La primera prohibición mundial para el uso de redes sociales en niños menores de 16 años está a pocas semanas de ocurrir. El Gobierno de Australia ha aprobado una norma que entrará en vigor este 10 de diciembre y que obliga a las empresas de redes sociales a impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas en sus plataformas. Esta política pionera busca reducir las presiones y riesgos a los que los niños están expuestos en entornos digitales diseñados para mantenerlos conectados el mayor tiempo posible.
El informe que sustenta la medida es elocuente: el 96% de los niños australianos de entre 10 y 15 años usa redes sociales, y siete de cada diez han estado expuestos a contenido o conductas dañinas, desde material misógino y videos de peleas hasta la promoción de trastornos alimenticios o del suicidio. Además, uno de cada siete declaró que sufrió acoso sexual de adultos o adolescentes mayores, y más de la mitad afirmó que fue víctima de ciberacoso. Ante esa evidencia, el Parlamento australiano concluyó que el ecosistema digital se ha convertido en una zona de altísimo riesgo para la infancia.
Una medida como la australiana no es un gesto de censura, sino de protección. Como sabemos en salud pública, la prevención cuesta mucho menos –en sufrimiento y en recursos– que la reparación. Limitar el acceso a redes sociales en edades críticas es, ante todo, una medida de salud mental. Existe evidencia contundente que asocia su uso intensivo con síntomas depresivos, ansiedad y trastornos del sueño en adolescentes.
Las redes sociales no fueron creadas para educar ni proteger: fueron diseñadas para capturar atención, recolectar datos y vender publicidad. La ley australiana, que prevé multas de hasta US$50 millones por incumplimiento, traslada la responsabilidad a las empresas tecnológicas, exigiéndoles implementar mecanismos de verificación de edad y bloquear cuentas que infrinjan la norma. Por lo pronto, incluye a Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick, plataforma exclusiva de streaming. Y también está presionando para ampliar la prohibición a los videojuegos en línea.
Por supuesto, la iniciativa enfrenta críticas. Algunos expertos advierten sobre los riesgos de privacidad vinculados a la verificación de edad –que podría requerir documentos oficiales o reconocimiento facial–, y otros temen que la medida empuje a los adolescentes a usar redes ocultas o a mentir sobre su edad. También se ha cuestionado si las multas por infracción son lo suficientemente elevadas. Como declaró Stephen Scheeler, exejecutivo de Facebook, a la agencia Australian Associated Press, “Meta tarda aproximadamente 1 hora y 52 minutos en generar US$50 millones en ingresos”. Pero el hecho de que no sea perfecta no la invalida. Las grandes reformas siempre son desordenadas al inicio, como reconoció la ministra de Comunicaciones australiana. Y, sin embargo, es preferible ese desorden a la pasividad que normaliza el daño.
El Perú necesita avanzar en esa misma dirección. Debemos contar con una ley que establezca una edad mínima de acceso a las redes de alto riesgo, acompañada por un sistema confiable de verificación de edad que no se limite a la declaración de los usuarios. Junto con ello, urge incluir la educación digital en el currículo escolar, enseñar a los niños a identificar la manipulación, a proteger su privacidad, a entender la diferencia entre el mundo real y la ficción algorítmica. Y todo debe ir acompañado por una estrategia nacional de salud mental adolescente y por una autoridad que supervise, mida impactos y rinda cuentas. Las redes sociales pueden ser herramientas valiosas, pero no a cualquier edad ni sin acompañamiento.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
