Elecciones internas, por Martín Tanaka

Respecto a la primera, los cambios apuntan a facilitar el proceso electoral y son positivos, pero resultan insuficientes. Por ejemplo, se amplía el horario de votación desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero no hay mayores estímulos para los miembros de mesa, a los que se les pide un sacrificio mucho mayor y se les expone a cierto nivel de riesgo. El Ejecutivo podría dar medidas complementarias para evitar niveles de ausentismo importantes entre ellos, que dificulten la instalación de las mesas y compliquen todo el proceso.

De otro lado, los cambios a la ley de organizaciones políticas superan algunos de los cuestionamientos a los dictámenes previos de la Comisión de Constitución. Se ha ampliado el plazo de inscripción para nuevos partidos hasta el inicio del plazo de inscripción de las candidaturas, y se pone al 30 de setiembre como la fecha límite para estar afiliado a algún partido y poder así participar en sus elecciones internas. Parece muy difícil que, en las condiciones actuales, algún partido nuevo llegue a alcanzar la inscripción. Por lo tanto, los candidatos potenciales sin afiliación deberán optar por alguna de las ofertas disponibles relativamente pronto.

El problema, sin embargo, está en las elecciones internas. Estas deberían darse bajo el principio del voto universal de todos los afiliados, mediante el voto electrónico no presencial, considerando la emergencia sanitaria y el hecho de que se suspendió la realización de las elecciones primarias. Esto generó amplia resistencia en los partidos, lo que llevó a permitir también “elecciones a través de delegados [que] previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal”. De otro lado, es un gran paso establecer que las elecciones internas sean organizadas por la ONPE, sobre la base de un padrón de electores elaborado por Reniec, con solución de controversias a cargo del JNE. La gran limitación de los partidos para realizar procesos verdaderamente democráticos está en la carencia de recursos y de capacidad logística, que ahora no serán problema. Ahora es un tema de voluntad.

La gran pregunta es cómo se hará efectiva la elección de delegados, para los partidos que opten por este mecanismo. Ello porque, de un lado, se establece que el JNE elaborará un cronograma y la ONPE emitirá un reglamento para la organización de las elecciones internas, pero también se dice que las elecciones de delegados se realizan “conforme lo disponga el estatuto”. El problema es que podrían darse contradicciones entre ambos. Por ejemplo, el estatuto del partido Podemos Perú señala en su artículo 23 que “la designación directa de candidaturas es prerrogativa del Presidente - Fundador del Partido”, el ciudadano José Luna Gálvez, que tiene entre sus atribuciones también designar al presidente del Tribunal Electoral Nacional y proponer a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que definan la modalidad de elección. Tampoco queda clara la modalidad de elección: ¿por lista, candidaturas individuales, representación de regiones? ¿Cuántos delegados deberían formar la asamblea?

En todo caso, una reforma que queda pendiente, asumiendo que los procesos de selección de candidaturas serán verdaderamente democráticos, es la eliminación del voto preferencial. Lamentablemente, algo que podría haberse aprobado es establecer un mínimo de participación en las elecciones internas. En cuanto a los partidos con representación parlamentaria, tenemos partidos con padrones no sincerados (Acción Popular, 228.041 afiliados; Alianza para el Progreso, 223.013; Somos Perú, 146.749; Unión por el Perú, 54.588; y el Frepap, 41.298), y otros que están lejos de tener el número de afiliados que exige la ley –cerca de 24.000– (Partido Morado, 8.384; Fuerza Popular, 7.378; Podemos Perú, 6.357; y el Frente Amplio, 6.292). Al menos los resultados de las elecciones internas ayudarán a desnudar la realidad de cada quien y los electores deberíamos tener eso en cuenta al momento de elegir.