El derecho a disentir y el respeto: un llamado desde el Poder Judicial

En nuestro país, la polarización social afecta profundamente la democracia y la convivencia civilizada. Esta división no solo se presenta en el ámbito de las ideas o demandas políticas específicas, sino también en el terreno de las identidades y emociones profundas, lo que dificulta el diálogo basado en razones y buenos argumentos, y conduce a la intolerancia, al insulto y muchas veces a la violencia. Este clima desafiante y muy peligroso afecta la percepción sobre el Poder Judicial, especialmente cuando las decisiones judiciales son objeto, no solo de desacuerdo legítimo, sino de ataques, ofensas y amenazas.

Es válida la discrepancia individual o colectiva respecto de las decisiones judiciales. En eso consiste la libertad de opinión propia de la vida democrática y el derecho constitucional de toda persona a formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales. Sin embargo, nada justifica que, en nombre de esa divergencia, se perpetren ataques verbales o atentados contra la integridad física y dignidad de los jueces y juezas del Poder Judicial, como los que han sufrido la Presidenta de la Corte Superior de La Libertad y la Corte de Lima Este, entre otros. Cuando esto sucede, desaparece el respeto que merece la judicatura, la ley del más fuerte se levanta como amenaza y las bases de la vida civilizada resultan quebrantadas.

Este fenómeno va más allá de la expresión de una opinión. Se convierte en un riesgo para el Estado constitucional y la garantía de justicia que todos los peruanos merecen. Atacar personalmente a quienes imparten justicia es atentar contra la independencia judicial, pilar fundamental de nuestra democracia. No podemos tolerar que la crítica legítima se transforme en insultos, amenazas o campañas de odio dirigidas contra las y los magistrados que cumplen con su deber, más aún cuando ese tipo de expresiones proviene de altas autoridades, cuya diatriba puede funcionar como caja de resonancia o estímulo de una cultura de desprecio por la institucionalidad constitucional, por el control entre poderes y por la impartición de justicia, solo por el hecho de no coincidir con una decisión, un criterio o una actuación jurisdiccional.

El Poder Judicial, en estos momentos difíciles para el país, no ha dudado en salir al frente de los retos. A la pobreza, que por décadas ha agobiado a amplios sectores de la población, se ha sumado la creciente inseguridad ciudadana, que genera miedo y desesperanza. En este contexto, con los limitados recursos que se le asignan, el Poder Judicial ha implementado en todo el país los Juzgados de Flagrancia, herramientas fundamentales para luchar contra la criminalidad y brindar respuestas rápidas y efectivas a la ciudadanía.

Estas acciones reflejan la voluntad firme de la judicatura de proteger los derechos y libertades de todos, incluso de quienes puedan disentir con sus decisiones. Porque impartir justicia no supone supeditarse las decisiones judiciales a la obtención de popularidad, sino actuar con principios, valores y apego irrestricto a la Constitución y las leyes.

El llamado que hacemos desde el Poder Judicial no es solo a respetar las decisiones que pueden ser impugnadas mediante los cauces legales establecidos. Es, sobre todo, a restaurar el respeto y diálogo, donde la discrepancia se convierta en oportunidad para el encuentro y el entendimiento, y no en motivo para la violencia verbal o física.

La democracia se fortalece cuando sus ciudadanos ejercen el derecho a disentir con respeto y conviven con sus diferencias. El Poder Judicial está abierto a la crítica, siempre que ella respete los límites del decoro, la legalidad y la dignidad humana. Cerrarle las puertas al diálogo significa renunciar a la esencia misma de una sociedad democrática.

Por eso, invocamos a todos los actores sociales, políticos y comunicacionales a contribuir a disminuir la polarización, a eliminar la peligrosa y nociva descalificación generalizada y a fomentar el respeto mutuo. Solo construyendo puentes podremos afrontar juntos los grandes desafíos que tiene el Perú: reducir la pobreza, mejorar la seguridad y fortalecer el Estado constitucional de Derecho.

Los jueces y juezas, más allá de ser funcionarios públicos, son seres humanos comprometidos con la justicia y el bien común, que en los casos más trágicos que enlutan al Poder Judicial lo han demostrado con su propia vida. Respetar su dignidad así como la función de impartir justicia es respetar la democracia misma. Defender su integridad y su independencia es defender el Perú que todos anhelamos.

Por ello, desde la legitimidad del Poder Judicial en un Estado constitucional y de mi responsabilidad como presidenta de este poder del Estado, invito a la reflexión, a la prudencia y a la civilidad y exijo respeto por la dignidad y el trabajo de los jueces y juezas que cumplan con su deber; el mismo respeto que exijo de la judicatura para las y los justiciables. Porque una sociedad que no respeta la diversidad de opiniones o que descalifica y agrede a la autoridad porque disiente de su criterio jurídico, está condenada a la fractura, al retroceso y a la pérdida de los valores y principios que caracterizan a un Estado constitucional y a una sociedad civilizada, centrados en las personas, su dignidad y la realización de sus derechos.