Cientos de personas, muchas de ellas indígenas, han cruzado la frontera entre Apure en Venezuela y Vichada en Colombia huyendo de la violencia en la frontera que se ha sostenido por varios días y por la que ambos gobiernos han desplegado militares.
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“Han cruzado con sus hijos y con los chinchorros (camas colgantes) con mucho miedo. Duermen debajo de los árboles a la orilla de los ríos y otros en el pueblo. No tienen un albergue, están a la intemperie, si llega a llover se van a mojar y enfermar”, dijo el miércoles a The Associated Press Henny Gutiérrez, gobernadora indígena de Puerto Carreño, Vichada.
Human Rights Watch calcula que hay al menos 500 venezolanos desplazados forzosamente en Vichada, al este de Colombia, que incluyen indígenas sikuani y amorúa. Gutiérrez, por su parte, advirtió que la cifra de desplazados ascendería a 800 personas, aunque todavía no hay un número consolidado de afectados dado por el gobierno.
Juan Pappier, experto para Colombia de HRW, explicó a la AP que las personas están huyendo por amenazas de reclutamiento forzado y enfrentamientos en suelo venezolano entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 10 de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los enfrentamientos entre dichos grupos armados se empezaron a registrar con fuerza desde el 3 de enero, cuando el gobierno colombiano confirmó la muerte de 23 personas en Arauca, algunas de ellas con antecedentes judiciales por porte ilegal de armas y secuestro.
Colombia desplegó 700 miembros de grupos de operaciones especiales con el objetivo de capturar a las disidencias de las FARC y el ELN. Venezuela también reforzó su presencia militar en Apure para combatir a los que llaman “grupos Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos)”.
“Hasta ahora, el despliegue de tropas a zonas de conflicto no ha dado resultados en Colombia. Enviar soldados a Arauca no alcanza por sí solo para enfrentar los problemas estructurales en el departamento y difícilmente logre solucionar la actual crisis”, aseguró Pappier de HRW.
Los desplazamientos internos que iniciaron en Arauca, fronteriza con Apure, con un par de decenas de familias colombianas fueron aumentando, algunas de ellas llegaron a Norte de Santander. Sin embargo, en Vichada el fenómeno ha sido distinto debido a que los desplazados son de nacionalidad venezolana y provienen de su país.
La Defensoría del Pueblo ha atendido a las personas desplazadas y advertido desde el 14 de enero que la situación podría agravarse. “(Venezolanos) nos informaron que van a llegar más familias desplazadas porque en territorio venezolano estas organizaciones ilegales estaban reclutando adolescentes y personas que tengan hasta 30 años, diciéndoles que si no estaban de acuerdo debían desalojar sus viviendas”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en un comunicado.
El Consejo Noruego para Refugiados en Colombia advirtió a la AP que ni en Arauca ni en Vichada existen todos los recursos financieros necesarios para adecuar y atender a la población en los albergues temporales, por lo que los desplazados requieren elementos básicos como carpas, elementos de higiene, agua potable y alimentos, así como acompañamiento psicosocial y educación, la cual han tenido que suspender por el conflicto.
Michelle Zurfluh Requiniva, secretario de Gobierno de Vichada, dijo a la AP que desde hace varios días instalaron un puesto de mando unificado que reúne a la institucionalidad y una sala de crisis. Además, realizan una caracterización de las víctimas para luego “adelantar acciones con disponibilidad de recursos”. Requiniva aseguró que la Gobernación de Vichada está dándoles a las víctimas agua potable.
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