La información no es cortesía del poder

La presidenta Dina Boluarte llegó a cumplir más de 250 días sin responder preguntas de la prensa. Recientemente, su gobierno ha bloqueado el acceso a documentos sobre su remuneración y ha intensificado el discurso contra medios críticos. Ha calificado a periodistas como “golpistas” o “desestabilizadores”. Esta estrategia, la de silenciar a la prensa bajo curiosos argumentos, no es solo pasiva: es sistemática.

Yo viví esa batalla como reportero de televisión y, como docente universitario, decidí investigarla de cerca. Entre el 2021 y el 2022 –durante el gobierno de Pedro Castillo–, entrevisté a periodistas de programas dominicales como “Cuarto poder”, “Punto final” y “Contracorriente”. El resultado, un artículo académico que he publicado en la “Revista Española de la Transparencia”, indaga en cómo los periodistas usan, y sufren, las solicitudes de acceso a la información pública.

Los periodistas coincidieron en un problema estructural que, lamentablemente, sigue vigente: acceder a información pública en el Perú es un proceso desgastante, incierto y poco confiable. Las respuestas a las solicitudes amparadas por la Ley de Transparencia (Ley 27806) suelen llegar fuera de plazo, incompletas o directamente sin la información solicitada. En muchos casos, los pedidos son rechazados bajo criterios amplios como “seguridad del Estado” o “información no disponible”, aunque se trate de datos administrativos básicos. Y cuando la información sí llega, lo hace muchas veces en formatos difíciles de procesar o sin el nivel de detalle requerido.

El valor de esta herramienta es claro. Más de la mitad de los pedidos de información de los entrevistados derivaron en reportajes de impacto, respuestas de autoridades o cobertura extendida en otros medios. Pero el costo para obtenerlos –en tiempo, esfuerzo y presión– es excesivo. Por eso urge fortalecer su uso. La Ley de Transparencia debe convertirse en parte del proceso periodístico. Esto es clave en un momento crítico para la prensa peruana, cuando informes internacionales advierten un deterioro sostenido de la libertad de expresión, con más demandas judiciales contra periodistas, trabas para acceder a información y propuestas legales que buscan limitar la labor periodística.

Hoy, mientras el actual gobierno cierra aún más las puertas a la prensa, debe defenderse con mayor firmeza el derecho ciudadano a estar informado. El acceso a la información pública no es una cortesía del poder: es un derecho constitucional que protege la democracia.

Y cuando el Estado se calla, el periodista debe hacer más ruido. No por protagonismo. Por deber.