber sido captados por el gobierno como parte de una operación que denominaron “Alacrán”.

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Sin presentar pruebas, la presidencia del Congreso informó que los siete congresistas “han decidido traicionar la causa de la libertad” y “sucumbir ante la dictadura corrupta con la Operación Alacrán”.

Parra, Brito, Noriega y Pérez fueron suspendidos y expulsados de los partidos opositores Primero Justicia y Voluntad Popular, del cual forma parte Juan Guaidó, luego de la difusión a inicios de mes de una investigación del medio digital Armando.Info que reportó que unos nueve congresistas habrían mediado a favor de dos empresarios vinculados al gobierno.

De igual forma, los congresistas fueron suspendidos de la Comisión de Contraloría y les abrieron una investigación en el cuerpo legislativo. Algunos de los implicados rechazaron los señalamientos y acusaron a Guaidó de actuar contra ellos por no apoyar su reelección.

A la lista de congresistas cuestionados se sumó el viernes la diputada Kelly Perfecto, una antigua disidente del oficialismo, quien fue expulsada de la organización opositora Movimiento Democracia e Inclusión y acusada por sus dirigentes de haber recibido de miembros del oficialismo 50.000 euros para comprarla.

La presidencia del Congreso denunció la noche del viernes que funcionarios policiales detuvieron al diputado opositor Gilber Caro y su asistente en el norte de la capital.

Al rechazar la detención, el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien está refugiado desde abril en la residencia del embajador de España tras un fallido alzamiento militar, acusó al presidente Nicolás Maduro de recurrir a acciones “desesperadas” y dijo en su cuenta de Twitter que “mandas a tus esbirros a meter preso a los diputados que no pudiste comprar”.

Esta es la tercera vez que Caro es apresado en dos años. El diputado suplente fue excarcelado en junio pasado por segunda vez como parte de la mediación de un grupo de políticos luego de pasar casi dos meses detenido en una sede de la policía política. En 2017 el congresista fue arrestado por primera vez tras ser acusado de participar en un supuesto complot contra el gobierno y pasó un año y medio en la cárcel.

El secretario general de a OEA, Luis Almagro, quien es un fuerte crítico del gobierno venezolano, exigió la liberación inmediata de Caro y dijo en su cuenta de Twitter que “Maduro y su régimen tienen que parar la persecución ya” y respetar a la Asamblea Nacional.

EE.UU. se une a la acusación

Por su parte, Estados Unidos acusó este viernes al régimen de Maduro de buscar “impedir” la reelección de Guaidó como jefe parlamentario con sobornos de hasta 500.000 dólares, y prometió reforzar las sanciones contra Caracas en pos de una transición política.

“El régimen está utilizando una combinación de amenazas, arrestos y sobornos, hasta 500.000 dólares por voto, nos han dicho, para impedir la reelección de Juan Guaidó”, dijo en rueda de prensa Elliott Abrams, el alto funcionario estadounidense encargado de Venezuela, denunciando varios incidentes con legisladores opositores.

"Ese es el primer paso. El segundo paso será tratar de tomar el control de la Asamblea Nacional evitando elecciones libres en el 2020″, agregó.

“Es por eso que continuaremos nuestras sanciones y las fortaleceremos”, aseguró, saludando las medidas adoptadas por los países latinoamericanos signatarios del tratado de defensa TIAR, y alentando a la Unión Europea a sumarse.

En medio del escándalo de corrupción, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y las autoridades aprobaron a inicios de semana el enjuiciamiento de cuatro diputados opositores por los delitos de rebelión y traición a la patria, entre otros, y se dictó una orden de captura contra otros dos congresistas implicados en su supuesto complot, con lo que se elevan a más 25 los opositores sometidos a procesos judiciales en los últimos meses, incluido el jefe del Congreso.

Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, enfrenta los escándalos de corrupción y las divisiones en el bloque de opositor a escasas semanas de que se realice la consulta en la Asamblea Nacional el 5 de enero para votar su reelección.

Opositores han acusado al gobierno de recurrir a los enjuiciamientos de diputados y de supuestamente comprar congresistas para “desmantelar” el Congreso y evitar la reelección de Guaidó, quien se ha mostrado confiado de que logrará los votos para seguir a la cabeza del cuerpo legislativo.

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó esta semana una reforma de su reglamento para lograr que algunos de los diputados procesados, que se encuentran en el exterior o escondidos sin revelar su ubicación, puedan participar de manera virtual en las sesiones y votar. El Tribunal Supremo de Justicia, que controla el gobierno, anuló la víspera la reforma, pero el Congreso ratificó que no acatará la sentencia y que mantendrá vigente la modificación de su reglamento.

Por su parte, algunos dirigentes oficialistas han rechazado las denuncias de compra de opositores y han asegurado que los señalamientos forman parte de una “guerra” entre los sectores adversos al gobierno.